La tentativa de Donald Trump de designar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como “organizaciones extranjeras terroristas”, no parte de la sarta de declaraciones sensacionalistas y sin sentido que el presidente estadounidense gusta de diseminar en los medios de comunicación. Por el contrario, se trata de una maniobra que antecede al propio Trump; se enmarca en la agenda expansionista y hegemónica estadounidense, y se viabiliza por medio de las llamadas “guerra contra las drogas” y “guerra contra el terrorismo”. En suma, es una pieza de un esquema muy bien planeado al cual le han apretado las tuercas desde Richard Nixon y Ronald Reagan, hasta Bill Clinton y Barak Obama.
El intervencionismo estadounidense se ha desplegado en múltiples regiones del mundo gracias a los arietes que representan esos dos tipos de guerras, y en suma se basa en la ventaja comparativa que Immanuel Wallerstein percibió que Estados Unidos gestiona por medio de la disposición de sus bases militares en diversas regiones del orbe.
En este escenario México mantiene un papel de sujeción a los postulados estadounidenses en materia de seguridad, lo que en los últimos tres sexenios –principalmente- se ha viabilizado por medio del alineamiento de sus Planes Nacionales de Desarrollo (PND) a dichos postulados.
Lo anterior queda reflejado en la asesoría militar que mandos medios del Ejército Mexicano han recibido en lugares como Forth Worth, Texas, la cual ha estado orientada a privilegiar los intereses regionales estadounidenses y las medidas contrainsurgentes, en lugar de haber servido realmente en los últimos años para acotar al narcotráfico mexicano.
De igual forma, es notable en la ininterrumpida compra que México le ha hecho a Estados Unidos de pertrechos militares y armamento. A este respecto, considérese que sólo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto se gastaron 3 mil 500 millones de dólares en la adquisición de helicópteros Blackhawk UH–60, y cerca de 2 mil 200 en Humvees blindados, según dio conocer The Washington Post. Ello no es sino la continuidad en el dispendio de dinero público que Felipe Calderón realizó como presidente de México. Durante el periodo de este último, y sólo para 2009, México le compró a Estados Unidos diversos pertrechos y asesoría por hasta mil 255 millones de pesos.
La actual estrategia de Andrés Manuel López Obrador de no optar por la vía armada –primordialmente- para mermar la hiperviolencia derivada del narco, representa una alerta para los grandes fabricantes de armas estadounidenses, quienes podrían perder con este gobierno la posibilidad de seguir beneficiándose del escenario de muerte que México padece gracias a políticas de “mano dura”.
Ahora bien, Estados Unidos no puede entrar o incidir en otros territorios nacionales por el principio de soberanía que los cobija, por lo que en las últimas décadas ha buscado obtener mayor peso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y mediante ello contar con el “aval” de otros países en sus maniobras intervencionistas.
Esta fórmula se complementa con dos movimientos: la “clasificación” de las amenazas a la Seguridad Nacional estadounidense, y el control de masas. Sobre lo primero Estados Unidos está imposibilitado para intervenir en México mediante el esquema de la “Guerra contra el narcotráfico”, pero al denominar a los “cárteles” grupos terroristas, queda posibilitado en los tratados internacionales para incidir de manera arbitraria, unilateral.
El segundo de los movimientos se ha venido tejiendo en las últimas semanas en los medios de comunicación estadounidenses, y en específico a partir de la masacre que padeció la familia LeBarón en el norte de México. Debido a que dicha familia tiene tanto la nacionalidad mexicana como la estadounidense, medios de comunicación de aquél país sesgaron la noticia y perfilaron el “ofrecimiento” de Trump al gobierno mexicano de acabar con los cárteles como la vía más adecuada. Pese a que dicha intervención representa un atentado a la soberanía mexicana, perfilaron al gobierno mexicano como uno irresponsable al negarse a aceptar las medidas que busca implementar Trump, y azuzaron amplias capas poblacionales para aceptar lo que hoy se plantea como una supuesta medida antiterrorista.
El otro aspecto que Trump soslaya convenientemente es que su política de seguridad de “entrar y limpiar todo”, como él mismo ha dicho, implica partir de su concepción de crimen organizado, la cual busca “barrer” por igual a quienes participan en las actividades criminales.
A ese respecto conviene no olvidar que hay miles de personas secuestradas por los cárteles mexicanos que son obligadas a laborar para ellos; indígenas y campesinos que bajo amenaza de muerte deben cuidar o sembrar sus cultivos; comerciantes que deben fungir de base para muchas de sus operaciones. Se trata de una complejidad que debe atenderse en sus causas profundas y con políticas que no simplifiquen la situación, como justamente busca hacer Donald Trump.
Al final del día, los manotazos militares que Trump daría terminarían por afectar tal vez a diversos capos mexicanos, pero sin duda también a gente que poco o nada tiene que ver con las actividades de los cárteles. Mucho menos se afectaría a los bancos estadounidenses que lucran con las ganancias del narco, o a los millones de adictos estadounidenses que son los que estimulan el mercado de las drogas. En la lógica de Trump, México sigue siendo el enemigo y prácticamente el único responsable de la compleja realidad que busca simplificar de manera artera. ■
