El pasado 23 de febrero, aproximadamente 150,00 personas salimos a marchar contra la creciente violencia e inseguridad que afecta a Zacatecas. La acción fue convocada por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y en ella confluyeron estudiantes, docentes, trabajadores/as, familiares de víctimas, colectivos y ciudadanos/as en general, que vieron en ésta una oportunidad para hacer sentir su inconformidad (e impotencia). La manifestación fue, por mucho, la más grande de una serie de protestas que han venido creciendo en tamaño e intensidad en el estado ante la falta de respuestas eficaces por parte del gobierno de David Monreal. A pesar de que ésta no culminó con la participación de oradores/as, o con la lectura de algún posicionamiento público sobre lo que se reclamaba, sí fue claro en su desarrollo que la postura, de gran parte de las personas, era la de un cansancio ante la situación, un dolor compartido porque muchos/as universitarios/as han sufrido los estragos de la violencia en sus círculos cercanos, así como una clara exigencia de cese de la impunidad y por verdadera justicia para las víctimas.
Dada la capacidad de convocatoria que tiene la UAZ, las consecuencias de estas acciones no deberían ser menores. Tan sólo el día después se presentó la “Estrategia para la construcción de paz, prevención y convivencia ciudadana”, resultado del foro de consulta llevado a cabo en enero pasado para construir un plan que atienda las causas y factores de riesgo de la violencia. Este acto contó con la presencia de las autoridades universitarias, y particularmente del rector de la máxima casa de estudios. Al revisar la estrategia, es fácil advertir que no se ven reflejados todos los sectores afectados por la violencia, sólo por mencionar algunos casos: tanto en el estado, como en el plan, no existe una perspectiva transversal de derechos humanos, no se aborda el problema de los feminicidios, la crisis de desaparición o la prevención del desplazamiento forzado, entre otros. Todo en consonancia con las posturas oficiales durante el foro de consulta, donde no hubo autocrítica y se recargó la responsabilidad de la situación a la falta de valores o educación en las familias zacatecanas.
Volviendo al papel de la Universidad, en este acto, el rector y el gobernador firmaron un convenio con el objetivo de “establecer una colaboración marco en materia de construcción de paz”. Según los puntos compartidos, el gobierno estatal se comprometió a garantizar la seguridad de toda la población universitaria, así como a una “mayor vigilancia y presencia de las fuerzas del orden en las periferias de los campus universitarios, además de la mejora del alumbrado en zonas vulnerables”. Lamentablemente, en la universidad son varios los estudiantes que se encuentran desaparecidos, hay violencia de género y situaciones persistentes de inseguridad, todo lo cual se suma al hecho de que, por la toma de carreteras, hemos tenido que trasladar nuestras clases al formato virtual, por lo menos tres veces en menos de un año. Ahora bien, también queda claro que la demanda y exigencia que se escuchaba en las calles no tenía que ver directamente con un problema de seguridad al interior de la Universidad; por supuesto que estos riesgos existen, pues la institución es siempre la condensación de todo lo que pasa en la sociedad, pero sin duda los reclamos van más allá de su propia dinámica. Por esto, y muchas otras razones, en la calle estaba una sociedad que exigió respuestas a una crisis estatal y gubernamental.
No pudo dejar de llamarnos la atención, de manera preocupante, que dentro de esta hoja de ruta se haga énfasis en un asunto de seguritización, especialmente cuando se habla de aumentar la presencia de las “fuerzas del orden” en los alrededores de las instalaciones universitarias. Pensamos que cuando salen miles a las calles a exigir un cambio efectivo frente a lo que se está haciendo, la respuesta no debería ser la misma narrativa según la cual de lo que se trata es de ampliar la presencia de las fuerzas de seguridad, finalmente legitimando un proceso creciente de militarización de nuestra sociedad. Especialmente si tenemos en cuenta que esta propia semana se anunció la instalación de un centro de inteligencia al cual se le invertirán más de mil millones de pesos; que presenciamos la creciente presencia de fuerzas militares en las calles (al punto que hoy ciudades como Zacatecas y Fresnillo están sitiadas), o que se anuncia la creación de un “Grupo de Fuerza Especiales de Seguridad de Zacatecas”.
Como parte de la comunidad universitaria, consideramos que es urgente y necesario un amplio debate sobre las estrategias de paz enmarcadas en nuestra autonomía. Este debate debe vincular a las víctimas de las violencias en Zacatecas, especialmente a las y los jóvenes que son hoy una de las poblaciones más afectadas por la falta de políticas sociales integrales para brindar opciones vitales. Zacatecas es epicentro, no sólo de desaparición y desplazamiento forzado, sino también de juvenicidios, es decir, una violencia crónica contra los y las jóvenes, que se vincula con la precarización de la vida y verdaderos órdenes de terror. En este escenario son los propios jóvenes quienes terminan escenificando una guerra impuesta desde el exterior, para el beneficio de amplias redes de interés transnacional, pues pocos negocios son tan rentables como la guerra.
Nos preocupa que la convenida presencia de “fuerzas del orden” en el ámbito universitario, sin consenso y acuerdo sobre su sentido, sirva para reforzar el control sobre la comunidad universitaria, pues estudiantes, docentes y trabajadores no fuimos consultados ante esta decisión. Como hemos sido testigos, la estrategia de militarización no ha sido capaz de mejorar las condiciones de seguridad y paz. La experiencia en estados como Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Veracruz, es clara: la militarización está asociada con el aumento de la violencia y violaciones de derechos humanos, y por el contrario, la construcción de paz siempre ha venido desde las acciones civiles, la participación ciudadana y de organizaciones sociales. Debemos desmitificar la narrativa de que un despliegue de fuerzas alrededor de la universidad resolverá las profundas problemáticas subyacentes.
La comunidad universitaria debería ser convocada a pensar, expresarse y debatir sus propias problemáticas y las asociadas con el contexto de violencia que vivimos, para desde allí generar y proponer alternativas. Apelar a la imaginación para pensar estrategias diferentes a las del consenso del fracaso. Creemos que la construcción colectiva y comunitaria debe primar desde ese debate y diálogo, proponer soluciones no sólo a lo que nos aqueja como universitarios, sino también con miras a solidarizarnos con nuestro entorno y ayudar a resolver problemas que nos interpelan. Hay muchos ejemplos que desde la sociedad se han consolidado en tal sentido en México: los colectivos de madres y de víctimas; las organizaciones sociales que defienden el medio ambiente y el territorio; las colectivas feministas; los movimientos de la diversidad sexual, entre otros. Tal vez empezar por pensar una Universidad en movimiento, como cuando estábamos en la calle y no pensábamos que se trataba de firmar convenios gubernamentales. Como esa UAZ que en algún momento fue.
*Docente investigador de la Unidad Académica
de Ciencia Política de la UAZ.
**Docente investigadora de la Unidad Académica
de Ciencia Política de la UAZ.
