En el modelo de comunicación social de los gobiernos, lo fundamental es que se garantice el derecho a la información a los distintos medios de comunicación que así se lo pidan, de no hacerlo, se podría coartar el derecho que la sociedad tiene de estar informada, aseveró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, a la pregunta sobre la negativa de los funcionarios de la actual administración a dar entrevistas.
El Poder Ejecutivo tiene la obligación de difundir de manera permanente el quehacer gubernamental
El Poder Ejecutivo, precisó la ombudsperson, tiene la obligación de difundir de manera permanente el quehacer gubernamental; las acciones del gobierno, los servicios públicos que presta y la existencia de programas gubernamentales y sociales, así como las dependencias para acceder a dichos programas. Esta información, agregó, debe formar parte de las estrategias de los programas y las campañas de comunicación social que garanticen el acceso a la información de la sociedad.
Por lo tanto, continuó Domínguez Campos, desde cualquier ente, el mecanismo o política comunicacional que se asuma, debe garantizar el acceso a la información y también la libertad de información, la cual debe ser oportuna, veraz, imparcial, objetiva y de relevancia social.
En el caso específico de la entidad, refirió que se ha adoptado un modelo de comunicación social desde el gobierno, a través del cual la información se difunde mediante una oficina central, pero también en otros gobiernos se han asumido modelos en los que se difunde desde las dependencias mismas. Lo fundamental, reiteró, es que se garantice siempre el derecho a la información.
“El hecho de no dar entrevistas por sí solas no vulnera el derecho a la información pública. Lo que sí debe hacer el gobierno, independientemente del modelo de comunicación social que asuma, es que debe garantizar a los medios esa información, de manera oportuna, veraz, imparcial y de relevancia social. Pero por el sólo hecho de que no la dé un funcionario no coarta el derecho”, precisó Domínguez Campos.
El modelo de comunicación social que se adopta, añadió finalmente, debe pues impulsar y garantizar la información que soliciten los medios de comunicación, de no hacerlo, entonces sí se coartaría el derecho, pero mientras la oficina encargada lo haga, no se violaría.
