■ Más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas
■ Endeudamientos y altos costos, entre los posibles riesgos adicionales
■ En todo el mundo, 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas: Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas
Detrás del discurso del Gobierno del Estado y sus dependencias sobre el desabastecimiento de agua en la zona conurbada de Zacatecas y la necesidad de construir la presa Milpillas, están las consecuencias que ese proyecto provocaría en las comunidades, entre ellas el desplazamiento forzado y la acentuación de la pobreza, afirmó Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas en México, mismo que le fue otorgado por la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Infirmó que en todo el mundo, más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas, donde pueblos, ciudades y culturas quedaron sepultadas bajo el agua en el nombre del “desarrollo”.
En México, refirió que en ese tipo de proyectos es común observar que genera “más endeudamiento de los gobiernos, aumento en los costos de la construcción, prolongación de los tiempos de construcción, modificaciones a última hora de las especificaciones del proyecto como el aumento del tamaño de la cortina y más tierras inundadas; pero también asesinatos, divisiones comunitarias y familiares, pérdidas de cosechas, ríos que terminaron secos, corrupción y chantajes a las comunidades y a sus autoridades locales; desinformación o información sesgada, mentiras y contradicciones en la información, incursión con maquinaria pesada de manera ilegal, compras de tierras a alto costo para provocar avalancha de venta, presiones a ejidatarios y comuneros, ilegales actos de procesos agrarios, y pérdida de medios de vida de las poblaciones afectadas directa e indirectamente.
Aunado a ello, dijo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) actúan siempre a favor de los proyectos gubernamentales y empresariales, mientras que la Procuraduría Agraria manipula la información a los ejidatarios y comuneros e interviene de manera ilegal, no respeta las asambleas agrarias, se acusa a “intereses externos” cuando hay oposición, trata a la población como ignorante y se le desprecia su capacidad de decisión.
Castro Soto explicó que, de manera paralela, la estrategia de los gobiernos para imponer esos proyectos consiste en dar marcha a todo su aparato de convencimiento por medio de propaganda, asambleas y ofrecimiento de dinero a las autoridades ejidales, a la vez que se especula con el valor de la tierra, se contrata personal fuera de la región y de otros estados lo que no redunda en mayores empleos.
Por lo general, afirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prohíbe el uso del agua de las represas para los pueblos locales a los que no está destinado el agua, además que las especificaciones de la represa cambian, según intereses, según la fuerza de las resistencias sociales y los problemas que va presentando el proyecto.
Asimismo, expuso que en Zacatecas, la primera represa registrada por la Conagua se construyó en el año 1602. A lo largo de la historia se han construido en el estado 356 represas de todo tipo, tamaño y finalidad. Estas representan el 5.7 por ciento del total de represas construidas en el país desde el siglo 17 y es la quinta entidad de la República con mayor número de represas construidas, solo después de Tamaulipas, Jalisco, Durango y Chihuahua.
El especialista en represas y colaborador de Bertha Cáceres, ecologista asesinada, indicó que “esta nueva represa es una obra que el gobierno de Zacatecas quiere imponer a toda costa, ya que la autorización para construirla tiene una vigencia de 5 años a partir de que se otorgó el permiso en enero de 2017, por lo que en 2018 las presiones, intimidaciones y hasta amenazas de muerte sobre los actores que se oponen a ella registran una alta intensidad”.
Castro Soto refirió que en marzo de 2015, la Conagua, “una de las instituciones más corruptas del país”, presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en su Modalidad Regional denominado “Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el Municipio de Jiménez del Teul y Línea de Conducción para el abastecimiento d agua potable al Corredor Zacatecas-Fresnilllo”, de más de 540 páginas, que tuvo un costo de 16 millones 362 mil 98 pesos, mientras que la indemnización que se pretende para los propietarios de los terrenos es de sólo 750 mil pesos,
Respecto a las características del proyecto, explicó que en el Manifiesto de Impacto Ambiental se afirma que la región Fresnillo-Zacatecas concentra la mayor población del estado de Zacatecas, con una intensa actividad agrícola y sistemas riego que conllevó a la sobre explotación de los pozos, y que el objetivo, entonces, es crear una obra de abastecimiento de agua potable a toda esta región y evitar extraer agua del subsuelo y favorecer la recarga hidrológica.
“Suponen que en 50 años de vida útil de la presa, aunque se otorgó el permiso de operación por 60 años, serán suficientes para que se recarguen los pozos como si la extracción se eliminara con la represa. El manifiesto no presenta metodología ni fuentes para determinar el grado de sobreexplotación, además de que en muchos casos no existen los medidores para analizar esta tendencia; suponen erróneamente que bajará la extracción el agua de los pozos con este proyecto cuando 11 acuíferos están sobreexplotados y hay un déficit alto de disponibilidad de agua”, cuestionó.
Por el contrario, aseguró que el proyecto conllevará un aumento de la oferta de agua, de la actividad industrial y de servicios, por lo que lejos de bajar la explotación de los acuíferos, ésta se mantendrá igual o aumentará. Por tanto, no disminuirán los hundimientos ni los tandeos ni la contaminación de aguas freáticas.
Por último, Castro Soto señaló que el manifiesto de impacto ambiental expone que el municipio de Calera, si bien no tiene escases de agua, sí alimentaría al parque industrial y otras empresas que demandan mucha agua potable, incluyendo la compañía cervecera. Para el municipio de Sombrerete se ofrecerá agua a la producción agrícola y ganadera, y para Valparaíso, Morelos, Guadalupe, Enrique Estrada, Fresnillo y Zacatecas, para los sectores sociales y productivos.
