La manifestación popular de antier, convocada casi de un día para otro con el propósito de expresar críticas diversas al Poder Judicial Federal, así como el enojo social que se manifestó a fines del año pasado luego de las resistencias de ministros, magistrados y jueces a cumplir la disposición constritucional que señala que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente de la República, son señales de que el Poder Judicial tiene que ser objeto de una revisión profunda, como lo plantea el experto en derecho constitucional y miembro de El Colegio Nacional, Diego Valadés. Él y otros expertos afirman que no sólo el Poder Judicial como estructura orgánica debe ser revisado, sino en general todos los procedimientos de carácter jurisdiccional en el país.
Ya es por demás evidente que la reforma en materia penal que estableció la oralidad de los juicios penales ha resultado algo muy cercano al fracaso. Esa conclusión ya es un consenso muy amplio entre los profesionales del derecho más destacados porque no se están obteniendo los resultados que se esperaban. Han resultado acertadas las afirmaciones de que el sistema había quedado incompleto, en tanto que no se había establecido la colegiación obligatoria de los abogados, ni una supervisión adecuada para las instituciones de educación profesional de abogados. Parece un exceso que actualmente hay más de mil 700 escuelas de Derecho en el país, la mayor parte irregulares o deficientes. Además de que la formación y capacitación de los cuadros de profesionales en el ámbito policial y del Ministerio Público para hacer frente a las necesidades de esta nueva modalidad de juicios también resultaron muy deficientes, no obstante las grandes cantidades de recursos economicos que les asignaron.
Por eso es que los mejores constitucionalistas plantean que es urgente revisar la organización del Poder Judicial y los procedimientos jurisdiccionales que están fracasando. No es sólo un problema de recursos, sino que se trata de un problema de responsabilidad pública. La decisión de hacer las cosas de manera precipitada, sin haber meditado a fondo todo lo que se requería y sin haber hecho todo lo que se necesitaba implicó un acto de irresponsabilidad pública, que ahora todos estamos pagando. También es importante dejar claro que no es exacto afirmar que el único contrapeso en el escenario político nacional es el Poder Judicial, sólo porque muchos de los mecanismos de impugnación y de control, con relación a los que hacen el gobierno y el Congreso, es decir, los poderes Ejecutivo y Legislativo, se tramitan a través de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales y, en algunos aspectos, eventualmente también, a través de juicios de amparo. Sin embargo, eso no corresponde a la naturaleza del Poder Judicial, porque NO es un órgano de control político, sino un órgano de control jurídico. Eso es lo que explica el desbordamiento de las expectativas de los críticos de AMLO con el Poder Judicial, porque lo que NO tenemos son instrumentos de control político, que debieron haberse construido desde hace muchos años, durante las distintas reformas del Estado de la década de los 90 (del siglo pasado). Y como las fuerzas hegemónicas no tuvieron la voluntad política reqerida, lo que hoy tenemos es un Poder Ejecutivo poderoso enfrascado en una lucha cotidiana con segmentos del Poder Judicial proclives a mantener muy altos los niveles de impunidad existentes.
No se requiere ser muy inteligente para entender que urge destrabar la situación descrita con una gran reforma a las instancias de procuración y administración de justicia, para disminuír la percepción de que entre ambas han construido una puerta giratoria a traves de la cual los presuntos delincuentes entran y salen sin dificultad. La gente está irritada porque ya son varios los casos en los que imputados importantes han sido dejados en libertad por supuestos o reales errores en la integración de las carpetas de consignación. No creo exagerar si digo que millones de mexicanos esperan el momento en que, en el caso de Rosario Robles, se dicte auto de libertad por el mismo tipo de motivos.
También debemos examinar detenidamente cuanto beneficia a México un arreglo institucional que permite que una institución como el amparo sea utilizada por una pequeña minoría opositora atrincherada en organizaciones que no compiten en el campo electoral, para detener la marcha del Gobierno Federal en materias que fueron debatidas expresamente durante la campaña política y apoyadas por una mayoría muy significativa. ■
