Hace pocas semanas el doctor Guillermo Cejudo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el Curso de Políticas Públicas y Gobierno Democrático, llevado acabo por dicha institución educativa en su Región Centro, con Sede en Aguascalientes, decía que estamos frente a una coyuntura histórica contra la corrupción, al volverse un tema de interés singular en la agenda pública.
Sin duda la expresión del doctor Cejudo, quien además es un experto en ése y otros temas relativos a la implementación de políticas públicas, es descriptiva del momento que en este momento vivimos en torno a ese debate que, hoy más que nunca, se ha vuelto un tema de inconformidad, reclamo e indignación pública.
No hay partido político que quede a salvo de dicho mal que carcome los esfuerzos colectivos por el desarrollo nacional, pero tampoco hay sector, clase o nivel social que escape de lo que, a manera de autocrítica, debemos aceptar es un mal cultural.
Lo es. Desde tiempo atrás Octavio Paz, Cosío Villegas y otros muchos más, han explicado el origen de la visión patrimonialista que, desde la Colonia se volvió un rasgo distintivo de nuestra acepción de lo público, que, en palabras de alguien más, no es de nadie, ni es de uno, sino de todos. No es un mal que aqueje sólo a quiénes ejercer el poder, lo es también de quiénes aceptan como un hecho la apropiación de lo público como particular e incluso, en aras de obtener un beneficio, alimentan dicha concepción de quién ostenta en el momento la administración del erario.
Hay que aceptar que, en lo que podríamos llamar la lógica del mercado de la corrupción, existen dos elementos igual de importantes: la oferta (disposición de un funcionario, representante o servidor público a ser corrompido) y la demanda (intención de un ciudadano a sobornar o inutilizar la ley a través de los medios a su alcance). Justo en el momento en que era redactada esta reflexión Animal Político informaba de nuevas grabaciones a Directivos de OHL, quienes planeaban sobornar a Magistrados mexicanos.
La idea no es repartir culpas, sino asumirlas. La constante posición de inmaculados puristas no nos sirve para atajar un problema que, frecuentemente es criticado y denunciado en público, pero que se acepta, impone y practica en lo privado. Quizá el primer paso debería ser partir de la idea de que el problema se encuentra en todos lados y en todos lados hay que combatirlo, fijando prioridades, pero sin obviar lo que pareciera ser minúsculo, pues es a partir de las células que se contamina cualquier tipo de cuerpo.
Recientemente no sólo los medios de comunicación, partidos políticos, legisladores, funcionarios y demás actores políticos se han enfocado en el tema, también lo han hecho con suma precisión la academia, las instituciones educativas y los organismos internacionales. De tal interés han surgido interesantes análisis, de los que destaco principalmente dos: el primero un artículo de Luis Carlos Ugalde, aparecido en la revista Nexos número 446, titulado La democracia multiplicó la corrupción, y el segundo recientemente dado a conocer por el citado Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), elaborado por la reconocida académica María Amparo Casar, titulado “México: anatomía de la corrupción”.
De este último me gustaría ocuparme en una segunda parte de esta misma reflexión (si las circunstancias y el medio me lo permiten), y sólo aporto un dato dado a conocer en la Introducción de dicho trabajo, que viene a fortalecer lo dicho antes por el Doctor Cejudo: de acuerdo a datos de Infolatina en 1996 la prensa mencionó la palabra corrupción en 502 notas, en 2014 lo hizo en 29,505. Sí, en definitiva la coyuntura es histórica.
Entre los datos más interesantes que aporta el artículo de Ugalde es el que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, la corrupción superó a la inseguridad como obstáculo para hacer inversiones en México. En su artículo el Director de Integralia, hace un recuento de casos, de todos los colores y latitudes, de casos de corrupción puestos en evidencia a través de distintos medios, entre ellos, las redes sociales, y de cómo, la alternancia no significó una disminución de ésta, sino su “democratización”. El ex – consejero Presidente del extinto IFE, supone el mal en la misma deficiencia del sistema que no abolieron las administraciones del “cambio”: el clientelismo. Para él pasamos de una gobernabilidad autoritaria a una gobernabilidad clientelista, alimentada principalmente por las prebendas y complicidades.
Recientemente se ha promulgado la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a nivel federal, que entre otras cosas, instituye el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, encabezado por el reformado INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), y que incluye a los organismos garantes de los estados (caso Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública –CEAIP- en Zacatecas), la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sin embargo, dicha Ley, los derechos que protege y las garantías que otorga, son apenas herramientas de un complejo mecanismo que tiene que ser echado a andar por la sociedad. Funciona. En Zacatecas hemos sido testigos de cómo los medios reflejan las multas y medidas de apremio que la CEAIP ha impuesto a diversos alcaldes sin que sea posible evitarlas o evadirlas. En transparencia y rendición de cuentas estamos dejando de lado los tigres de papel y les estamos dando instrumentos de coercibilidad a los organismos autónomos para hacer valer este derecho que nos asiste a todos los mexicanos.
A todos nos toca una tarea tan compleja como es abatir la corrupción. ■
@CarlosETorres_
