Antes de la actual administración federal, el acceso a la ciencia era, fundamentalmente, para financiar proyectos de países extranjeros y empresas trasnacionales, a las que el país les regalaba miles de millones de dólares.
De ahí que se cerraron los 65 fideicomisos que alimentaban esta visión, lo que generó enojo en los sectores que históricamente lucraban bajo ese esquema.
Hoy, la visión es que la ciencia y la tecnología se apliquen para resolver problemas concretos que afectan a la gran mayoría de nuestro pueblo en materias como el agua, la salud, cultura, educación, sistemas socioecológicos, soberanía alimentaria, energía y cambio climático, de acuerdo con la agenda de 10 Programas Nacionales Estratégicos.
El acceso a la ciencia y tecnología estaba concebido, desde el modelo neoliberal de los últimos 40 años, para una minoría privilegiada.
Hoy, la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación plantea, en su artículo primero, garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general.
“Estamos ante un cambio de paradigma y la misión de este Gobierno es hacer realidad, a nivel de los estados y los municipios, el derecho humano a la ciencia, que es a su vez habilitador de otros derechos”, señala el doctor Alfredo Salazar, director regional del CONAHCYT.
Además, en el País, el Gobierno de México está invitando a la comunidad científica para que haga públicos sus proyectos que visibilicen realidades que se atienden y, así, ampliar la cobertura de áreas de atención que no se contemplan en la agenda de programas nacionales.
“La idea es elaborar convenios macros con los gobiernos estatales y municipales, con recursos concurrentes, para realizar y potenciar proyectos de investigación con incidencia social en el País y que sean evaluados”, señala Alfredo Salazar.
Desde esta perspectiva de la ciencia, como detonante del cambio social, la doctora Andrea Guadalupe Rodríguez acota:
“La ciencia debe hacerse en beneficio de las comunidades que más la necesitan”, dice quien es pionera en México en estudios sobre salud menstrual en niñas que habitan zonas rurales, y cuyo trabajo de especialización le ha hecho conocer que, en México, las políticas públicas, en cualquiera de las áreas de impacto social, carecen de perspectiva de género, a pesar de que la mayoría de la población en México es mujer.
En la lógica del impacto social, de las ciencias que impulsa el Gobierno de México, se busca que los 26 Centros de Investigación Nacionales, y las universidades públicas que egresan y forman especialistas, doctores, doctoras, en diferentes áreas del conocimiento, desarrollen proyectos de investigación que resuelvan problemas concretos en el territorio. Es decir, que la ciencia cambie la vida de las personas.
Por ejemplo, explica Salazar, próximamente el CONAHCYT echará a andar la Especialidad Nacional de Bienestar Comunitario para que quienes terminaron su licenciatura propongan soluciones a problemáticas concretas.
Además, otro de los aspectos en esta visión de la ciencia permitirá que el acervo de investigaciones que se produce en el País sea de acceso para todas y todos, de tal manera que el conocimiento se socialice y no se quede sólo en tesis para el goce individual de quienes las producen, y así evitar que se queden en bibliotecas y adornando libreros.
“A través del Rizoma (plataforma digital), todas las personas tendrán acceso a las investigaciones y perfiles de los investigadores y sus productos y hallazgos, al mismo tiempo que busca fortalecer la coordinación y articulación de acciones y proyectos científicos y tecnológicos que permitan atender las causas de los problemas nacionales”, explicó Salazar en entrevista.
Además, el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) generará indicadores que le permitan visibilizar, de manera más específica, los resultados de la nueva política nacional respecto a la calidad e incidencia de los proyectos, con el fin de cambiar la realidad adversa del País y propiciar la materialización de la justicia social en su término más holístico.
Sin embargo; el propio Salazar reconoce que diferentes sectores se han resistido al cambio de paradigma propuesto y que ya está en marcha, al grado tal que la nueva ley ha sido objeto de diversos amparos.
A pesar de las resietencias se espera que estas bases del sentido social de la ciencia que se están rescatando permanezcan y le permitan al País transitar hacia una construcción social del conocimiento para todos, que dé la posibilidad, a generaciones venideras, de tener mejores condiciones de vida a largo plazo.
De acuerdo con la UNESCO, “la ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad al servicio de la comunidad”. Este enfoque nunca debió extraviarse. Por el bien del País, más nos vale recuperarlo.
