“No hay fuerza policiaca externa que pueda rescatarlo”: Marco Torres Inguanzo
Plantea que se requiere una reforma desde el gobierno, pero aunque “fuera eficiente y eficaz” no podría solucionar solo el problema de la inseguridad
Necesarias, políticas territoriales de desarrollo con participación social, ciudadana y comunitaria
Instituciones de educación superior deben fungir como “bisagra” entre el gobierno y la sociedad civil
“El territorio no se va a recuperar si no es por sus propios habitantes. No hay fuerza policiaca externa que pueda rescatarlo, nunca, nunca”, advierte Marco Antonio Torres Inguanzo. Por lo que se requiere “una reforma de humidad” desde el gobierno pues, aunque “fuera eficiente y eficaz” no podría solucionar solo el problema de la inseguridad.
Se requiere cambiar “el punto de gravedad” centrado en la política gerencial que ha venido rigiendo la administración pública, hacia los territorios, también expuso.
“Hacer políticas territoriales” de desarrollo con participación social, ciudadana y comunitaria, y el que las instituciones de educación superior funjan como “bisagra” entre el gobierno y la sociedad civil, es una propuesta basada en experiencias exitosas de México y Latinoamérica.
“Sí hay estudios y experiencias que nos dicen que hay camino, pero eso requiere a fuerza gobiernos abiertos, la intervención de la sociedad civil y sobre todo el de todas las instituciones descentralizadas del Estado” en coordinación, para enfrentar este problema complejo en el que también las iniciativas “autonomistas” resultan impotentes.
La sociedad civil requiere la fuerza del Estado, los recursos públicos que administra el gobierno y las leyes, “solos no vamos a resolver los problemas”, dijo el docente.
Este medio entrevistó al académico que lleva años trabajando en el Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo (PEIDA) de la UAZ, respecto de estrategias de prevención del delito y seguridad exitosas, implementadas tanto en México como en otros países de Latinoamérica.
No habrá pacificación sin movilidad social y soberanía
Torres Inguanzo acotó que para alcanzar la pacificación del país hay que hacer mucho caso a la criminología crítica que ya no se centra en el individuo, sino en la condición social que genera las conductas que quebrantan la ley.
“Tenemos que hacer una gran estrategia que modifique el derecho penal”, que propuso en dos apartados, la legalización de las drogas (actualmente impulsada por la Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación de la administración de López Obrador, de la que dijo espera que no dé marcha atrás en su empeño), y una política social muy agresiva contra la marginación y la desigualdad.
Aquí trajo a colación las experiencias de Brasil y Chile que demostraron que la violencia, más que directamente vinculada a la pobreza lo está a la desigualdad, pero no a cualquiera, sino a aquella persistente que ha paralizado la movilidad social y redundado en la ruptura del tejido social.
“No es una casualidad que la violencia se haya desatado justo en las ya casi cuatro décadas neoliberales en el país”, puntualizó.
Los estudios desde la criminología crítica en México exhiben, cuando se cruzan los datos de la desigualdad persistente y la movilidad social, un importante problema de cohesión donde se encuentra la explicación estructural “de los problemas de violencia que estamos teniendo. Esto significa que deben atenderse con estrategias económicas”.
Una vista aérea tomada desde un dron exhibiría esa cohesión social rota, la vecindad por ejemplo, volvió al caso de Brasil pero que puede trasladarse a cualquier centro urbano de México, de las favelas y los barrios “muy nice”, divididos “por supuesto”, por altas bardas rematadas con alambre electrificado.
Con el crecimiento urbano las élites económicas abandonaron los centros de las ciudades y se fueron a las periferias a crear nichos de vivienda, pero también lo hicieron los pobres.
El fenómeno tiene en la capital de El Salvador, en Centroamérica, su manifestación más excesiva, pero es visible en las favelas de Brasil o las Villas Miseria de Buenos Aires.
Es la expresión urbana de la segregación y la fragmentación sociales derivadas de la inmovilidad social, “y mientras eso no se atienda toda la prevención del delito va a ser temporal”, advirtió.
Detrás de la problemática de la inseguridad está también la falta de “políticas de seguridad soberanas”, pues todas ellas, junto con las migratorias en México, son imposiciones de los intereses norteamericanos, expuso.
El gran mercado de drogas está en los Estados Unidos, pero es México quien pone los muertos en una estrategia de contención de carácter militar donde también se invierten grandes recursos que deberían dirigirse a prioridades nacionales como la atención a los jóvenes a fin de que no se conviertan también en consumidores.
Una sociedad fracturada, segregada e inactiva
Pero Marco Torres Inguanzo agregó a su análisis el tema de las mediciones de cohesión social referidas a la densidad de las organizaciones sociales y civiles, esto es, qué tan organizada está en realidad la sociedad civil en México.
“Estamos muy mal, tenemos los índices más bajos en América Latina”; el país, comparado por ejemplo con Argentina se encuentra muy por detrás.
El recuento entonces expone a una sociedad fracturada, poco densa en términos de organización social e inactiva ante la que el Estado y los gobiernos deben ejercer “su capacidad directiva”, pues es parte de los objetivos de una política pública cuando la sociedad está fragmentada, proponer estrategias de ingeniería social para reconstruirla, dijo.
Para responder a una sociedad fragmentada, segregada e inactiva, las políticas de seguridad basadas en “la nueva gerencia pública”, el esquema estandarizado también para el caso de la educación, por ejemplo, pues comparten los mismos dispositivos, “la evaluación de policías y maestros, y al que no se acredite lo sacan”, debe modificarse.
“El problema con el gerencialismo es que es intra-administrativo, es para ampliar capacidades gubernamentales y lo que necesitamos es pasar de políticas centradas en la administración pública a políticas centradas en las comunidades y en los territorios”.
Esto implica la participación social, ciudadana y comunitaria en los polígonos territoriales, “cambiar absolutamente la mirada”.
Recuperar el territorio
Actualmente es un lugar común para los estudiosos de la política pública saber que el Estado solo, se muestra insuficiente para resolver los problemas por su gravedad, sea el económico, de seguridad, el agua o la basura. Por lo que debe hacer uso de sus instancias, entre otras, las instituciones de educación superior para constituirse en la interfaz con la sociedad civil.
Torres Inguanzo habló del experimento en que se ha visto involucrada la Universidad Iberoamericana y los Jesuitas en Tancítaro, Michoacán, donde prácticamente los secuestros y feminicidios “se fueron a cero”.
Las estrategias para reconstruir el tejido social “han tenido un éxito” enorme dijo, a partir de un programa que la congregación religiosa ha llamado “El buen convivir” y que tienen en las parroquias su red de acción propuesta en varios ejes, desde el tema de la oración para la paz, el económico, el ecológico y sistemas de autoprotección a través de relaciones de confianza entre la gente.
Esta propuesta metodológica que se ha extendido a otros territorios, ha sido reseñada en la revista Proceso y The New York Times, y ofrece dijo Torres Inguanzo, una lección, lo positivo de invitar a las iglesias a los procesos de pacificación en el país porque extienden su influencia en una gran red territorial de manera que pueden coadyuvar en la liberación de los mismos de la violencia.
“De hecho el crimen organizado lo que hace es eso”, dijo de la forma en que ha operado “el modelo zeta” que los sociólogos han etiquetado como “delincuencia de segundo piso”.
Los criminales controlan en los territorios a todos los grupos involucrados en la delincuencia común, el asalto, robo de autos, casas, etc., pero también a las policías municipales a fin de obtener dos brazos de control en las zonas a las que agregaron por ejemplo, la actividad del narcomenudeo.
Este modelo de segundo piso en que la delincuencia organizada “tienen el control de un corredor que va de Tamaulipas a Michoacán y que pasa por Zacatecas”, expolia directamente a la población y ante él lo que sirve son las estrategias de seguridad ciudadana, aseveró.
“Cuando –el crimen organizado- controla a los rateros y a los asaltantes y a todos, les quitan dinero y les dan protección, es una combinación muy letal y está muy complejo romper eso”.
En este sentido es necesario aplicar otra lección, esta traída tanto de las experiencias brasileña y colombiana.
En Brasil lograron bajar en una década en 65 por ciento, el homicidio doloso en las favelas, también territorios controlados por la delincuencia organizada que incluso ya se encargaba de administrar servicios públicos, “salud, alimentación, empleo” al haber generado una especie de “gobiernos paralelos”.
Para recuperar los territorios se utilizó una estrategia de fuerza, la incursión de la policía militarizada, “y estuvo feo el choque”, pero tras de ella implementaron estrategias de prevención y desarrollo social en las que involucraron fundamentalmente a jóvenes de entre 12 a 18 años.
Diferenciación de la función y capacitación de las policías
Al respecto de la intervención policiaca observó que uno de los errores que ha habido en México y en Zacatecas, es que se han propuesto para la policía preventiva capacidades y funciones similares a la de la militarizada, entrenándola incluso sólo en labores tácticas y no de intervención en conflictos familiares y comunitarios, esto es, en prevención del delito, pero tampoco se le ha capacitado para ser investigadora, fungiendo para la procuración de justicia.
“Son policías que no tienen ninguna posibilidad de enfrentamiento, de contención. La policía municipal puede atender otro tipo de violencias no criminales”.
Recordó de Colombia, país que mediante un programa logró bajar los homicidios dolosos, el secuestro y el robo en un 70 por ciento también en el transcurso de una década, que se dividió en cuadrantes la actuación de la policía de proximidad.
“A un policía le encargaban ese cuadrante, no tenía que andar en rondines en todos lados y en ninguno”. Y debía conocer de ese territorio, todo, relacionarse con las familias.
Seguridad, política de Estado
Subrayó al referir nuevamente el lapso de tiempo que les llevó tanto a Colombia como a Brasil bajar sus índices de criminalidad, una década, que “eso significa que las estrategias van más allá de una administración”, por lo que deben tener continuidad, “ese es otro aspecto que debemos aprender”.
Ligado el tema a la próxima organización de foros de consulta para la pacificación en México por el próximo gobierno federal, observó que se requerirán justo políticas de Estado, “se dice Estado porque es estable, no son políticas de gobierno”.
Mencionó asimismo que en Zacatecas la Ley de Planeación ya prevé este tipo de políticas estables, “ya hay un marco jurídico para que esto sea posible”, y expuso como una esperanza el que el gobernador del estado fue receptivo a la propuesta que el PEIDA le hizo entre octubre y noviembre del año pasado, de un programa de prevención social de las violencias, no obstante estar pendiente de revisarse un convenio que lo concretará.
“Trabajamos con los de Prevención, comenzamos a hacer estudios, el mapeo de polígonos, ya tenemos 600 mapeados, hemos visitado escuelas e iglesias y tenemos un informe de lo que llevamos hecho, pero necesitamos ya entrar a tierra y no se puede (…) hay problemas de coordinación”.
