Desplazamiento forzoso en La Colorada: ¿y el gobierno que hace?

Desplazamiento forzoso en La Colorada: ¿y el gobierno que hace?

Las 46 familias de La Colorada desplazadas de forma forzosa por una empresa canadiense, la minera Pan American Silver, fue objeto de Observación por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDHD). Es inconcebible que las autoridades del estado no hayan tomado cartas en el asunto a favor de su población. Los propios afectados han recurrido a solidaridad de organizaciones afines para la defensa legal de su derecho. La minera demolió sus viviendas en enero-febrero del 2015, argumentado que era propiedad privada donde estaba la comunidad. Cosa que los comunitarios demostraron que era falso en un recurso ante Terrenos Nacionales de la Sedatu; porque la mina tuvo posesión por 5 años del terreno y obtuvo documentos de propiedad apócrifos porque en Terrenos Nacionales no puede haber “prescripción positiva”: los bienes nacionales son imprescriptibles. Luego entonces, la propiedad privada que argumentaba la empresa resultó falso. Los pobladores también se han defendido por vía agraria, y ahora ven la ruta de los derechos de las niñas y niños ya que la mina emite todo el tiempo polución que los niños respiran diariamente.
La empresa, una vez realizado el desalojo de los comunitarios de sus casas les dio la opción de ocupar casuchas desmontables rodeadas de malla ciclónica (que parece campo de concentración) y les impuso un reglamento donde no pueden tener animales, es decir, deben renunciar a su forma de vida. Tal es el caso de la apropiación de los terrenos nacionales por parte de esta empresa extranjera, que además impiden y controlan los accesos a los caminos. Y aun más grave: los habitantes de la cabecera (Chalchihuites) mandaron agua a los comunitarios, dado que la empresa les cortó ese servicio, y el gerente de la empresa impidió el paso de las pipas y se burló del comunicado del presidente municipal que les pedía dieran paso al agua que se mandaba.
Los habitantes han tenido algunos triunfos esenciales en su lucha jurídica, como las medidas cautelares del tribunal unitario agrario, que impidió que la empresa sacara de las casuchas a 18 personas que había despedido justo por interponer recursos de demanda y defensa legal de su tierra. También el trámite ante Sedatu fue un triunfo para los comunitarios. Sin embargo, queda la situación en ejemplo estridente para las autoridades de Gobierno de Estado que no se ve cuándo actuará por su gente. Declara Godezac que va a investigar, ¿3 años después de iniciado el incidente? El desalojo fue en 2015, ¿apenas iniciarán una investigación en 2018? Y eso por la presión del informe que mencionamos al inicio. Todos esperamos que el gobierno de Zacatecas acompañe a los propios zacatecanos en casos donde el despojo de una empresa extranjera lastima los derechos humanos de sus habitantes. Es inadmisible. Estaremos reportando y dando seguimiento al caso de La Colorada, y sobre todo, a la actuación de jueces y autoridades en el mismo. Debemos poner el ojo público en esa comunidad. Una empresa extranjera que atropella el derecho elemental de los mexicanos a su tierra no puede actuar sin el consentimiento o apoyo de entidades del Estado. Y por ello, en este proceso electoral, el caso bien dota de criterios para emitir el voto.

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