La delegada ausente

La delegada ausente

La último vez que tuvimos información de la delegada de Bienestar en Zacatecas fue el pasado 18 de marzo. En sus oficinas sostuvo una reunión virtual con el Coordinador Nacional de Programas Sociales, Gabriel García Hernández, así como con funcionarias de Bienestar y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la finalidad de implementar las recomendaciones de la Secretaría de Salud en la entrega de programas sociales.

“La encomienda” dijo “es salvaguardar la salud de nuestros adultos mayores, niños y jóvenes con discapacidad, madres de familia, jóvenes, productores agropecuarios y todos quienes forman parte de los programas para el Bienestar”. Teóricamente, las instrucciones para dispersar los recursos federales, previendo medidas sanitarias en el proceso, fueron recibidas.

La acompañaron los seis coordinadores regionales en el estado: Herón Rojas Vega (Fresnillo), Jaime Manuel Esquivel Hurtado (Río Grande), José Luis González Orozco (Jerez), Priscila Benítez Sánchez (Guadalupe), Maribel Villalpando Haro (Jalpa), y Carlos Alberto Zúñiga (Zacatecas). Seis días después, el presidente municipal de Río Grande, Julio César Ramírez, daba a conocer una reunión masiva de beneficiarios sin filtros sanitarios.

Las imágenes en Facebook le costaron reclamos al edil. Y como se advirtió en una entrega anterior, en Bienestar responsabilizaron al enlace federal, Marco Antonio Reza del Toro, por haber tomado las fotos del evento. No se sabe si en realidad el profesor de Juan Aldama fue quien circuló las evidencias de una reunión masiva de beneficiarios sin ninguna medida sanitaria evidente, pero la publicación le costó el trabajo.

En las oficinas de Bienestar el ambiente comienza a tornar algo tenso. De acuerdo con una denuncia anónima que conoció la comunicadora Verónica Trujillo Jiménez, en el número 130 de la Calzada Héroes de Chapultepec, los únicos filtros sanitarios que se han instalado son envases viejos de refresco, reutilizados como recipientes de gel antibacterial. Los trabajadores deben cumplir con sus contratos mensuales, o esperar una próxima liquidación.

Las indicaciones de la delegada a los servidores de la nación llegan a través de WhatsApp pues su presencia es en la oficina es intermitente, especialmente en tiempos de pandemia. Su particular, Adilene Rosales, toma nota de los pormenores y avisa a Verónica del Carmen Díaz Robles de los sucesos en la delegación de Bienestar.

No sabemos si la delegada esté en aislamiento voluntario por precaución, o si tomó cuarentena porque ha presentado síntomas relacionados con la infección viral por COVID-19. No sabemos si realiza el trabajo desde casa, o si sale a campo. Su estatus es incierto, así como el hecho de que en las seis regiones federales realmente se tomen las medidas sanitarias acordadas con la Secretaría de Salud.

Sin embargo, y por la información que ha circulado en redes sociales, al menos en Río Grande, Villanueva, Monte Escobedo y Juchipila, el trabajo de los servidores de la nación puso y pondrá en riesgo a los beneficiarios que se concentran por convocatoria de la delegación de Bienestar. En Monte Escobedo el propio ayuntamiento firmó un comunicado en contra de la decisión que calificó como “unilateral y arbitraria”.

En el documento firmado por seis regidores, las autoridades municipales exhortaron a buscar “otras alternativas que no pongan en riesgo la salud de los beneficiarios y por ende de la población en general. Hacemos votos para que impere la congruencia en los niveles de Gobierno” pues el 21 de marzo conocieron la suspensión de reuniones públicas como lo ordenó Gobierno del Estado.

A contrasentido, el presidente municipal de Villanueva, Miguel Torres Rosales, como autoridad omisa incumplió lo establecido en el Acuerdo General para el Control Sanitario en Materia de Salubridad Local por la Pandemia que Genera el COVID-19. Lo mismo que el edil de General Pánfilo Natera, Juan Pablo Contreras López.

Las disposiciones publicadas en el Periódico Oficial de Zacatecas, para las autoridades municipales y estatales, resultan letra muerta. Apenas Río Grande y Monte Escobedo pudieron advertir sus diferencias públicamente, mientras que los demás ediles callan en complicidad ante la presión de los funcionarios del gobierno federal. Y la administración de Alejandro Tello Cristerna no se pronuncia al respecto.

En el estado tenemos un desfase de detección de casos, no hemos salido todavía de la etapa de pacientes que contrajeron el virus por importación (o en el extranjero). Una vez que la onda expansiva comience a arrojar infecciones comunitarias, entonces los números pondrán en una perspectiva más complicada los escenarios que enfrentarán los servicios de salud.

En el inter, a nivel municipal se mantendrán las concentraciones masivas patrocinadas por una delegada de Bienestar completamente ausente. No es cierto que los operativos de dispersión de recursos cuenten con previsiones sanitarias, además de que deben enfrentarlos servidores sin ninguna prestación social como un seguro médico, por ejemplo.

Y los implicados no pueden renunciar a sus tareas so pena de perder el empleo. Esos son los temas que debería de verificar la bancada de Morena, antes de exigir un periodo extraordinario para aprobar la minuta que eleve a rango constitucional el acceso a los programas sociales. Ahí abundan también las complicidades pues conocen muy bien las anomalías que se cuecen en las oficinas de Verónica Díaz.

Twitter: @GabrielConV

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