Democratización y rendición de cuentas: la transición actual (Parte I)

Democratización y rendición de cuentas: la transición actual (Parte I)

De acuerdo a la teoría, las transiciones democráticas tienen generalmente tres etapas: la de liberalización, en la que se reconocen y amplían diferentes derechos políticos y civiles, a través de un proceso de apertura del régimen; la democratización en la que el propio sistema comienza a reconocer triunfos de la oposición, a ceder ante las movilizaciones sociales y a normalizarse el ejercicio de las libertades públicas, y finalmente la consolidación en la que la nueva realidad surgida se establece con plena vigencia, de tal forma que el retroceso se vuelve complejo e incluso antítesis de la convicción comunitaria.

Las tres etapas en el caso mexicano se han dado en ese orden, pero con paralelismos entre las tres, momentos en que una y otra etapa, han estado presentes en la conducta institucional y social, generando coyunturas de liberalización del régimen, democratización de la ciudadanía y consolidación de las conquistas, al mismo tiempo.

Según César Cansino, en términos del académico Robert Dahl, la democratización es la etapa de la transición democrática, en que a la liberalización, que es la ampliación de contestación pública, se une la participación. En México, podemos identificar dicho fenómeno en la etapa en la que, luego de la reforma política alcanzada en 1977, la participación ciudadana se notó en dos campos diferentes, pero paralelos en ese momento: la contienda político-electoral en los ámbitos locales y la respuesta de la sociedad civil, que respondió a diferentes hechos con organización y colaboración, más allá de la intervención del Estado.

En el primer caso las elecciones de 1986 en el estado de Chihuahua y la aguerrida respuesta que hizo un grupo nutrido y plural de ciudadanos, algunos miembros de la oposición y otros intelectuales, e incluso la jerarquía católica y empresarial de aquella entidad, a lo que, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett llamó, según Enrique Krauze, “fraude patriótico”. Aquella experiencia fue una muestra de la concientización de una sociedad que no quería más ser solo espectadora del juego democrático, sino involucrarse y ser agente activo del seguimiento de su derecho a elegir a sus representantes.

El segundo frente se había dado un año antes, ante la ineficaz respuesta del Estado a la crisis producida por el temblor del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, y que el mismo Krauze ha llamado “bautizo cívico”. Carlos Monsiváis, describiría aquel momento así: “El 19, y en respuesta ante las víctimas, la ciudad de México conoció una toma de poderes, de las más nobles de su historia, que trascendió con mucho los límites de la mera solidaridad, fue la conversión de un pueblo en gobierno y el desorden oficial en orden civil. Democracia puede ser también, la importancia súbita de cada persona.”

A partir de entonces las muestras de la convicción de los ciudadanos por no ceder más la tutela de los derechos personalísimos que le correspondían y la posibilidad de ejercerlos en colectivo, a través de sus propias convicciones coincidentes con las de sus iguales, fueron en aumento. Poco tiempo después, surgiría desde el seno mismo del entonces partido hegemónico una corriente democrática, en pos de la apertura del sistema dominante y la liberalización de la vida partidista.

El propio sistema no pudo hacer caso omiso a estas condiciones y comenzó a ceder, creando puentes de participación y de entendimiento con la sociedad civil a través de diferentes iniciativas, que culminaron con la ciudadanización de los órganos electorales y la autonomía constitucional de diferentes instituciones.

Finalmente, en 2000, la alternancia fue el resultado de la concientización de la ciudadanía del poder de su voto y la necesidad del cambio (lo del fracaso de la opción que se eligió para que tuviera lugar ese cambio, es asunto ajeno a esa decisión primaria).

A partir de entonces se comenzó a vivir un ambiente de plena democratización a partir del aumento de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, que por fin, hemos ido identificando como “cosa nuestra”, identificando con el término nuestro, lo que nos corresponde e involucra a todos.

Fue en 2001 cuando la insistencia de un grupo de presión, proveniente de la sociedad civil, generó la primera ley de acceso a la información pública y transparencia en el país. Una realidad distinta nacía entonces: el sistema se liberalizaba (cediendo), la ciudadanía actuaba, reafirmando sus convicciones democráticas y una relación de poder distinta a la que había predominado en el siglo pasado, se consolidaba a inicios del actual. ■

 

*Miembro de Impacto Legislativo

@CarlosETorres_

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