A propósito de la reciente presentación del programa taurino para la Feria de Zacatecas, deseo rescatar el siguiente texto de responsabilidad de mi presunta conciencia, para ponerlo a consideración del lector, sea cual sea su posición ante este espectáculo, pues su fondo, considero, atañe a todos.
Quiero entonces referirme a los hechos del domingo 22 de julio en Xico, Veracruz, donde se reportó la detención de los organizadores del festejo taurino celebrado en esa población, Francisco Franco y Jorge Benavides, por la presencia de niños en los tendidos.
Esta noticia presenta, sin duda, algo más que un atentado contra la fiesta brava y la libertad de los mexicanos.
De acuerdo a un comunicado de prensa atribuido a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, se procedió penalmente contra los organizadores de la corrida de toros celebrada ese día “… toda vez que en el evento se permitieron actos que la Ley tipifica como delito de corrupción de menores”.
Acto tan valiente contra la delincuencia y a favor del respeto a las normas y la paz y seguridad exigidas por los mexicanos –sí, claro, es ironía-, fue realizado a través de la Fiscalía Regional de la zona Xalapa, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales.
Desde mi óptica, ese acto trasciende el mero comentario acerca de la libertad de los padres de familia para educar a sus hijos y la persecución de lo taurino.
En esencia, lleva a reflexionar acerca de dos componentes de la realidad política nacional: la simulación, es decir, “hacer como que se hace para no hacer nada” y la doble ofensa que significa para la sociedad la renuncia de algunos gobernantes para cumplir con su deber de dar seguridad a los ciudadanos y, además, suponer a estos de raciocinio limitado.
La inseguridad y violencia que ahogan a gran parte de México no son causadas por la asistencia de los menores de edad a las plazas de toros, sino, en buena medida, por la impunidad de la delincuencia.
El hecho referido presenta en el contexto nacional un severo cuestionamiento, al observarse que el “valor” y el “celo por el deber” de unas autoridades para irrumpir en una plaza de toros, donde hay una enorme mayoría de público honesto, pacífico y, por supuesto, desarmado, son conductas que podrían ser distintas ante grupos de poder fáctico que violan la ley, rompen la paz y están armados.
Conste que lo anterior no asegura haya siempre inacción ante la delincuencia. Muchas vidas ofrendadas de policías e integrantes de las Fuerzas Armadas dan cuenta del cumplimiento de su deber.
Sin embargo, permíteme aplicar a algunas autoridades el concepto de “percepción”, que ellas mismas emplean como eufemismo ante la sangre en las calles, no en las plazas de toros.
