- La institución educativa, de acuerdo con el informe contable, opera 49 cuentas bancarias
- Entre los “tipos de recurso” que se manejan en ellas están los de Sagarpa, Conapesca, Firco, Proagro, CNP, CFE Sonora, Riego Tecnificado, las Energías y el Suelo
- Convenios entre dependencias federales e instituciones de educación superior
Tan sólo de enero a junio de 2017 la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) recibió más de 200 millones de pesos por concepto de transferencias derivadas de convenios federales.
La Jornada Zacatecas tiene los estados contables que la institución educativa elaboró hasta junio de este año y en ellos se expone que la universidad cuenta con 211 millones 574 mil 456.18 pesos de ingresos, de los cuales un millón 514 mil 766 pesos corresponde a recurso federal y 2 millones 767 mil 76.20 pesos a lo aportado por el Gobierno del Estado.
Sin embargo, casi la totalidad del dinero que ingresó a la universidad hasta el 30 de junio, es decir, 207 millones 292 mil 613.98 pesos, viene de “transferencias provenientes de los Convenios Federales”.
Los convenios entre dependencias federales e instituciones de educación superior como la UPSZ han sido motivo de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya que, pese a estar reglamentados, se hacen en la opacidad, generando escenarios propicios para “actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público”.
La institución educativa, de acuerdo con el informe contable, opera 49 cuentas bancarias y entre los “tipos de recurso” que se manejan en ellas están los de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), el Proagro, el Comité Nacional de Productividad (CNP), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Sonora, el Riego Tecnificado, las Energías y el Suelo. Todas las cuentas están en dos bancos que son Banorte y BBVA.
La firma de convenios con dependencias federales se realiza por lo general para la prestación de un servicio por parte de la universidad, tal y como lo señaló la Auditoría Superior de la Federación en la revisión a la cuenta pública 2015.
No obstante, en los requisitos que se estipulan en estas colaboraciones está el hecho de que la institución educativa debe tener la capacidad humana y de infraestructura para poder llevar a cabo la actividad por la que fue contratada.
La UPSZ, según información de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), tiene una matrícula de 452 alumnos divididos en cuatro carreras que son ingeniería en mecatrónica, ingeniería en software, ingeniería en agrotecnología y licenciatura en ingeniería en negocios internacionales. Su plantilla docente consta de 24 maestros, además de que hay 11 directivos y 19 trabajadores administrativos.
En 2015 la ASF expuso en los resultados de una auditoría practicada a Sagarpa, que es una de las dependencias de las que actualmente la UPSZ recibe recursos, que esta instancia gubernamental celebró convenios, entre otras instituciones, con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y con la Politécnica del Sur del estado.
En todos ellos se hacía referencia a que “los proveedores manifestaron (…) que contaban con los profesionales especializados, así como con los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para ejecutar con eficacia y calidad los servicios objeto de cada uno de los convenios, por lo que serían los únicos responsables de la ejecución de los servicios encomendados”.
En este sentido, se agregaba que “se comprometieron a acreditar ante la Sagarpa (…) que el personal asignado para llevar a cabo las acciones materia de los convenios suscritos con la secretaría formaba parte de su plantilla, así como guardar relación laboral con los mismos”.
No obstante, pese a estas restricciones, la ASF concluyó en todos los casos, incluidos los de la UPSZ, que “para ejecutar los proyectos, se comprobó que contrataron a diversas empresas, así como a personas físicas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, además aplicaron parte de los recursos en gastos diversos que en su mayoría no son inherentes a la operación”.
Estas contrataciones representaron el 99.8 por ciento del total de los convenios de Sagarpa que resultaron con observaciones, lo cual “evidencia que dichos actos no aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y, en consecuencia, no se cumplió con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, e imparcialidad para el Estado”.
UPSZ, señalada en 2015 por simulación
En 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso el dedo sobre la UPSZ por una serie de convenios firmados con Sagarpa y en los que se refiere la simulación de operaciones por un monto de 34 millones 500 mil pesos.
Con los señalamientos del organismo fiscalizador, que califica el monto referido como “probables daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal”, esta universidad se vio envuelta en un entramado nacional de convenios entre instituciones de educación superior del país y dependencias federales que se asignan sin licitación pública de por medio y en la opacidad.
En ese año Sagarpa autorizó 18 proyectos con recursos del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, en su componente del Programa Regional de Desarrollo, de los cuales cinco “eligieron como institución académica para llevarlos a cabo” a la UPSZ.
Se trató de cinco personas físicas que solicitaron proyectos de desarrollo de plataformas web, una, para la integración de jóvenes en el sector agropecuario y, otra, para la promoción y operación de subastas directas e inversas de productos agropecuarios.
También se pedía la elaboración de tres estudios relacionados con alternativas para el aprovechamiento tecnológico y productivo del mango, para determinar esquemas de mejora de productividad en granjas acuícolas de tilapia y para aprovechar el producto de la Palma de Coco a través del proceso de deshidratación.
Modus operandi
Los cinco sumaban un total de 34.5 millones de pesos que fueron transferidos a la universidad por parte de Sagarpa, después de un proceso de firma de acuerdos que se repite invariablemente en este tipo de convenios señalados por la ASF como opacos y simuladores de operaciones.
Primero, la dependencia federal firma un “convenio de concertación” con los beneficiarios finales del proyecto; después, mediante un “contrato de cesión de derechos” celebrado entre estas personas y la institución educativa en cuestión se le cede a esta última la responsabilidad de recibir el recurso y llevar a cabo los servicios requeridos; y, por último, con un “convenio de colaboración” entre la instancia gubernamental y la universidad, se acuerda la transferencia del dinero.
La ASF señaló que en 2015 la UPSZ quiso demostrar la realización de los servicios para los cuales fue contratada con los mismos entregables que proporcionó para este fin Sagarpa, pero en cuyo contenido se advirtió que “tres de ellos fueron extraídos de diversas páginas de Internet, y por tanto, no fueron realizados por la UPSZ, por los proveedores, ni los prestadores de servicios contratados”.
No obstante, a pesar de no evidenciar que las personas contratadas habían trabajado para la universidad en estos proyectos, la auditoría cuenta con el respaldo de que la universidad pagó 25 millones 530 mil pesos de los 34.5 millones del convenio en total para la contratación de 3 proveedores bajo el concepto de “servicios de consultoría para los proyectos”, aunque no se presentó la documentación de los trabajos desarrollados.
Gastó otros 8 millones 965 mil 300 pesos para contratar 124 prestadores de servicios para llevar a cabo los trabajos “muy generales” de “supervisión de cuestionarios, elaboración de mapeos, determinación gráfica, coordinar actividades de los proyectos, levantar encuestas, elaborar base descriptiva, elaborar bitácoras de trabajo, elaborar el programa de trabajo, diseñar cuestionarios, supervisión”.
La mayoría de estas personas, dijo el órgano fiscalizador, “no contaban con el perfil requerido en cada proyecto, ya que de acuerdo con la información contenida en los documentos que muestran su experiencia laboral, existen personas cuyos perfiles corresponden a pasantes de la licenciatura de derecho, licenciados en contaduría, administración de negocios, alta dirección, finanzas, ingeniería industrial, licenciatura en publicidad de medios, ciencias de la comunicación, diseñadores gráficos, enfermería, entre otros”.
UAZ, también envuelta en entramado fraudulento
El 15 de febrero del presente año, La Jornada Zacatecas publicó un reportaje en el que se desvelaba la contratación por parte de la UAZ de dos empresas (Comercializadora Osemun S.A. de C.V. y Sistema Editor Laser S.A. de C.V.), cuyos giros de negocio no correspondían a la venta de los bienes y la prestación de los servicios requeridos por la máxima casa de estudios del estado.
Los recursos que se destinaron a estas compañías durante el 2016 formaban parte de una bolsa de 90 millones de pesos derivada de dos convenios con dependencias federales: la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Estos convenios fueron firmados por Edmundo Guerrero Sifuentes, quien era el director de la Unidad Académica de Contabilidad y Administración y, posteriormente, fungió como secretario administrativo de la UAZ.
Impunidad propicia reincidencia
Desde hace cinco años, la ASF ha hecho observaciones a este tipo de contratos, convenios y adquisiciones y, aunque la auditoría señala que son procedimientos legales, ha solicitado en reiteradas ocasiones que “se transparenten y acoten (…) para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público”.
Inclusive, el ente de fiscalización ha interpuesto denuncias ante las autoridades correspondientes por los hechos observados, pero “no se han obtenido resultados tangibles”, por lo que recalca que la impunidad ha propiciado una reincidencia en estas prácticas.
En la plataforma de Compranet, en la que debe aparecer toda la información sobre contratación de bienes y servicios, arrendamientos y obra pública, de las dependencias y entidades federativas con diferentes proveedores, no hay información de la UPSZ posterior al año 2015.
No obstante, las cuentas bancarias de esta universidad para recibir transferencias por el concepto de convenios federales continúan apareciendo en los estados contables de la institución este 2017 y son los que hasta junio, únicamente, ascienden a más de 200 millones de pesos.
Se buscó a la rectora de la UPSZ, Hilda Ramos, para su derecho de réplica, pero no hubo respuesta.
