Se llevó a cabo este jueves, el taller de análisis sobre reversión de carga de la prueba en una sentencia por violencia política en razón de género, en el domo de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) Campus Zacatecas.
Jorge Sánchez Morales, director de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), expuso en el taller la sentencia SM-JDC-189/2023 de la Sala Regional Monterrey por la que se acreditaron hechos de violencia política en contra de una diputada en Guanajuato en 2023, por parte de su coordinador parlamentario; después de que el tribunal local no sancionara la conducta.
Dicha sentencia sirvió para ejemplificar que, en casos de violencia política de género, los tribunales deben partir de que las pruebas aportadas por las víctimas son verdaderas, a menos de que posteriormente se desvirtúen.
Este criterio se activa cuando la mujer denunciante no puede probar los hechos debido a que la violencia suele ocurrir en espacios privados o sin testigos. En esos casos, se traslada la responsabilidad de probar lo contrario al denunciado, expuso Sánchez Morales.
La reversión de la carga de la prueba permitió que un coordinador de bancada priísta en el Congreso de Guanajuato fuera sancionado por violencia política de género, al haberle quitado el acceso a los recursos financieros conocidos como “herramientas legislativas” a la diputada denunciante, en represalia por haber votado en contra de una iniciativa del partido.
Las pruebas que acreditaron la falta en el caso analizado incluyeron mensajes de WhatsApp enviados por el coordinador parlamentario, donde sancionaba a la diputada por votar en contra de sus indicaciones, la suspensión de los depósitos mensuales que previamente recibía como parte de sus apoyos legislativos, la confirmación de que el teléfono utilizado por el coordinador pertenecía al Congreso y las actas de votación que registraban el voto en contra de la diputada.
Durante la sesión de preguntas se interrogó al ponente sobre el caso de violencia política de género en contra de Caty Monreal, hija del senador por MORENA Ricardo Monreal, cuestión sobre la que decidió no pronunciarse al estar pendiente su resolución por la Sala Superior; sin embargo, confirmó que la violencia política de género también puede ocurrir por mujeres en la parte agresora y receptora.
Sánchez Morales recordó que la sentencia máxima para los casos de violencia política de género es la inhabilitación del acusado para ocupar cargos públicos. Indicó que en algunos estados ya se ha legislado que los condenados por violencia de género o los deudores alimentarios no pueden competir por estos cargos.
Un asistente propuso que la reversión de la carga de la prueba se incluya explícitamente en la legislación estatal y nacional, y preguntó si los tribunales electorales locales podrían proponer reformas en la ley.
El ponente estuvo de acuerdo, afirmando que es importante que la legislación sea más clara para proteger mejor a las víctimas de violencia política de género, y consideró que sería una excelente iniciativa que los organismos autónomos presenten propuestas legislativas en este sentido.
A este taller acudieron estudiantes de Derecho, representantes de partidos políticos y figuras del ámbito electoral local como Juan Manuel Frausto Ruedas del IEEZ, Matías Chiquito Díaz de León del INE, Gloria Esparza Rodarte y José Angel Yuen Reyes, del Trijez; así como José Abel Vázquez Villalobos, director de la Casa de Cultura Jurídica (SCJN) en el estado.
Otro de los participantes, Matías Chiquito, vocal ejecutivo del INE Zacatecas, elogió el enfoque progresista que aseguró caracteriza al Tribunal Electoral, y lo contrastó con el enfoque más conservador en el tratamiento de los derechos políticos-electorales que atribuyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
«Si la Suprema Corte históricamente hubiera tenido la visión de avanzada en el derecho como lo ha tenido la Sala Superior, creo que el mundo del derecho en México sería de vanguardia en el contexto internacional», aseveró.
Chiquito también subrayó dos temas pendientes en la materia: la ampliación de la violencia política de género a todas las mujeres, no solo a aquellas que ocupan cargos de elección popular, y la representación política de los pueblos indígenas, que aún no ha sido reglamentada después de 23 años de haberse reformado la Constitución.
