José Juan Martínez Pardo, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), dio a conocer que las actas presentadas por varias delegaciones para solicitar la realización de una Asamblea General, a fin de discutir su destitución, no acreditaron todos los requisitos; en contra parte, la disidencia afirmó que el dirigente sindical inventó criterios en la revisión de las actas a fin de evitar el procedimiento en su contra.
El secretario general del sindicato informó que ha concluido la revisión de las actas y el resultado es que las delegaciones no cumplieron con los requerimientos establecidos para convocar a Asamblea General.
Refirió que el artículo 21 señala que las Asambleas Generales Extraordinarias se realizarán cuando, viendo algún asunto importante, no sea posible esperar hasta la Asamblea Ordinaria y otras instancias no estén capacitadas para resolverlo.
Añade que se convocará, a través del Comité Ejecutivo, por acuerdo del mismo o solicitud de 33 por ciento de la Coordinadora de Delegados o por el acuerdo mayoritario de tres asambleas delegacionales, que deberán demostrar la asistencia de 51 por ciento de sus miembros.
Entonces, “establecimos algunos criterios muy básicos para revisar: convocatoria o citación de la asamblea; quórum legal de 51 por ciento del total del padrón; lista de asistencia y firmas para comprobar el quórum legal; especificar una forma de votación, y especificar las resoluciones acordadas”.
Luego de hacer la revisión correspondiente, Martínez Pardo comentó que, como resultado, se derivó que “no se cumplieron con tres actas estos requisitos y la gran mayoría no cumplió el quórum legal”.
Mencionó el ejemplo de la Preparatoria 2, donde hay alrededor de 200 agremiados y esa delegación presentó un acta en la que señalan que participaron 55 integrantes, pero en realidad debieron tener una participación de más de 100 docentes.
En ese sentido, dijo que las preparatorias 1 y 4 también tienen más de 100 agremiados y pretendieron legitimar sus actas con una cantidad de participantes muy inferior a la del padrón de agremiados.
Sin embargo, precisó que esas solicitudes, aunque no hayan cumplido con los requisitos, no fueron desechadas, sino que se les hace observaciones para que puedan solventar los señalamientos.
Asimismo, Martínez Pardo informó que, de un total de 23 actas delegacionales entregadas al Comité Ejecutivo, sólo una cumplió con todos los requisitos, la de la Unidad Académica de Humanidades.
Por su parte, Raúl Morones, delegado sindical de Preparatoria, informó que aún se desconocen las objeciones estatutarias a las actas entregadas por las delegaciones, pero afirmó que el secretario general se adjudicó facultades que no contempla el estatuto, entre ellas que él sea el encargado de revisar la legalidad de los documentos.
“Hay varias mentiras en sus declaraciones. Una de ellas es que no todas las actas hablan de convocar a Asamblea General o de requerir su destitución. Los números son claros y, de todas las actas que hemos entregado, 29 delegaciones solicitan su separación del cargo y 19 solicitan Asamblea General para decidir su continuidad”, expresó.
Asimismo, explicó que el artículo 23 del estatuto establece los criterios para calcular el quórum y el secretario general omite informar que se toma como referencia el número de asistentes de las tres últimas asambleas del año natural. No obstante, muchas delegaciones lograron un quórum mayor al 51 por ciento de todos sus miembros e incluso alguna alcanzó 100 por ciento.
Además, refirió que los estatutos no contemplan mecanismos para demostrar que asistió la mayoría de los integrantes de una delegación, de forma que un acta se puede entregar con la firma autógrafa o sólo el listado de los asistentes.
Es decir, Morones indicó que “se puede hacer de varias formas, aunque no vengan las firmas autógrafas, en los estatutos no marcan que esa sea la única forma de demostrar esa mayoría. De ahí se está agarrando para invalidar estas actas”.
Por último, aseguró que la revisión de las actas que hizo Martínez Pardo tiene como base una postura política y no la aplicación de la normatividad, lo que se evidencia porque “aplica criterios no establecidos”.
Ante esa situación, expuso que el Colectivo Plural en Defensa del Spauaz esperará a conocer las actas, ver los criterios y observaciones que las invalidaron y a partir de ello definirán las acciones a seguir.
