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jueves, 28 marzo, 2024
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Estudiar para reformar al sistema anticorrupción

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Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

A partir de 2014, el marco normativo, en materia de transparencia y combate a la corrupción, evolucionó en México, con el objetivo de lograr instaurar un sistema de rendición de cuentas, conformado, a su vez, por los sistemas nacidos de dichas reformas: el de transparencia, el de fiscalización y el de anticorrupción. Dichas reformas buscaron no solo la articulación de las diferentes instituciones encargadas o relacionadas con la prevención, la identificación y combate a la corrupción, sino también la participación ciudadana en el mismo esquema de política de Estado. De entonces a la fecha, el país ha pasado por sendos procesos, tanto a nivel político, como a nivel institucional, sin que por ello se visualicen mejoras en la percepción de la sociedad en materia de combate a la corrupción; cabe entonces preguntarnos: ¿cómo va el sistema nacional anticorrupción, creado por mandato de ley en 2015? ¿Se ha logrado la implementación de dichas reformas en términos institucionales y de política pública? ¿Se requiere un rediseño o una implementación plena del sistema nacional anticorrupción? Responder a estas interrogantes es una materia pendiente por abordar, desde lo local, con un enfoque analítico que nos permita promover, impulsar y lograr reformas de mejora en su diseño, funcionamiento, mecanismos y herramientas. 

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El problema de la corrupción no es en absoluto novedoso en el ámbito de la vida pública en México. Se ha abordado desde diferentes perspectivas y en distintos momentos de la historia del país. Sin embargo, no es hasta el periodo electoral de 1982 cuando existe un debate público amplio, abierto y políticamente expuesto, partiendo del propio candidato del partido oficial en ese proceso, Miguel de la Madrid Hurtado, a través de lo que su campaña llamó “la renovación moral”. Si bien el apartado correspondiente a las responsabilidades de los servidores públicos, y al buen uso de los recursos públicos, se ha incrustado desde la redacción misma de la Constitución de 1917 y antecedentes, llegando incluso hasta la propia Constitución de Apatzingán, el diseño de estructuras, específicamente justificadas, con el objetivo de prevenir, identificar y sancionar la corrupción, en el ámbito público, es relativamente nuevo. Si partimos de la creación de la Secretaría de la Controlaría, por iniciativa de Miguel de la Madrid, hasta las reformas promulgadas en 2015, estaremos en un lapso que no llega siquiera a los 33 años.

En una atinada expresión del profesor Mauricio Merino, en su texto La segunda transición democrática de México: Esfuerzos, tropiezos y desafíos de México en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas, podemos coincidir con él, desde su expresión inicial al respecto: “Durante la última década, México ha puesto en marcha un amplio conjunto de reformas institucionales destinado a combatir la discrecionalidad, la ineficacia y la corrupción. Luego del exitoso esfuerzo que emprendió, en la última década del siglo pasado, para construir un nuevo sistema electoral que le permitió transitar, de manera pacífica, de un régimen de partido prácticamente único a una democracia pluralista, la agenda pública comenzó a enfocarse en la crítica hacia las formas tradicionales de ejercer la autoridad ganada en las urnas”.

Esta segunda transición ha tenido su máxima expresión en la creación de un sistema nacional, que a su vez se compone de 32 sistemas de carácter local, a nivel subnacional, y del despliegue de una estrategia de Estado, que debiera estar contenida no solo en una estructura institucional definida por las leyes generales que le dieron forma, sino por políticas públicas precisas, como lo son las Políticas Estatales Anticorrupción (PEAs).  

El llamado, redundante en estas páginas pues, ha sido constante, es, sin embargo, oportuno a la luz de la agenda pública, que llama un día sí y otro también, a un análisis exhaustivo y responsable de las instituciones que, como sociedad, nos hemos dado. Por lo tanto, llamamos una vez más a continuar con el estudio y análisis de dichas figuras, con el objetivo de consolidar dicho esquema institucional, desde la crítica y la propuesta.

@CarlosETorres_

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