La pasada semana, el país y el mundo fueron testigos de un acto incongruente e incomprensible si se quiere entender en el marco de un sistema de gobierno democrático, la entrega por un empleado de Peña Nieto, del “Informe” del estado que guarda la nación al Congreso de la Unión, y al día siguiente un grandilocuente discurso de Enrique Peña Nieto, en un faraónico escenario ante una serie de personajes, presentes por estricta invitación.
México, que desde un inicio fue concebido y estructurado con la idea de que fuese una democracia participativa, no puede aceptar que al Congreso, sede de los Representantes Populares, que se dice, gobiernan al país, se le trate de esta manera indigna. Según planteó el británico John Locke en Dos tratados sobre el gobierno civil desde 1679, el parlamento es donde se expresa la soberanía popular y donde se hacen las leyes que deben cumplir tanto el rey como el pueblo. Describiendo así la separación del Poder Legislativo y el Ejecutivo desde la época del poder absoluto de la monarquía inglesa.
Tal vez el concepto más influyente en el mundo para la construcción de los modernos estados parlamentarios fue el de Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, más conocido simplemente como Montesquieu, cuyo pensamiento, que retoma la herencia ideológica de Locke, influyo directamente en la creación de la República, a la caída de la monarquía de los Luises en Francia, iniciando el periodo que se le conoció como la Ilustración, y de la misma manera, sus ideas, plasmadas en el tratado “l’Esprit des Loix” (El espíritu de las leyes,) escrito en 1748, fueron retomadas para sentar las bases estructurales de la democracia estadounidense, al fin de su guerra de Independencia, lo que también sucedió en nuestro país.
Montesquieu señala que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no deben concentrarse en las mismas manos, planteando de esta manera una teoría de contrapesos, donde cada poder contrarresta y equilibra a los otros. Según su clásica teoría, la división de poderes garantiza la libertad del ciudadano. Montesquieu la redactó después de un viaje a Inglaterra en donde interpretó que un Poder Judicial independiente puede ser un freno eficaz a abusos del Poder Ejecutivo, planteando una separación de poderes, naciendo así el llamado “Estado de derecho”, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley. El Poder Judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el Ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico.
Se denomina Poder Legislativo a una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado (junto con el Poder Ejecutivo y el Judicial) consistente en la proposición, análisis y en su caso, aprobación de normas con rango de ley, y el Poder Ejecutivo, cuya función es ejecutar y hacer cumplir las leyes que aprueba el Poder Legislativo. En la ciencia política y el derecho constitucional, el Ejecutivo es la rama de gobierno responsable de la gestión diaria del Estado.
No puede ser que incluso en las modernas monarquías europeas, como la española y británica existe una separación de poderes más clara y precisa que en nuestro país, el planteamiento que encierra la constitución española de 1978 lo define con meridiana claridad: “Art. 1.2 CE: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”).y así lo reafirma el artículo 2º CE, además, reforzado por los términos “indisoluble” y “patria común e indivisible de todos los españoles: “La soberanía sólo es compatible con la democracia si es el pueblo quien encarna políticamente la Nación abstracta y no el Jefe del Estado”.
En el sistema constitucional Español, el Rey ya no personifica la soberanía nacional, es tan sólo “símbolo de la unidad y permanencia del Estado” y ser símbolo es todo lo contrario que “representante” ya que, conforme al artículo 66.1º CE, son las Cortes Generales quienes “representan” al pueblo español sin que suponga asignar carácter soberano a las Cortes Generales, sino una naturaleza meramente representativa del soberano constituyente y constitucional que es el pueblo español”, precisa la constitución del país europeo.
Si ni siquiera en las monarquías europeas se permite la exaltación y divinización de la figura del gobernante, el informe como se realiza ahora, es una aberración ideológica a la que se presta el mismo Congreso mexicano, minimizado a un nivel de simples empleados, es una humillación, en su calidad de legisladores, que un trabajador del Ejecutivo les lleve un escrito, en lugar de rendirles un informe físicamente, como representantes del pueblo, habilitados por este para en su nombre, se le rinda cuentas, y el Ejecutivo pueda ser cuestionado, interrogado o incluso juzgado, es denigrante el papel que han aceptado jugar, y de la misma manera es aberrante el discurso político, -no informe- que al día siguiente emite ante aplaudidores y paleros, de diversos niveles políticos, por supuesto, invitados directos del Ejecutivo en un acto faraónico y degradante hacia el pueblo.
Lo que está haciendo Enrique Peña Nieto no es un informe de gobierno, es un acto sin fundamento ni sostén ideológico o histórico, basados en el Frankestein de Constitución que con sus reformas han creado, en el que tanto legisladores, como la ciudadanía, sólo son objeto de burla por este régimen priísta seudo-monárquico, es irónico que en tanto en el país vecino de Guatemala el presidente de aquel país es depuesto y juzgado por actos de corrupción mucho menos onerosos que los de la adquisición de la Casa Blanca, aquí corruptos como Peña Nieto, Luis Videgaray en Finanzas, Virgilio Andrade en la Función Pública, y otros mas, como aquí en Zacatecas Miguel Alonso, con los graves señalamientos por corrupción en su contra, deberían ser juzgados y ser sancionados conforme a derecho como en Guatemala, en lugar de ser enaltecidos en estos discursos monárquicos medievales disfrazados de “Informes”.
Necesitamos retomar nuestra esencia como Estado, como país, aplicando los principios rectores ideológicos en los que presumimos creer, considerar la situación político – social en el país y sus consecuencias, retomar nuestros orígenes de nación con sustento firme, y así, tener resultados que beneficien a todos, para resolver los añejos problemas de México a fondo, de raíz, y de esta manera, nuestro país ocupe el lugar privilegiado que merece y debe de ocupar entre las naciones. ■
