■ Es un procedimiento por el cual los ciudadanos pueden cesar de su cargo a un funcionario electo antes del término de su período, ya sea por votación directa o recolección de firmas
■ Marzo de 2022, fecha propuesta por Presidente para decir, igualmente por votos, sobre la revocación de mandato
■ Desde la campaña electoral de 2016 en Zacatecas, el entonces candidato a gobernador por el PRI y ganador de la contienda, señaló que si no cumplía se iba
Falta un día para la jornada electoral, en la que se votará en México por gobernadores, diputados de las Legislaturas locales, diputados federales, presidentes municipales y demás funcionarios de los ayuntamientos, no obstante el ejercicio democrático se prevé que continúe el año que entra, ya que marzo de 2022 es la fecha propuesta por el jefe del Ejecutivo federal, para que se decida, igualmente por votos, sobre la revocación de mandato, una herramienta democrática que sigue ‘congelada’, pero que dota también al pueblo del poder de tomar una decisión sobre quien los gobierna.
La revocatoria del mandato, revocación de mandato o referéndum revocatorio, según las nociones básicas, es un procedimiento por el cual los ciudadanos pueden cesar de su cargo público a un funcionario electo antes del término de su respectivo período, ya sea mediante una votación directa o por recolección de firmas, lo que se convierte pues, no sólo en una oportunidad de elegir cada determinado tiempo a las personas que las representen, sino también a mantener cierto tipo de control sobre la decisión de su duración en el cargo, sobre todo si no cumple con sus propuestas o responsabilidades del cago.
En algunos países, esta figura democrática se encuentra prevista en sus constituciones o estatutos como en Suiza; en algunos estados, ciudades y condados de Estados Unidos, donde el último caso de remoción data de 2003; en Canadá donde fe establecido en 1995; en Venezuela, donde lo prevé el artículo 27 de su Constitución; en Ecuador igualmente en su constitución desde 2008; en Bolivia, donde se incorporó en 2009 y en la que la revocatoria es para toda autoridad electa mediante el voto universal, incluyendo el Presidente de la República.
En Argentina, no lo prevé en su Constitución Nacional, pero sí lo hacen las provincias. Para el caso de México, el estado de Yucatán fue el primero en introducir la revocatoria en 1938, no obstante, el mecanismo no se activó nunca y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2010. Igualmente sucedió en Chihuahua, donde se introdujo en 1997 y se eliminó en 2012. Pero a pesar de estos precedentes, el mecanismo fue incluido en otros estados como Zacatecas en 1998, Oaxaca en 2011, Morelos en 2013, Guerrero y Aguascalientes en 2014 y Nuevo León en 2016.
No obstante, con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el tema ha vuelto a cobrar relevancia en el ámbito nacional. Incluso desde noviembre de 2019, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas constitucionales sobre revocación de mandato y consulta popular que, entre otros aspectos, abre la posibilidad de remover al Presidente por la vía del voto libre, directo y secreto, a condición de que participe al menos el 40 por ciento de los electorales inscritos en la lista nominal.
Avalado en lo general con 372 votos a favor y 75 en contra, el proyecto fue turnado a las Legislaturas locales para su análisis y eventual ratificación por al menos 17 de los 32. Y de acuerdo con el dictamen, la revocación de mandato podrá ser solicitada una sola vez en cada periodo sexenal y con las firmas de un número de ciudadanos equivalente a 3 por ciento del listado nominal, es decir, alrededor de 2.7 millones de electores al día de hoy.
Para la eventual remoción del presidente Andrés Manuel López Obrador se estableció un artículo transitorio que permitiría celebrar la consulta revocatoria en marzo de 2022, cancelando la posibilidad de coincidir con las elecciones federales intermedias, como lo plantearon originalmente el Poder Ejecutivo y la fracción parlamentaria que subió la iniciativa, que fue el partido Morena.
En caso de proceder la revocación de mandato por el voto mayoritario de los electores, de acuerdo con la reforma, el presidente del Congreso General asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo y, dentro de los 30 días siguientes, diputados y senadores designarían al responsable de concluir el periodo sexenal.
No obstante, cabe destacar que se interpusieron algunos recursos a dicha iniciativa y con la llegada de la pandemia de Covid -19 el tema se ‘congeló’, pues este año ni el titular del Ejecutivo ni Morena han presentado ante el Congreso de la Unión, con precisión, las reglas a las que habrá de sujetarse el ejercicio en la vida democrática de la nación. De la misma manera, ningún grupo parlamentario del Congreso federal ha anunciado su intención de impulsar una legislación para el desahogo del proceso de la revocación de mandato.
Del “Si no cumplo, me voy” a
“el pueblo pone y el pueblo quita”
Cabe recordar, que desde la campaña electoral del proceso de 2016 en Zacatecas, el entonces candidato a gobernador por el PRI y hoy mandatario estatal, Alejandro Tello Cristerna, señaló que si no cumplía se iba, en clara referencia la revocación de mandato, sin embargo, a lo largo del quinquenio de gobierno dicha figura democrática no ha vuelto a ser mencionada.
Para el caso de la reciente campaña electoral que acaba de culminar en este proceso 2021, solamente uno de los candidatos a la gubernatura hizo referencia a dicho ejercicio, siendo en este sentido el abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” el que señaló en una entrevista televisiva el pasado 5 de abril, que de ganar y llegar la Cuarta Transformación a Zacatecas, plantearía que se llevara a efecto la revocación de mandato. “El pueblo pone y el pueblo quita”, dijo, para concluir que se llevarían a cabo la consulta popular, el plebiscito y el refrendo para tomar las “grandes decisiones de este estado”.
La sociedad, dijo el candidato en la entrevista durante el programa televiso “Panorama Político” y a pregunta expresa del director de La Jornada Zacatecas, Raymundo Cárdenas Vargas, ha llegado ya a la edad y a la etapa de responsabilidad pública y madurez cívica, por lo que se le tiene que dotar de instrumentos legales para la toma de decisiones y tener una mejor sociedad.
