Noé Hernández Cortez, doctor en ciencia política y docente de la BUAZ, advierte que la reciente elección de Verónica Yvette Hernández López de Lara como nueva titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) replica a escala local el mismo vicio que se observó en la designación de Aureliano Hernández al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF): auditores elegidos por las mismas élites políticas que deberán ser fiscalizadas, sin que importen los conflictos de interés ni la existencia de perfiles técnicos más robustos.
El académico señala que en democracias consolidadas como Francia, Alemania o Noruega es impensable que una auditora supervise el desempeño de los gobiernos cuando existe conflicto de interés, «en donde a la vez sea juez y parte». Y el caso en Zacatecas entra en tensión con las demandas ciudadanas de justicia y máxima publicidad que la Cuarta Transformación ha impulsado en otros procesos, como el de la reforma judicial.
De acuerdo con información del periodista Gabriel Contreras, los votos estaban negociados de antemano y la bancada del PAN, pese a ser oposición, votó en su totalidad a favor de Hernández López de Lara, aspirando a un proceso más terso para el Ayuntamiento de Zacatecas, que tiene encima una auditoría forense.
Otros legisladores habrían recibido compromisos de plazas en la ASE para familiares a cambio de su respaldo, y la terna incluyó a un trabajador activo del propio Congreso cuya participación fue, en palabras del mismo periodista, un mero trámite.
Hernández Cortez subraya que el problema es estructural y no localizado en Zacatecas. Recuerda que durante el proceso de democratización en México se diseñaron instituciones fiscalizadoras con el propósito de robustecer la legitimidad democrática, pero que con el tiempo «se fueron politizando» y dejaron de garantizar transparencia y rendición de cuentas.
«El mecanismo institucional de ser designado por los diputados fue una señal de que no es importante el perfil técnico ni la independencia frente al poder para ser auditor», subrayó el especialista.
La poca transparencia del proceso, lamentó el académico, socavó la ya débil democracia local. «Lo que pasó en Zacatecas muestra que se pueden coordinar el Ejecutivo y el Legislativo para designar a quien los va a fiscalizar».
Frente a este panorama, Hernández Cortez considera que una tarea pendiente de la Cuarta Transformación es crear nuevos diseños institucionales para elegir auditores que no dependan de la voluntad de los poderes que deben ser fiscalizados, al igual que se hizo con el Poder Judicial mediante el voto popular, aunque reconoce que aún se desconocen los resultados de ese modelo.
«Sin una administración pública ética y de calidad no puede construirse un país democrático», concluyó el universitario y anticipó que habrá que esperar a las próximas elecciones para saber si la ciudadanía castiga con el voto este tipo de procesos.
Hernández López de Lara, al ser cuestionada por su plan al frente de la ASE, anunció «un proyecto ambicioso» y «un nuevo modelo de fiscalización», coordinado con la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación, pero no ofreció nombres, fechas ni detalles, prometiendo anuncios «en los próximos días».
