De “necesaria y obligatoria aprobación”, figura de matrimonio igualitario en Código Familiar: activistas

De “necesaria y obligatoria aprobación”, figura de matrimonio igualitario en Código Familiar: activistas
Miembros de la comunidad LGBTTTI en Zacatecas ofrecieron una conferencia de prensa ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Dicen que se han disparado casos de violencia en contra de integrantes del colectivo LGBTTTI

■ “Nos parece de alta peligrosidad el grado de violencia que se está viviendo en Zacatecas”

■ Acuden ante la Secretaría de Gobernación para que les garantice sus derechos, asimismo ante la Conapred y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

 

Ante la próxima conclusión del presente periodo ordinario de sesiones en la 63 Legislatura local y debido a que continúan sin ser dictaminadas las iniciativas en torno al matrimonio igualitario, este martes emitieron un pronunciamiento los miembros de la comunidad LGBTTTI en Zacatecas.

Señalaron que en este proceso de “necesaria y obligatoria aprobación” de esta figura en el Código Familiar de la entidad se han disparado los casos de violencia en contra de los integrantes de este colectivo así como de las personas, como algunas diputadas locales, que han mostrado su respaldo a estos cambios.

Por ello, precisaron que acuden “ante la Secretaría de Gobernación para que nos garantice nuestros derechos, asimismo ante la Conapred y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues nos parece de alta peligrosidad el grado de violencia que se está viviendo en Zacatecas”.

Se dirigieron tanto a los legisladores locales como al gobernador Alejandro Tello Cristerna, a su esposa Cristina Rodríguez Pacheco y al Obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Norriega Barceló, para exigirles que se apeguen a la ley, respetando los derechos humanos, la separación de poderes y el Estado laico.

A los diputados les señalaron que como personas pueden profesar la religión que elijan, pero ésta no debe repercutir en la actividad legislativa, mientras que al mandatario estatal le demandaron que “mantenga sus prejuicios personales en el ámbito de la vida privada” y que se conduzca bajo el marco constitucional y legal vigente.

“Usted gobernador, usted, gobierna para todos y debe mantenerse imparcial y además, en este proceso, con las manos fuera de la función legislativa”, aseguró una de las integrantes de los colectivos, Paz Barrón, al leer el comunicado que expusieron ayer frente a los medios de comunicación.

En este sentido, agregaron que el gobernador tiene la facultad de presentar iniciativas y cabildearlas, pero resaltaron que no tiene derecho a “incidir para que se violen los derechos humanos de las personas a las que, de manera indirecta, con sus posicionamientos considera de menor valía como seres humanos”.

La tercera persona a la que se dirigieron los miembros de la comunidad LGBTTTI en Zacatecas fue Cristina Rodríguez Pacheco, presidenta honorífica del Sistema DIF Estatal.

A ella, “le recordamos que no forma parte de la estructura del Estado que toma decisiones a nombre y en representación del pueblo, que su papel es como esposa y por lo tanto no puede señalar a la usanza de viejas monarquías quien tiene derechos y no. Su papel en todo caso es honorífico y no implica la toma de decisiones fundamentales para la vida de todas las personas en nuestra entidad”.

La activista María Luisa Sosa prosiguió con la lectura y ahondó en las exigencias hacia el obispo Sigifredo Noriega Barceló, a quien le dijeron que debe conducirse bajo el marco normativo, ya que entre sus facultades “no está la de hacer política”.

“Le recordamos que incluso dentro de sus templos y en su púlpito no puede utilizar un lenguaje homofóbico y denigrante y no puede, a través de frases cargadas de odio, incitar a la violencia en contra de una parte de la población”, concluyó.

Por tanto, entre los hechos con los que han sido agredidos recientemente, en el marco de la discusión de las iniciativas relativas al matrimonio igualitario, enumeraron “la actitud fuera de la ley del obispo de Zacatecas, de los diputados locales que se niegan a garantizar los derechos de toda la población y por la intervención desde el Gobierno del Estado, que se está haciendo acoso y ejercitando violencia contra diputados que en su acto de congruencia asumen su responsabilidad”.

En este sentido, mostraron su respaldo a estos legisladores, concretamente a la diputada Perla Martínez, quien sostuvieron que ha sido agredida tanto en su persona como en sus propiedades, siendo víctima de persecución, acoso y violencia política desde instituciones de gobierno.

Por ello, reiteraron que “ante la ausencia de gobernabilidad local acudimos a solicitar el amparo de la ley ante la Federación, que la libertad de expresión no puede convertirse en anarquía, está regulada como límites de la libertad la dignidad, la integridad y los derechos humanos ajenos de las demás personas”.

Denunciaron prácticas dilatorias al interior de la legislatura para, “de manera impune, esperar la conclusión del periodo legislativo para seguir con sus trucos de malabarismos y evitar la aprobación del matrimonio igualitario hasta el final de este quinquenio como se ha ordenado desde el gobierno del estado”.

En la conferencia de prensa no sólo estuvieron los colectivos LGBTTTI sino que también acudieron las integrantes de la Colectiva 8M quienes indicaron que el matrimonio civil igualitario no atenta en contra la familia. Por el contrario, puntualizaron, la fortalece al promover los principios y valores que rigen la sociedad actual, plural y diversa.

También intervino la diputada Mónica Borrego, una de las que ha presentado iniciativas para incluir esta figura en el Código Familiar del estado, quien dijo también haber sufrido amenazas y agresiones en contra de su familia por la postura que ha mostrado en torno a este tema.

Hizo un llamado a los grupos que se han posicionado en contra de realizar estas modificaciones para que presenten argumentos legales pues por parte de los colectivos, para sustentar las iniciativas presentadas, son este tipo de bases las que se han usado y no cuestiones morales.

Sobre este tema, a través de un comunicado, se pronunció también la Coalición Mexicana LGBTTTI y particularmente expresó su preocupación por la reunión que sostuvieron algunos diputados locales con el Obispo del estado para abordar el tema de las iniciativas referentes al matrimonio igualitario.

La organización destacó la laicidad del Estado Mexicano y la obligación de que éste base su actuar en el artículo primero de la Constitución Política del país que garantiza la igualdad jurídica de todas las personas y prohíbe cualquier forma de discriminación.

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