- Vale la pena hacer una cruzada estatal para exigir a la Legisla
El otorgamiento de estímulos y bonos a funcionarios de la administración gubernamental que encabezó Miguel Alonso Reyes fue selectivo y rompió con el principio de equidad, por lo que “todo lo que sea subrepticio y no sea transparente, es incorrecto, inmoral e ilegal”, tal como ocurrió en estos casos, opinó el ex procurador de Justicia, Aquiles González Navarro.
“Es ilegal porque rompe con el principio de equidad, a trabajo igual salario igual, y lo hicieron selectivo y subrepticio y entonces vale la pena hacer una cruzada estatal para exigir a la Legislatura y al gobernador que implementen el Tabulador General de Sueldos”, indicó.
Desde su punto de vista, el otorgamiento de esos bonos continuará si no se encuentra una solución definitiva y ésta podría consistir en que se integren todos los empleados en un tabulador, desde el gobernador hasta las hormiguitas en los municipios, y que ahí se transparente el monto que percibe cada uno de ellos cada año.
Luego de transparentar el salario de cada empleado, será necesario tipificar como delito, en el Código Penal, el hecho que los funcionarios reciban un centavo más del que se establezca en el tabulador.
En tal caso, González Navarro sugirió que debería sancionarse a quien otorga el bono y también a quien lo recibe, y con ello se logrará eventualmente que todos los funcionarios solamente reciban el monto fijado en el tabulador, a menos de que acceda a recursos extraordinarios de diversas dependencias para desarrollar proyectos específicos.
Se refirió al listado de funcionarios que recibieron esos bonos y aseguró que en él se encuentra una gran cantidad de “aviadores” que son clasificados como “asesores”, pero que en realidad no realizan labor alguna. Es decir, los integraron porque no los pudieron colocar en ninguna dependencia.
En ese rubro, propuso una ley que regule el nombramiento de asesores del Gobierno del Estado y que sea un consejo ciudadano el que los avale por solicitud expresa del titular del Ejecutivo, porque de lo contrario seguirán como “aviadores” hijos de actores políticos o ex funcionarios a quienes les encontraron espacios.
También propuso la creación de un Tribunal de Cuentas autónomo, que esté a cargo de tres magistrados elegidos por los ciudadanos, porque el Sistema Anticorrupción “no sirve para nada, no es de confiar”.
González Navarro señaló además que la Ley de Salarios Máximos no sirve de mucho porque sólo establece que ningún funcionario puede ganar un sueldo mayor al gobernador en la nómina oficial, pero el problema es que esos bonos se los otorgan “a escondidas”.
Consideró que un salario ético para un funcionario de primer nivel sería de entre 50 y 70 mil pesos mensuales y eso puede ser establecido en un tabulador general en el que estén prohibidos los bonos; “el gobernador está obligado a entrarle y que se olvide de sus amiguitos”.
“Por eso debe haber un organismo, un Tribunal de Cuentas, aunque sea con otros nombre, que se conforme por tres magistrados y que tenga facultades jurisdiccionales, es decir, si detecta que un funcionario desvió recursos, en ese momento lo embarga. Además se le quita a los diputados la facultad de la Cuenta Pública, porque ahí negocian, y se le pasa a ese tribunal cuyos integrantes podrían ser designados bajo una votación y que sean propuestos solo por su perfil académico”, concluyó.
