Así lo afirmaba el virrey marqués de Croix en 1767, en tiempos de la colonia, como medio de subordinar a los pueblos, formaba parte de la brutal discriminación española, ya que bastaba que una pareja española tuviera un hijo en las colonias para rebajarlo a criollo, peor condición era para los mestizos, indígenas y negros, se medían por razas. A estas ideas se aferraron los conservadores desde entonces. Hoy también el ministro Luis María Aguilar, pese a que la Constitución de 1917 en el artículo 39 estableció en sus principios “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.” Y pese al brutal retroceso de 1982 a 2018 llamado neoliberalismo, para el ministro es “inconstitucional la consulta popular”. Así opinó Aguilar, cuando no lo hizo con Ayotzinapa, ni con las reformas estructurales de Peña Nieto, esas sí contrarias a la Constitución.
La consulta popular pide que se abra la investigación, no adelanta una sentencia. La autoridad judicial seguiría gozando de su independencia, imparcialidad y apego a la ley, sin excluir la consulta popular. En otras palabras, se pasaría de la democracia representativa a la democracia participativa, donde sí cuente la participación directa popular, no a través de los poderes establecidos, que deja la responsabilidad del pueblo en manos ajenas: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión…” art. 41 de la Constitución. Es hora de abrir el paso a la democracia ciudadana, a la auténtica soberanía popular.
Pese a la Reforma Juarista, la Revolución del 10, la Constitución de 17 y el sexenio cardenismo, los conservadores (hoy neoliberales) han estado presentes siempre y avanzaron mucho en los gobiernos de Porfirio, Calles, Alemán, Díaz Ordaz y más en los años neoliberales recientes, destacando los más retrógradas: Salinas y Peña Nieto, el último con las reformas más regresivas de la historia. Pero ¿Quiénes son los conservadores más poderosos, los que en realidad ostentan los intereses más poderosos sociopolíticos y económicos?
Indudablemente la oligarquía, la cúspide de los empresarios que se integra con las personas más ricas del país; los más ocultos, los que menos hablan en público, sino a través de sus voceros. Como clase social son los mejor organizados en cámaras patronales, en el Estado, en empresas poderosas, la banca, los partidos y los medios masivos. Desde luego, cuentan con poderosos grupos de empresas y a su servicio despachos de profesionistas de todo tipo, etc.
Expresan su opinión y su fuerza a través de una compleja estructura de poder, pero los integrantes más desatacados de la oligarquía no dicen lo que piensan ni lo que hacen, se reservan para dar solo una buena impresión a la opinión pública, gobierno y presidente del país.
Otra figura jurídica del pasado -presente hasta hoy- es: “Obedézcase pero no se cumpla”, nacida en España el siglo XIV, ha sido y es la madre de la simulación, hace parecer que se cumple la ley, cuando no es así. Tal figura jurídica fue trasladada a colonias de América aplicada por la fuerza y con mentiras, peor que en España. Porque no éramos el país del Imperio, sino una vil colonia, de aquellos que nacieron para callar y obedecer. Así, siendo racistas y tolerando solo la religión católica, las Leyes de Indias no se respetaban ni aplicaban, pero los virreyes y arzobispos informaran al Rey de España mentiras a medias y completas, aprendieron hacer parecer como verdades sus mentiras, y que los pueblos las aceptaran como ciertas.
“Dios te protegerá”, los decían a indígenas, negros, mestizos y criollos. Cuando emprendieron a escala internacional el comercio de las minas, el maíz, azúcar y el producto del trabajo de las y los trabajadores. Fray Bartolomé de las Casas logró que reconocieran a los indígenas como seres humanos, semejantes a Cristo. Proponiendo la importación y explotación de los negros para las peores faenas.
La figura jurídica de simulación llegó hasta hoy con los conservadores neoliberales, como ejemplos van algunos: prometieron que con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) de 1990 protegerían al ahorro nacional y salvar al país de una crisis financiera, cuando la verdad fue ayudar a la pobrecita banca privada, con los fondos de erario público, del pueblo. El TLCAN de 1990 prometió subir el nivel económico y social de México, generar más y mejor empleo y salarios, etc. Y nada se cumplió, al contrario se retrocedió. Igual ocurrió con las reformas estructurales de Peña Nieto, puras simulaciones oficiales para aumentar las fortunas de la oligarquía.
Otro aporte del colonialismo que heredamos hasta hoy, son las Ordenanzas de Trabajo en la Nueva España, cuyo centro era imponer a los trabajadores una relación de trabajo de “Mando y obediencia”, mando al patrón y sumisión al trabajador. Un modelo laboral que existió hasta la dictadura de Porfirio, en 4 siglos, incluido el derecho de pernada en haciendas. Sería hasta la Revolución cuando cambiarían las condiciones de trabajo, pero con la abierta oposición de la patronal. La Constitución no se cumplió hasta que los trabajadores urbanos y del campo lucharon y presionaron: con la huelga general de Monterrey se logró cumplir la jornada de 8 horas y el pago del salario mínimo, junto con la presión de la CROC de 1918 a 1920. Y con las luchas sociales del cardenismo de 1934 a 1940.
Las ordenanzas de trabajo renacieron con los gobiernos neoliberales, en los outsourcing o contratistas, en los contratos colectivos de trabajo de protección patronal, a la venta por los líderes de la CTM que siguen al mando de la central más grande del país, con los bajos salarios, los más bajos de América Latina, con la destrucción del empleo de planta, con las políticas oficiales de cero huelgas y tope salarial, etc. Cuyos principales beneficiarios fueron los empresarios de la oligarquía. Este 1 de octubre, por fin la Suprema Corte votó por la constitucionalidad de la consulta popular, compatriotas: ¡Muchos días de estos! ■
