El cobro y el derecho humano al agua en Jiapaz

El cobro y el derecho humano al agua en Jiapaz

El agua es de tal singularidad y de valor infinito, que no tiene precio alguno. Ningún valor infinito puede tener precio: sin el agua no hay vida posible, así que no se puede tasar una equivalencia, requisito indispensable para fijar un precio. Así las cosas, lo que genera precio es el cobro del servicio: tuberías, electricidad, mantenimiento y pago de operadores. Un bien como el agua no puede convertirse en mercancía, porque una mercancía tiene un costo como mecanismo de exclusión, de tal manera que aquellos que no lo puedan pagar, no acceden al bien o producto. Pero si el agua es un derecho humano, ¿puede tener un mecanismo económico de exclusión? ¡No debería! El agua es de esos bienes súper-primarios que deben asegurarse con la participación fiscal, lo mismo que los servicios de salud. Mejor dicho: debería ser el servicio público número uno en prioridad de cualquier Estado.

Aquella persona que no pague el agua, ¿se le cortará el servicio por ese motivo? Si es un servicio que no puede (o debe) suspenderse, ¿para qué tenerlo en formato ‘de pago por servicio’? El agua no puede compararse a ningún otro servicio: es completamente singular y único. Por ello, el Estado debe asegurarlo en forma absolutamente gratuita, sin obligación alguna y ello pasa por una reforma fiscal que sigue pendiente, en vía de mientras, se podría ir pensando en un sistema de pagos voluntarios para que los ciudadanos agradecidos por el servicio puedan aportar lo que consideren conveniente para ayudar a su fortalecimiento. Seguramente habremos una gran cantidad de ciudadanos que daríamos mucho más del costo obligado de cuota. Mucho más.

El Estado debe asegurar el servicio de agua para todos. Así sin más. Nada tiene más prioridad que el agua. Jamás puede el agua convertirse en mercancía, ni tener ningún mecanismo de exclusión. Ahora mismo la Jiapaz tiene necesidad de elevar sus cuotas, que poco a poco (de 10 en 10 pesos) se acumulan y se hacen pesadas a las capas pobres de la zona metropolitana. Es cierto que debe reponer tuberías, pagar al IMSS y cubrir los altísimos cobros de CFE. El desperdicio del agua doméstica es del 50 por ciento, y eso eleva los costos de su extracción, además de ser insustentable. Esto es, la desesperación del organismo regulador del agua tiene justificada su desesperación: sus necesidades lo llevan al ahogo. Sin embargo, ahora que contamos con un gobierno popular, debería ser prioridad la dotación de los servicios básicos de este derecho universal. ¿Cómo es que justo los representantes federales de Jiapaz votaron por el aumento de la tarifa? Y un absurdo mayúsculo: los municipios son los responsables de la dotación del servicio de agua doméstica, y resulta que los cuatro presidentes municipales perdieron la votación en torno a la decisión de las cuotas en al Jiapaz. ¡Eso es absurdo!

Algunos alcaldes prometieron en campaña desincorporarse de Jiapaz: ¿por qué no lo han hecho? Porque al ver la cosa de cerca vio que era un suicidio. Tal vez se hizo dicha promesa con la expectativa de que al triunfo del gobierno popular, éste se haría cargo del servicio de agua de los mexicanos. Pues mal tino: su lógica en el agua como derecho humano sigue en la ciénaga del neoliberalismo: vean el voto del representante federal de Jiapaz. Nos quedamos con el dato absoluto: el agua es derecho humano y la solución no vendrá de incrementar cuotas que excluyen aún más a los, que de por sí, tienen más carencias.

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