A raíz de la presentación del “Plan Escuela al Centro”, por el actual Secretario de Educación Pública federal, el pasado 25 de Enero de 2016, ya son dos las jornadas que ocupan los trabajos de los Consejos Técnicos Escolares (27 de mayo y 24 de junio de 2016), en las que la principal tarea ha consistido en presentar a los maestros las bondades y los perjuicios de las dos posibles modalidades del futuro calendario escolar. El bombardeo de la “sugerencia” de los 185 días de trabajo en el aula ha sido constante, y tal parece que los maestros “intuyen” algo que esconde la nueva disposición, disfrazada de elección democrática, emitida por la Secretaría de Educación Pública, y avalada por la cámara de diputados federal: “… pasa lo mismo que con la nueva Ley del ISSSTE”, dicen. “Maquillan los beneficios ilusorios, y al final ofrecen nuevas imposiciones contrarias a la seguridad social y al beneficio de los trabajadores de la educación”, puntualizan.
De inicio, por el simple hecho de que la nueva disposición goce de una promoción desmedida, por parte del presidente de la república, del secretario de educación, y por el simple hecho de contar con el aval de los diputados federales, el nuevo engendro legaloide ha recibido, ya, la reprobación del magisterio nacional, en su gran mayoría, posiblemente debido a las repercusiones físicas y psicológicas que se generan cuando no se tiene acceso al debido descanso en las actividades productivas, hecho que al parecer resulta insignificante para las luminarias que dirigen el Sistema Educativo Nacional, quienes arguyen que en verano no se goza de vacaciones, sino de un receso escolar, temática tratada en uno de los puntos de la nueva enmienda.
El Plan Escuela al Centro, cuyo aparente beneficio es el logro de mejores niveles académicos de los alumnos, establece seis puntos fundamentales, de los que, se especula, la nueva modalidad con 185 días del calendario escolar, tiene como primer objetivo el acomodar en espacios realmente laborales a los comisionados en diferentes instituciones diferentes de la netamente educativa, y que de esa manera devenguen lo que cobran. Un segundo objetivo, sería el de los recursos: cada escuela recibirá un presupuesto propio, para fortalecer la autonomía de gestión, de acuerdo con su matrícula y sus niveles de rezago escolar.
Ya no será obligatorio que los Consejos Técnicos Escolares se realicen cada viernes de fin de mes, en “día laboral”; cada escuela, tanto pública como privada, podrá elegir el día de la semana que más le convenga, de preferencia fines de semana, o a contraturno, para no entorpecer la “atención a los alumnos”. Los Consejos Escolares de Participación Social, propiciarán mejores condiciones a los padres de familia, con mejores instrumentos para exigir transparencia y “rendición de cuentas” en las escuelas, y claro está, velar por mejores calificaciones (irreales, de ser posible), exigidas por el interesado, sin conocimientos del proceso educativo, aparte de exigir mayor respeto a los “derechos” de sus hijos (entiéndase: el maestro expuesto a los caprichos de niños desatendidos en sus “hogares”), exigiendo al docente el cumplimiento incondicional de la totalidad del calendario escolar, aún con problemas de salud.
En el caso de las escuelas de preescolar, la jornada se extendería de 3 a 4 horas con el calendario de 200 días, mientras que llegaría a 4.5 horas en el caso de los 185 días. Con jornadas más largas de trabajo, al día, se espera que los maestros puedan trabajar, con mayor disponibilidad de tiempo, en las “Escuelas de Verano”, por el mismo salario, reduciendo también el periodo vacacional de muchos alumnos, ya que la intención es la de crear estos espacios con la finalidad de ofrecer actividades deportivas, culturales y de fortalecimiento académico a los hijos de los padres de familia que así lo deseen, incrementando el “servicio de guardería”, como lo visualizan ciertas voces críticas inmiscuidas en el trabajo educativo e integrantes del magisterio estatal y nacional.
Muchos maestros tienen que desplazarse de una escuela a otra, y al cambiar a jornadas de trabajo más largas, es posible que en muchos casos se pierda la compatibilidad de empleos, por lo que se verían forzados a elegir entre un centro de trabajo u otro, con el consiguiente detrimento salarial que conlleva la elección.
Con la intención de implementar el programa a nivel nacional a partir del ciclo escolar 2017-2018, “todos los cambios se realizarán con estricto apego a la ley y sin afectar los derechos laborales de los trabajadores de la educación”, frase demasiado recitada, que trae a la mente las condiciones lamentables en las que se desenvuelve el trabajador, después de la pérdida de las garantías laborales que las luchas sociales habían conseguido arrancar a los gobiernos, y que con la Reforma Laboral y la Educativa, han sumido en la incertidumbre, no sólo a los maestros en activo, sino al grueso de la clase trabajadora del país. ■
