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Presentan en el Congreso la iniciativa de Ley de Atención a Víctimas del Estado

Presentan en el Congreso la iniciativa de  Ley de Atención a Víctimas del Estado

■ Se proponen aproximadamente 4 millones de pesos para conformar fondo de apoyo

■ Es una norma espejo de la Ley General; su función, “aclarar” los faltantes o huecos, explican

Alrededor de 4 millones de pesos se proponen para conformar el fondo de apoyo a víctimas derivado de la iniciativa de Ley de Atención a Víctimas del Estado, leída ayer en el Congreso del estado tras ser enviada por el gobernador Miguel Alonso Reyes, y cuyo objetivo es salvaguardar y proteger los derechos de víctimas, aunque se podrán reparar daños exclusivamente por los delitos del fuero federal.

Se trata de una norma espejo de la Ley General de Víctimas, su función será “aclarar” los faltantes o huecos que a propósito dejó la ley federal, puesto que las condiciones de cada estado varían, dijo la presidenta de la Comisión legislativa de Seguridad y Justicia, Claudia Anaya Mota, al comprometerse a tener el dictamen en 45 días hábiles, a fin de ser aprobada en el pleno.

La iniciativa contempla 0.014 por ciento del presupuesto estatal para el fondo de apoyo a víctimas, además se creará todo un Sistema Estatal de Atención a Víctimas, el cual tendrá un órgano operativo denominado Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, conformado por un comisionado propuesto por el titular del Poder Ejecutivo y ratificado en el Congreso del estado.

El Sistema Estatal en su conjunto estará integrado por el gobernador, secretario general de Gobierno, procurador de Justicia, titulares de Seguridad Pública, Educación, Finanzas, Servicios de Salud, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Legislatura, presidente del Tribunal Superior de Justicia, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos del Estado y el encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas.

Aspectos de la sesión de la 61 Legislatura ■ FOTOS: ANDRÉS SÁNCHEZ

 

La iniciativa del gobernador establece la obligación de armonizar la legislación local con las disposiciones y estándares que prescriben los instrumentos nacionales e internacionales en la materia, a fin de garantizar la reparación integral del daño de alguna víctima de delitos o violaciones a sus derechos humanos, de modo que puedan recuperar su proyecto de vida y la justa reparación del menoscabo de sus bienes y derechos. Se busca indemnización y rehabilitar.

La ley entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, incluida la que proscribe el abuso de poder.

Respecto del derecho a la reparación integral consistirá en restituir o restablecer la situación a su estado original y anterior a la violación del derecho; la rehabilitación y orientación para la recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica, así como garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos fines.

La indemnización se refiere a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una violación y que fuere evaluable económicamente; comprende tanto el lucro cesante como el daño emergente. Se concederá en casos de daño físico o mental, pérdida de oportunidades, incluyendo las relativas a la educación, daños materiales, pérdidas de ingresos, incluido el lucro cesante, gastos de asistencia jurídica o de otros expertos, medicinas o servicios médicos.

 

Aspectos de la sesión de la 61 Legislatura ■ FOTOS: ANDRÉS SÁNCHEZ

También se establecen las llamadas medidas de satisfacción que plantean el deber del Estado de adoptar situaciones adecuadas para que las víctimas no puedan volver a ser objeto de violaciones que vulneren su dignidad y garantías de no Repetición.

El Estado además debe garantizar la ejecución de las sentencias nacionales e internacionales, que impongan reparación a personas o entidades privadas responsables de violaciones, disculpas públicas que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, así como conmemoraciones y homenajes a las víctimas

Se establece dar asistencia social y médica que requieran las víctimas en los hospitales y clínicas del sector público, resguardar la identidad y datos personales, asignar un traductor cuando no comprendan el idioma español o no se expresen con facilidad, en caso de ser integrantes de pueblos y comunidades indígenas, de oficio se les nombrará un intérprete.

Respecto del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que se crearía en Zacatecas, se contempla la indemnización o compensación por los daños causados por el delito o la violación a los Derechos Humanos, para ello será necesario tener una resolución judicial que determine la compensación y en caso de que el responsable hubiera fallecido, se desconozca o esté prófugo de la justicia la Comisión Ejecutiva será quien determine el monto del pago de una indemnización o compensación.

De conformidad por lo dispuesto por la Ley General de Víctimas se establecerá para el fondo local una partida presupuestal de 0.014 por ciento del gasto programable del presupuesto estatal asignado.

También habrá asesoría jurídica estatal y se establecerá el Registro Estatal de Víctimas, como mecanismo administrativo y técnico que soporta los procesos de ingreso, registro y atención.

En términos generales se considerará un sistema de atención y un protocolo para las víctimas, sean del fuero federal o común.

Por otro lado, en la misma sesión, previo a la reforma que se avecina, se propuso crear una comisión especial para el rescate financiero del Issstezac, dependencia que tiene 2 mil 100 pensionados y más de 21 mil 900 derechohabientes.

Se habló de establecer una mesa de trabajo plural en la que participen legisladores locales, federales, representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  y de la Secretaría de Finanzas del estado, así como la junta de gobierno del instituto, pero sobre todo los trabajadores y pensionados, a fin de concretar un rescate financiero y no dañar a sus trabajadores.

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