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sábado, 27 noviembre, 2021

Enseñanzas de la consulta ciudadana

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ •

Un análisis inmediato, a bote pronto, de la consulta ciudadana del domingo pasado puede anticipar al menos cuatro lecciones de esta primera experiencia:

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Primera. Que el constituyente permanente debe reformar nuevamente el artículo 35 de la Constitución, para que las consultas populares se lleven a cabo el mismo día de las elecciones, sean federales o locales, y no “el primer domingo de agosto de cada año”, como quedó establecido en la reforma aprobada en 2019, por la decisión de Morena de ceder al chantaje de la oposición que planteó la disyuntiva de: esa fecha o nada de consulta. Hacerlas el mismo día de las elecciones permitiría aprovechar la logística electoral desplegada por el INE y los institutos electorales estatales, lo que ahorraría recursos y garantizaría una mayor participación.

Si no se quiere o no se puede reformar el artículo 35 para homologar calendarios, se debería dotar de recursos suficientes al INE para celebrar las consultas. Sólo así el órgano electoral podrá instalar casillas en todas las secciones electorales del país (más de 162 mil actualmente), incluidas las casillas especiales para votantes en tránsito. Ante el hecho de que muy pronto se discutirá el proyecto de presupuesto 2022, y que el INE presentará en agosto a la Secretaría de Hacienda su anteproyecto de presupuesto para ese ejercicio fiscal, se debe prever que nuevamente se requerirán recursos para otra eventual consulta ciudadana y también para un probable referendum de revocación de mandato, ya anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Segunda. Es un hecho que una pregunta tan abierta y ambigua, como la que redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para este primer ejercicio, ni motivó a la ciudadanía ni generó el despliegue de campañas intensivas por el Sí y por el No. Ante ello, es fácil concluir que las preguntas deben ser claras y concretas para impedir la distorsión de dichas campañas, tal como ocurrió en el ejercicio que acaba de celebrarse, en el que el juicio a los expresidentes parecía sólo un slogan propagandístico y no una consecuencia posible de la consulta, y la posición del No terminó convertida en una militancia en contra de la consulta misma. Se debe reconocer que dejar que sea la SCJN quien redacte la pregunta en última instancia, conduce a su partidización y puede resultar de nuevo un texto que no genere ningún entusiasmo por sí mismo, porque muy pocos vean reflejadas en él sus aspiraciones. Sería mejor que la Corte sólo califique la constitucionalidad de la pregunta y que, en caso contrario, el Senado presente nuevas propuestas.

Tercera. Las dos semanas previas al día de la consulta, fue muy evidente la transformación de todos los espacios de noticias y debate en las redes privadas de radio y televisión abiertas, así como en muy diversos espacios en Internet, en el partido del repudio a la consulta, confrontando todos los días las opiniones expresadas por AMLO en sus conferencias mañaneras. Es indiscutible que ese fenomeno puso en evidencia la falta de pluralidad en ese sistema mediático, y la debilidad consecuente de todo el sistema democrático, si nos atenemos a la convicción establecida por la CIDH de que sin pluralidad en el sistema de medios no existe la democracia misma.

Cuarta. La consulta que hoy examinamos –propuesta por el Poder Ejecutivo y por más de dos millones de personas inscritas en el padrón, avalada por el Poder Judicial, convocada por el Poder Legislativo y operada por el INE– debiera considerarse como un importante precedentepor los poderes de la república de cara a esos ejercicios del próximo año, si es que realmente se pretenden llevar a cabo.

Es muy probable que la solicitud para el referendum de revocación de mandato se presentará durante los próximos meses, por ser uno de los compromisos planteados con mayor insistencia por AMLO, y que, de acuerdo con el marco jurídico, la jornada de votación será en marzo de 2022. El asunto es muy delicado para la estabilidad política del país, pues implica la continuación o interrupción del mandato presidencial, por lo que es muy importante llenar los huecos legales, presupuestales y logísticos que se hicieron visibles en la consulta de este domingo. De entrada, urge que el Congreso emita la ley secundaria en esa materia, así como la ley reglamentaria de la publicidad gubernamental y demás normas para garantizar el debate equilibrado entre la pluralidad política del país. ■

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