La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores, presentó en la Fiscalía General de la República dos nuevas denuncias penales contra el gobernador de esa entidad, Samuel García –de Movimiento Ciudadano–, y del alcalde priísta de Monterrey, Adrián de la Garza, entre otros, por delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Acompañada por el senador Alejandro Murat y el diputado federal Alfonso Ramírez, explicó que la primera querella se relaciona con presuntas operaciones por 7 mil 212 millones de pesos en la administración estatal que García encabeza, así como con contratos por 110 millones de pesos con empresas sancionadas por autoridades estadunidenses.
Agregó que el tema se relaciona con un supuesto esquema de triangulación de recursos desde el gobierno nuevoleonés hacia proveedores que habrían transferido fondos a despachos vinculados con la familia de García.
Agregó que la segunda denuncia se vincula al caso Next Energy en Monterrey, que implicó una autorización presupuestal de 7 mil 370 millones de pesos, con pagos a dicha empresa de energía renovable que habrían superado los mil 603 millones.
Flores solicitó a autoridades financieras y fiscalizadoras reconstruir la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales y determinar responsabilidades.
Expuso que es indispensable investigar si hubo conflicto de interés, tráfico de influencias, favorecimiento indebido a empresas, “quién autorizó los contratos, quién ordenó los pagos, verificar si los servicios se prestaron, si las empresas involucradas contaban con los permisos”, entre otros.
En tanto, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, afirmó que la denuncia que la Auditoría Superior de la Federación presentó recientemente contra Samuel García, por presuntas triangulaciones de recursos públicos, corresponden a hechos distintos a los que la institución que encabeza investigó anteriormente, relacionados con fondos que el mandatario habría destinado a su familia.
