Por un nuevo pacto de comunicación para consolidar la democracia

Por un nuevo pacto de comunicación para consolidar la democracia

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno de los cimientos fundamentales de un régimen democrático es el respeto irrestricto del gobierno a las libertades de expresión y de información. En una democracia el Estado tiene la obligación de informar a los ciudadanos sobre los servicios que presta, las políticas públicas que instrumenta y las actividades oficiales que les afectan o benefician. En este escenario, la publicidad oficial difundida y analizada por un sistema plural de medios constituye un insumo fundamental para el debate democrático entre las instituciones de gobierno y la sociedad, así como un recurso para la realización del derecho de acceso a la información y, en consecuencia, para el pleno ejercicio de otros derechos fundamentales.

Sin embargo, el Estado autoritario mexicano tejió una intrincada relación de contubernio entre el gobierno en turno y los principales medios de comunicación, donde la clase política en el poder usó a los medios y los medios se dejaron utilizar, para convertirse en voceros oficiales legítimos del status quo político: tú medio hablas bien de mí, y yo Estado te otorgo financiamiento para subsistir, vía el gasto gubernamental en comunicación. En ésta forma, muchos canales de difusión colectivos, públicos y privados, que fueron beneficiados con el presupuesto público, renunciaron a su función de independencia ante el poder político y se convirtieron en apéndices útiles para cogobernar con el partido en funciones, obteniendo a cambio privilegios monopólicos.

Desde hace años es evidente que las distintas reformas político electorales aprobadas en el último medio siglo no fueron suficientes para superar los vinculos perversos entre los intereses políticos y los negocios mediáticos en detrimento de las garantías comunicativas de los ciudadanos. Por ejemplo, a lo largo de todo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no se reguló equilibradamente el gasto en publicidad oficial, como lo muestra la sentencia en la que la SCJN le exigió al Poder Ejecutivo enmendar dicha gravísima omisión. Recordemos que la respuesta gubernamental fue aprobar en abril del 2018 la célebre “Ley Chayote” con la cual se continuó realizando un reparto discrecional del dinero público con fines políticos entre medios afines.

Por ello, la Cuarta Transformación que pretende construir el gobierno de AMLO/Morena y sus aliados políticos, debe incluír un nuevo pacto entre medios de difusión colectivos y poder político, que incluya una nueva relación rectora del Estado-nación con las empresas de comunicación, especialmente electrónicas, propiciando un mayor pluralismo e independencia de los canales de comunicación con respecto al gobierno, con mecanismos transparentes de asignación publicitaria y rendición de cuentas. El nuevo pacto debe incluir una nueva ley que regule la publicidad oficial que contribuya a desmantelar el viejo modelo de comunicación de propaganda gubernamental basado en la discrecionalidad financiera, con el consecuente resultado de la protección a las líneas editoriales que justificaron por décadas los fracasos, las dilapidaciones y las omisiones gubernamentales, excluyendo a aquellos medios que ejercieron su derecho a la crítica periodística de la acción gubernamental.

El nuevo pacto debe establecer una relación clara entre la asignación de la pauta publicitaria a los medios, y los criterios que atiendan a necesidades reales de comunicación del gobierno con la finalidad de propiciar un debate más informado sobre sus mensajes básicos. La falta de criterios claros y objetivos para la distribución de la publicidad gubernamental afecta de manera estructural la relación entre los canales de difusión y las entidades de gobierno, fenómeno que se manifiesta con mayor gravedad en la esfera local y municipal. La posibilidad de “negociar” la pauta publicitaria inhibió el rol social que los medios de comunicación deberían cumplir como contrapesos en una sociedad democrática, pues promovió la autocensura, la subordinación y el silencio. Todo lo cual propició el desarrollo de la corrupción y la impunidad, vicios que se constituyeron en el obstáculo mayor al desarrollo nacional.

Así pues, en el cambio de régimen político en marcha no debe caber un modelo de comunicación que utilice la propaganda para tratar de mantener el paradigma agotado. El nuevo gobierno debe tener presente que es indispensable transformar el viejo modelo de comunicación colectiva impreso y electrónico que ha dominado en el país, promoviendo la pluralidad en el sistema de medios de comunicación públicos y privados, para garantizar que todas las voces se escuchen en el debate de los asuntos públicos. La nueva democracia mexicana se debe nutrir de la apertura a la diversidad social y la pluralidad realmente existente.

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