San Cristóbal de Las Casas, Chis. El obispo de la diócesis local, Felipe Arizmendi Esquivel expresó su apoyo a los habitantes de los poblados San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, asentados desde hace 40 años en la reserva de Montes Azules, para que no sean desalojados ni reubicados como proponen autoridades federales y estatales.
Dijo que los gobiernos federal y estatal “deben de cuidar la paz social y no someterse a otros intereses y presiones” para desalojar o reubicar a los pobladores de esas comunidades.
Sostuvo que “encarcelar a personas e inculparles de delitos no cometidos, sólo como una presión política, no es de una sana y recta justicia”.
En un documento señaló que cuando estuvo en Nueva Palestina, municipio de Ocosingo –una de las localidades que conforman la Comunidad Zona Lacandona, dentro de la cual está Montes Azules– el 19 de abril pasado, las autoridades de Bienes Comunales “me compartieron que habían cambiado su decisión” sobre San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal.
“Antes, de acuerdo con autoridades del medio ambiente habían insistido en que se les expulsara o se les reubicara en otro lugar, para proteger la selva”, pero “me dijeron que ahora han comprendido que hay otro tipo de intereses económicos sobre esos territorios por parte de empresas y de personas con gran influencia política”.
Arizmendi Esquivel comentó que dichas autoridades “consideran hermanos a quienes viven en esos poblados y no quieren pleitos con ellos, pues son de la misma etnia”.
Expresó que en esa ocasión “solicitaron mi intercesión ante los gobiernos estatal y nacional, para que se les deje en paz”, por lo que “celebré su decisión y la apoyé completamente”.
Abundó: “Me pregunto a quiénes interesa ese desalojo y por qué lo piden, pues no parece que sea la preservación del medio ambiente lo que les importa, sino otros motivos económicos y políticos”.
En cuanto al conflicto de límites entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, que se disputan alrededor de 900 hectáreas, como consecuencia de la ejecución de sus respectivas resoluciones presidenciales hace alrededor de 40 años, planteó que “quizá sea necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta todos los estudios que ya se han hecho, resuelva no conforme a papeles de la (desaparecida) Secretaría Reforma Agraria, sino conforme a los derechos naturales e históricos de los pueblos, señalados por los límites que establece el río entre ambos municipios”.
Subrayó: “Hay que escuchar a las diversas partes para llegar a acuerdos de consenso” y que “todo sea por la paz, la justicia, la verdad y la reconciliación”.
