Cuando los gobiernos se plantean un nuevo impuesto o modificación de los que hay, o incluso los cobros de derechos o aprovechamientos, deben cuestionarse qué tan eficientes son dichos cobros. Debemos saber de dónde vienen los ingresos al fisco y cuáles son sus costos sociales. Así, se podrán comparar costos contra impactos. En determinados contextos, los impuestos pueden inhibir el consumo o la inversión que, a la vuelta de la esquina, traiga congelamiento del crecimiento de la economía como lo podría ser un incremento al IVA o su aplicación en alimento plural medicinas; o cobros de ciertos impuestos que, por su forma de estar planteados, puedan impactar positivamente en el desarrollo de los pueblos e inhibir el consumo de productos nocivos para la salud como es la comida chatarra.
Sacar dinero de una parte de la población que está cautiva en el sistema fiscal y que sostiene el grueso del consumo local, es contraproducente. Y además, esos ingresos no tienen garantía alguna de impacto positivo en la población. ¿Qué evaluaciones se realizan antes de una decisión? ¿Son meros cálculos contables? ¿Incluyen criterios de justicia o formas del desarrollo? En el caso de la decisión de renovar las placas del parque vehicular de la entidad, parece indicar que es la receta de cada inicio de sexenio para hacerse de recursos en el marco de una recuperación económica que se ve a nivel nacional, pero que en Zacatecas por la misma dinámica del gobierno entrante se ha parado la economía bajo el argumento de falta de liquidez y así seguirá cuando menos hasta el fin de año y principios del 2022. Como el caso de los despidos, los justifican como ahorros del gasto sin tomar en cuenta los efectos sobre la economía del estado y el bienestar de la población y sus familias en un escenario local de estancamiento local donde muy pocos de los burócratas despedidos podrán tener oportunidades laborales en el cierre de año y por ello es importante que la Secretaría de Economía y Rodrigo Castañeda pongan manos a la obra para generar programas con alternativas de nuevos empleos a quienes manda a la horca del servicio público. Un gobierno de izquierda y que predica ejercer una nueva forma de gobiernos debe ser justo aún con los adversarios.
Hay un tipo de impuestos llamados ‘pigouvianos’ que son fuente de eficiencia y justicia. Son impuestos a empresas que producen las llamadas ‘externalidades negativas’, por ejemplo, las que generan contaminación y sus efectos no están contemplados en sus costos. Por eso, al cobrar impuestos equivalentes al costo de sus daños, son una manera de internalizar sus efectos (eficiencia) y de adquirir recursos para paliar los males producidos (justicia). Lo mismo vale para empresas que contribuyen a las enfermedades crónicas como las bebidas azucaradas y productos por el estilo. En Zacatecas se hizo bien en la pasada administración, bajo el diseño de Ricardo Olivares, la realidad de cobrar los llamados ‘impuestos ecológicos’ que de forma sigilosa han contribuido a las arcas públicos con cientos de millones de pesos y esa es la vía que debería de seguir el gobierno de la nueva gobernanza antes de pensar en cobrar a los automovilistas más dinero por el uso de sus vehículos con el pretexto de ‘medidas de seguridad vehicular’ cuando ya viene la regularización de autos extranjeros y la llegada de más recursos por los impuestos verdes más la activación de algunos más con carácter de impuestos especiales de escala estatal. En todo el país y específicamente en Zacatecas hay mucho margen para ajustar los impuestos ‘pigouvianos’ a su nivel de eficiencia requerida.
