En Zacatecas, el plan de construcción de más de 12 mil viviendas proyectadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para abatir las condiciones desiguales de acceso a un hogar, enfrenta a quienes señalan que la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) representa un riesgo para los ahorros de los trabajadores y a la democracia interna del instituto, y a quienes defienden los mecanismos propuestos para combatir prácticas históricas corruptas y atender la deuda histórica de la vivienda como derecho humano.
La reforma plantea crear una filial constructora dentro del Infonavit, generando críticas desde la oposición sobre la administración de las empresas públicas. Noemí Luna Ayala la, coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, ha sido enfática al señalar en sus redes sociales que esta medida rompe con el modelo tripartita del Infonavit que históricamente ha garantizado la representación de trabajadores, patrones y autoridades.
En contraparte, Luis Medina Lizalde, primer presidente de Morena en Zacatecas y activista de la Cuarta Transformación, subraya que la creación de la filial constructora es un paso necesario para garantizar transparencia y erradicar los esquemas de corrupción en un instituto donde la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido bloqueada mediante amparos.
Algunos de los casos más graves incluyen la indemnización de 5 mil millones de pesos otorgada a Telra Realty tras incumplir un contrato para desarrollar una plataforma digital, y el despojo de viviendas a 60 mil derechohabientes mediante juicios irregulares, llevados a cabo por despachos legales en complicidad con funcionarios judiciales y notarios de Nayarit.
Otros ejemplos de prácticas que se buscan eliminar incluyen la reventa de viviendas por parte de empleados del Infonavit, en acuerdo con notarios y despachos, lo que generó pérdidas superiores a 200 millones de pesos, así como la contratación ilegal de un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos en beneficio de la empresa Mapfre Tepeyac, duplicando gastos de manera innecesaria.
Como respuesta a estas denuncias, Luna Ayala señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que los directores del Infonavit de 2014 a 2022 fueron los morenistas Alejandro Murat y Carlos Martínez Velázquez, exigiendo que los investiguen y que haya justicia por los desfalcos señalados.
Además, ha cuestionado el historial de Octavio Romero Oropeza, actual director del Instituto, señalando su gestión previa en Pemex como un ejemplo de malas prácticas administrativas que llevaron a pérdidas significativas.
Desde la perspectiva de la legisladora, las reformas propuestas no atacan directamente a los responsables de la corrupción, sino que despojan de poder a los sectores obrero y patronal, dejando al gobierno con el control absoluto.
Por lo que cuestiona la creación de la empresa constructora de Infonavit, señalándola reiteradamente como un mecanismo opaco que pone en riesgo los 2.4 billones de pesos en ahorros de los trabajadores.
La acusación de que el gobierno de Claudia Sheinbaum se “robará” los 2.4 billones de pesos de los trabajadores ha sido calificada como una mentira descarada por Medina Lizalde. En su noticiero “En vivo y en directo” transmitido en YouTube y Facebook, el político ha explicado que esta afirmación es falsa y forma parte de una estrategia de desinformación impulsada por la oposición y por quienes buscan proteger intereses corruptos en el Infonavit, contando con la afinidad de muchos medios de comunicación deshonestos.
Señala que los recursos de los trabajadores no son fondos líquidos que puedan ser apropiados, sino inversiones respaldadas por la ley y supervisadas por la Secretaría de Hacienda. Además, sostiene que la reforma no elimina el modelo tripartita del Infonavit, por lo que la representación de trabajadores, patrones y gobierno en la toma de decisiones se mantiene intacta.
