La sola transparencia no elimina la corrupción, por la razón de que los documentos pueden ser maquillables o convenientemente ‘arreglados’. La exhibición de datos y documentos es importante y vital para el buen funcionamiento de las instituciones, sin embargo, no es suficiente para evitar que se usen los recursos públicos con fines privados. En los portales puede parecer que se hicieron los debidos procedimientos de competencia por obras púbicas y se eligió a la empresa que ofertó la mejor calidad y bajos costos, sin embargo, no aparece evidencia de que el dueño de la empresa es un pariente de un miembro prominente del gabinete que, en realidad, consiguió la obra por la decisiva influencia del funcionario; esto es, en los portales no aparecen los conflictos de interés.
La transparencia es condición necesaria pero no suficiente del combate a la corrupción. El factor más decisivo es la capacidad de investigación. Porque si los conflictos de interés no apareen en los portales de transparencia, bien que se pueden descubrir si hay una adecuada investigación. Ahora bien, ¿qué se requiere para que exista una ‘adecuada’ investigación? Como las investigaciones pueden ser igualmente maquillables, debemos saber qué cosa hace que una investigación sobre casos de corrupción sea ‘adecuada’. Pues una de las condiciones que forman una indagación genuina es la independencia del investigador respecto de los investigados. Así las cosas, si un responsable de construir la transparencia tiene algún nexo familiar, económico o político con aquello que reporta, pues no va a emprender procesos investigativos en su función de transparentar la realidad de los organismos públicos. Igual criterio se aplica en sujetos de tribunales, organismos reguladores, de fiscalización o de observación ciudadana.
Pues bien, en el Tribunal de Justicia Administrativa se incorporó un pariente del gobernador, y ahora en el IZAI pusieron (con los 22 votos) a un miembro del equipo burocrático del titular del gobierno actual. Es altamente probable que todos estos perfiles llenos de agradecimiento y compromiso con el Ejecutivo no generen procesos de investigación de ese gobierno con el que están coaligados. Así las cosas, una manera de obnubilar las funciones de combate a la corrupción es evitar la actitud inquisitiva o investigativa (como se prefiera decir). Esto es, el secreto está en la actitud de los vigías. Y dicha actitud es producto de ciertas circunstancias, como es la independencia de aquellos que se vigilan. Pero si el Ejecutivo tiene la posibilidad de mandar elegir a sus vigilantes a través de órganos intermedios, como la cámara legislativa, pues lo hará. El mecanismo por medio del cual el gobernador en turno puede armar el escenario que le resulta cómodo, es a través de la lealtad partidaria de los miembros de los Congresos o legislaturas. Estas lealtades son la clave para acomodar las piezas justas. Es lo que explica que, a pesar de avanzar en la instalación de estructuras de vigilancia de los recursos públicos, desde las antiguas auditorias y contralorías, al actual sistema que cuenta con organismos ‘autónomos’, la corrupción no se detenga. Se suman estructuras paralelas de vigilancia y la corrupción sigue.
