A lo largo de su vida independiente la nación Mexicana ha tenido varias Constituciones: El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824; la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
La Constitución mexicana de 1917 ya cumplió su ciclo histórico. Si la comparamos con muchas de las constituciones de América Latina veremos con claridad su evidente retraso, su falta de sistematicidad, sus contradicciones internas, su anquilosamiento, sus insuficiencias. Muchos constitucionalistas coinciden en que el país requiere una Constitución democrática y liberal, apropiada para la consolidación de una democracia para los ciudadanos, que tenga como eje central los derechos fundamentales de las personas y sus garantías. Ni más, ni menos: toda una agenda transformadora para un país fragmentado y desigual como el nuestro.
La razón por la que debemos considerar la necesidad de aprobar una nueva Constitución en México no es la edad del documento actual. La Constitución de 1917 ha evolucionado y nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Sin embargo, las reformas neoliberales impulsadas de 1982 a la fecha han desmantelado el pacto social que le dio origen, por lo que es necesario que los mexicanos volvamos a debatir para encontrar un nuevo acuerdo en lo esencial. Dada la situación político-social vigente, en virtud de los problemas y desafíos que aquejan al país hoy en día, necesitamos reconsiderar los términos del pacto de convivencia colectiva. Y, por eso, por los daños sufridos en el tejido social, por razones sociopolíticas, más que jurídicas, me parece que se debe considerar seriamente reconstituir el arreglo institucional fundamental. Una nueva Constitución es hoy necesaria porque es indispensable un nuevo pacto político. Y no al revés.
De acuerdo con Diego Valadez, la decadencia de varias de nuestras instituciones está en el origen de muchos problemas actuales del país. Sin embargo, los dirigentes políticos no han tenido la capacidad suficiente para llevar a cabo la reforma de Estado. Además, la sociedad se ha acostumbrado a las violaciones a la Constitución. Por ejemplo, el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil, de manera que el Ejército y la Marina sólo habrían podido participar en tareas de seguridad si se hubieran suspendido las garantías en los términos del artículo 29. El hecho es que hoy los partidos políticos guardan silencio y la sociedad acepta las violaciones constitucionales. Este fenómeno se conoce como anomia e implica la pérdida de adhesión espontánea a la Constitución. Sólo una reforma de excepcional importancia podría restituir a la Constitución su muy menguado prestigio. De no ocurrir así, en el mediano plazo será inevitable un nuevo pacto político.
Si el déficit de gobernabilidad que hoy padecemos se prolonga por algunos años más, la sociedad preferirá una Constitución diferente. Ésta podrá ser una demanda generalizada cuando nuestra norma suprema alcance el centenario. Eso sería lo deseable, aunque quizá esté lejos de lo posible, si consideramos la falta de capacidad para lograr acuerdos sustantivos que han demostrado nuestros gobernantes en los años recientes. Nada hace pensar que una clase política, en general mediocre, mezquina y con visión cortoplacista, sea capaz de conducir adecuadamente un tema tan relevante como lo es un Congreso Constituyente. Pero nuestro deber como ciudadanos es seguir insistiendo en lo deseable, aunque todavía parezca lejano. Lo que hoy parece utópico o imposible, el día de mañana será una realidad.
Dicho lo anterior, no debemos dejar de lado que el gran problema de construir una nueva Constitución en condiciones de incertidumbre y de polarización social y política como la que vivimos, es que el contenido resultante es imprevisible. No es lo mismo construir una norma mediante el diálogo y el acuerdo para salir de un orden dictatorial, como en la España posfranquista, que formularla para salir de un desorden institucional, como en el México que vivimos. Los riesgos para México son mayores de lo que se suele suponer, pues los poderes fácticos podrían deformar el proceso de manera que al final salga peor el remedio que la enfermedad porque acabe prevaleciendo la voluntad del más fuerte. Ello sólo se podrá evitar con una amplísima participación social y una gran capacidad para generar la convergencia más amplia de intereses populares en torno de textos muy bien redactados y, sobre todo, conocidos y adoptados por las grandes mayorías.
Pero podemos sustentar una visión optimista si asumimos como muy plausible la hipótesis de que sólo una gran movilización popular con demandas muy claras obligará a la élite del poder actual a lanzar una convocatoria para la celebración de un nuevo Congreso Constituyente, con lo que se reduciría al mínimo el riesgo que hemos considerado. Así, la pieza clave sigue siendo la irrupción del pueblo soberano para poner sobre sus pies lo que hoy está de cabeza. Las instituciones y las autoridades deben procurar el bienestar popular, y no al revés.
