El pasado 12 de septiembre se realizaron asambleas para elegir comités delegacionales en la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la que pertenecemos maestras y maestros de educación inicial, prescolar, primaria y educación especial. Tal actividad tuvo lugar después de 26 años, tiempo en que el charrismo apostó a la desaparición de todas las estructuras sindicales y al olvido de aquellas grandes movilizaciones de la primavera magisterial de 1989.

La cosa no es menor si consideramos que la mayoría de los más de 40 mil mentores y mentoras de nuestra sección no habían vivido un acto sindical de esa naturaleza, en razón que desde 1998 todas las dirigencias estatutarias de la novena han sido impuestas desde las cúpulas del charrismo mediante fraudes, cobijados siempre por los gobiernos en turno.

A esas imposiciones, el movimiento democrático magisterial de la CNTE ha respondido con la elección de comités ejecutivos democráticos, con la participación de cientos de representantes de escuela; es decir, no hemos tenido el reconocimiento legal, pero sí el reconocimiento legítimo. La labor no ha sido fácil si tomamos en cuenta que no hemos contado con comisionados (gente que se dedica sólo a actividades político-sindicales) y tampoco hemos tenido recursos económicos, pues todos los millones generados por las cuotas sindicales que arbitrariamente nos quitan quincena a quincena se los entregan a la élite charril del SNTE.

En ese contexto, las referidas asambleas delegacionales en ningún sentido fueron muestra de democracia, como quiere hacerlo ver el charrismo, sino una sucia y alevosa maniobra, considerando que la convocatoria fue dada a conocer de manera soterrada apenas tres días antes del proceso, con el objetivo de no dar tiempo para que las profesoras y profesores se organizaran y formaran su planilla.

En cambio, ellos, como juez y parte, integraron sus planillas con semanas de anticipación mediante el clientelismo y la colaboración de una parte de la estructura oficial compuesta principalmente por directivos, quienes en esa calidad ejercieron coacción hacia el personal de sus centros de trabajo.

La otra parte de la maniobra fue no convocar a asambleas en las zonas escolares donde la CNTE tiene clara presencia, es decir, fue un acto de exclusión.

Ya en el desarrollo de las asambleas, hubo actos encomiables de cientos de maestros y maestras, quienes, a pesar de la conducción amañada del charrismo, se organizaron, pudieron armar su planilla roja y ganaron sus comités delegacionales. Lo inverosímil es que no les entregaron acta de resultados de la elección, cuando es una obligación, según lo marcan sus propios estatutos, en el artículo 272.

Estas irregularidades son suficientes para desconocer el proceso y demandar su total reposición, como también tiene que ser repuesto la elección de un nuevo comité ejecutivo seccional estatutario, como hemos demandado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dadas las anomalías y la exclusión de la que fue objeto nuestra planilla roja en junio de 2023.

Es claro que este nuevo fraude tiene que ver con la próxima renovación del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, encabezado hoy por el senador Alfonso Cepeda, al querer planchar el camino para que no haya sobresaltos.

Lo sucedido con las asambleas delegacionales es tan sólo una de las muestras de la antidemocracia que ha imperado en nuestra sección hace ya varias décadas. Contra ello, hemos resistido con movilización y denuncia política jurídica. Incluso en 2010 ganamos una demanda en tribunales, que no fue respetada. Ayer como ahora, hemos demostrado la ilegalidad, los fraudes, la trampa del charrismo sindical y, sin embargo, no pasa nada.

Lo que se anunció como avance importante relacionado con el voto directo, personal, libre y secreto, establecido en 2019 en la Ley del Trabajo en el artículo 371, fracción IX, por sí sola no es suficiente para democratizar a los sindicatos. Más bien ha sido la vía para legalizar el charrismo, como sucedió con los petroleros o la mayoría de las renovaciones de los comités seccionales en los estados del país. Es necesario generar piso parejo, desmontar la estructura y las vías con que se alimenta el charrismo.

En el inicio de un nuevo gobierno, la pregunta que nos hemos hecho a lo largo de muchos años sigue vigente e intacta: y la democracia sindical, ¿cuándo?

Después de diez días de paro del edificio de lo que fue el Súper-ISSSTE, por el grupo de “Delegaciones Sindicales Democráticas”, la secretaria general del Sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), Dra. Jenny González Arenas, tomó la definición política de no dialogar. Se debe recordar el contexto del paro para calibrar las implicaciones. No fue resultado de una ocurrencia o un hecho aislado. No fue decisión de un líder en busca de notoriedad o posicionamiento en la carrera por la rectoría. Al contrario, fue el resultado de una larga brega por transparentar los movimientos habidos en el sindicato que se relacionan directamente con los fondos comunes de los agremiados. Comenzó en una reunión de Coordinadora de Delegaciones el jueves 8 de agosto de 2024. Se preguntó de manera directa a la secretaria general si adquirió un edificio del ISSSTE. Respondió que no. Posteriormente, en declaraciones a diarios (e.g. “Rumores son para obstaculizar trabajo del SPAUAZ” La Jornada Zacatecas, 15/08/24), comentó: “…en este momento no puedo aseverar nada porque cometería un error si afirmo o niego esa situación pues realmente no está nada concreto”. Sin embargo, según documentos publicados por la mal llamada “Fundación”, los préstamos para adquirir el inmueble los contrajo desde el 21 de junio, y se los solicitó y aprobó ella misma. Al parecer, la certeza en adquirir el inmueble era tanta que se autoprestó todo el dinero en una misma fecha. Cabe observar que en el “Informe de la licitación”, la dra. González, en la “Cronología de la compra” afirma que pagó el 19 y 24 de julio. ¿Por qué entonces negar la compra el 8 de agosto y declarar en medios que no estaba concluido el asunto? ¿Qué faltaba? No lo ha dicho. En el ínterin las solicitudes de información por escrito no faltaron, y las respuestas a cada una de estas no llegó. Con eso se violó reiteradamente el artículo 15, fracción (e) de los Estatutos del SPAUAZ que a la letra dice: “Exigir y obtener de sus representantes sindicales cualquier información sobre asuntos sindicales”. Debe enfatizarse la palabra “exigir”. Cualquier sindicalizado puede exigir la información. Ahora, según la nota “SPAUAZ debe entregar reglamento de asociación civil” (El Sol de Zacatecas, 3/10/24) el rehusarse a entregar información es una definición política más del grupo que dirige al sindicato. Entonces, según parece, la dra. González decide convocar a Asamblea General extraordinaria para el día 24 de septiembre de 2024 para informar. ¿Por qué no informó antes? Desde julio o agosto. Ante ese evento, el grupo de “Delegaciones Sindicales Democráticas” decidió aprovechar la oportunidad y emplazar a la dirigente a que dialogara, consensara, llegara a acuerdos y proporcionase la documentación de todo el proceso. Desde el convenio entre la mal llamada fundación y el SPAUAZ hasta el proyecto de financiamiento de la reconstrucción del inmueble. Decidió, el grupo mencionado, emplazar, es decir: poner lugar y fecha para que se entregasen los elementos probatorios ante la actitud omisa de la secretaria La decisión de la líder sindical fue denominar “grupos de choque” a quienes querían dialogar y postergar la reunión. A partir de ahí el grupo “Delegaciones Sindicales Democráticas”, tras discutir, in situ la eventualidad, tomó la decisión colectiva, democrática y plural de mantener el paro hasta que se diese el diálogo. Con la condición de que se llevara a cabo con documentos fehacientes. Uno de los principios básicos del sindicato es que debe permitir la discusión y buscar la unidad. En esto fracasó la dirigencia sindical, pues mantuvo el conflicto, polarizó con sus declaraciones irresponsables y malinformó al gremio al aducir que sí hay la documentación que se pide. Para muestra de lo que ofrecen un botón. En el documento titulado “Contrato de mutuo simple” se dice que el SPAUAZ se fundó el 30 de abril de 1960, y aunque sí se establece la personalidad jurídica de quien en nombre del SPAUAZ adquiere la deuda, no ofrece el fundamento jurídico de las facultades que dice poseer. Y sin eso el convenio es nulo, como gustan de decir los voceros de la neoderecha cuando les conviene. Tampoco adjunta el acta de Asamblea, o de autoridad que haya dado el permiso, para que la secretaria de finanzas y patrimonio avale con su firma la deuda adquirida. Errores, ausencias, falta de diálogo, acusaciones y denostaciones. Y burlas, pues en la tabla de amortización se especifica que el adeudo es por 32,000,000,000 (treinta y dos mil millones). Lo importante de ese “Contrato de mutuo” es que constituye la demostración irrevocable de que el dinero de los agremiados no está seguro, y la mal llamada “Fundación” carece de medios de control interno. Es decir, la secretaria o secretario general puede disponer del dinero de los socios de la mal llamada “fundación” sin solicitar permiso de nadie. O al menos eso es lo que se comprometen a defender los seguidores de la Dra. González. Ya defiende el “dedazo” en la comisión mixta, ahora deberán argumentar que la secretaria general puede disponer, sin solicitar permiso de nadie del dinero de la fundación, ponerle el interés que quiera al préstamo y endeudar al sindicato. Cada día, esa expresión política se hunde más…

Concluido el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado desde sus primeras palabras, que la política en materia de energía pasará a su segunda etapa para buscar la soberanía energética de forma sustentable.

En su discurso en el zócalo capitalino, enumeró las 100 acciones de su sexenio. Dentro de estas acciones destacó el continuar con el fortalecimiento de PEMEX y la CFE como las empresas primordiales del sector y con la clara rectoría del estado. 

En el caso de PEMEX, hizo entrever que su fin quedará limitado al mercado interno e incluso, planteo un par de acciones que claramente muestran su interés por comenzar un cambio en el comportamiento de consumo de productos energéticos.

Primero, mencionó que se revisaran las normas oficiales mexicanas (NOM) para que los vehículos comercializados en el país, sean con mejores eficiencias energéticas para disminuir la demanda de combustibles fósiles y evitar la necesidad de expandir la capacidad de PEMEX o verse en determinado punto en la necesidad de volver a importar combustibles.

Otras dos acciones mencionadas por la presidenta, son el desarrollo de la industria del litio con tecnología mexicana. Hay que recordar que el litio es actualmente una pieza fundamental para el desarrollo de baterías eléctricas necesarias en la producción de vehículos eléctricos. La segunda acción, es el desarrollo de un vehículo eléctrico que sea más accesible que los actuales. El Olinia, sería el encargado de democratizar la electromovilidad buscando reducir el consumo de gasolina y ayudando de esta forma a depender menos de los derivados del petróleo.

Dentro del sector eléctrico, se mencionó que la CFE mantendría por lo menos el 54% de la generación de electricidad y que para el año 2030 un 40% del total de la capacidad instalada del mercado eléctrico mexicano, tendría que provenir de las energías renovables.

De concretarse estas acciones, una de las mayores críticas al gobierno del expresidente AMLO por parte de los ambientalistas, que era la falta de impulso a las alternativas energéticas comenzará a desvanecerse, y era algo previsible dada la formación académica y científica de la presidenta Sheinbaum.

La eficiencia energética y el impulso a las energías renovables, serán las políticas en materia energética que estarán muy presentes en el plan de desarrollo del actual gobierno, dando por iniciado el periodo de la transición energética. Será un proceso largo, que no terminará al finalizar el sexenio, y que seguramente será impulsado en forma conjunta con el sector privado.

Hay un tema en particular que creo hace falta impulsar y que no fue mencionado por la presidenta y es el de la producción del llamado hidrógeno verde, un vector energético y un insumo fundamental para muchas industrias. Para muchos expertos del sector, es un compuesto necesario para alcanzar una verdadera transición energética y del cual estaré hablando en una siguiente entrega.

En diciembre de 1988 el Secretario General y los Coordinadores de Asuntos Laborales y de Admisión, Adscripción y Promoción del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), objetaron el trabajo que venía desempeñando el representante institucional ante la Comisión Mixta de Admisión, Adscripción y Promoción UAZ-SPAUAZ.

Con fundamento en la Cláusula 33 del Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT), le manifestaron al representante su amplia inconformidad por las prácticas irregulares en su desempeño. Enfatizan que, debido a su interpretación y aplicación del Reglamento Académico de la Institución, se afectaron los derechos laborales de varios maestros. Solicitan una nueva revisión de los expedientes de los afectados, tomando en consideración los criterios de revisión empleados en los periodos anteriores.

En diciembre de 1990 el Comité Ejecutivo del SPAUAZ le comunica al Rector que conforme a lo señalado en la Cláusula 66 inciso “g” en su segundo párrafo, “La Universidad se compromete a pagar el aguinaldo de cada año el día 10 de diciembre, o en su caso el día hábil anterior”. Le solicitan informe del cumplimiento de dicho compromiso.

Le notifican que era del conocimiento del Sindicato que en el presupuesto autorizado para 1990, estaba contemplada la erogación correspondiente a la prima de antigüedad de cada mes, los bonos de habitación, así como el aguinaldo, por lo que no se aceptaría como válido el argumento de que por la falta de recursos económicos no se pagarían dichas prestaciones.

Por otra parte, le reiteran que el SPAUAZ ya había cumplido con los compromisos establecidos con el Secretario de Educación Pública, Lic. Manuel Bartlett Díaz, lo que implicó el análisis de la problemática sindical y universitaria y que le harían llegar las memorias correspondientes. 

En relación al servicio médico le mencionan que en el Congreso Sindical se realizó un pronunciamiento público, donde se le solicita que precise al detalle las características de la propuesta de incorporación a un régimen de seguridad social, sobre todo, en relación a las diversas prestaciones que se verían afectadas ante tal supuesto, lo que era rechazado tajantemente.

Le hacen saber que se repudia la intensión de forzar la discusión de la propuesta mencionada, utilizando como presión la amenaza de no pagar los aguinaldos. Y que consideran como fundamental establecer condiciones más adecuadas para continuar el proceso de discusión de la problemática sindical y universitaria, lo que evidentemente partiría del cumplimiento cabal del pago de los adeudos.

En mayo de 1995 el SPAUAZ solicitó al Rector un incremento salarial de emergencia, las respuestas a la demanda fueron:

• La Institución manifiesta su preocupación por la situación económica del país, la que había lesionado severamente los ingresos de los trabajadores, en particular de los universitarios.
• Considera legitima la demanda de incremento salarial planteada por el Sindicato.
• Que, en consecuencia a lo anterior, la Rectoría se había enfocado a la gestión de mayores recursos, existiendo una propuesta de la que se realizaban las siguientes consideraciones.

Era del conocimiento general que el tabulador vigente para el personal académico de la UAZ, guardaba diferencias en su composición con el autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). La aproximación entre los dos modelos era significativa en cuanto a montos. En lo relativo a sueldos el modelo SEP era superior al de la UAZ, en las prestaciones el modelo SEP se encontraba muy por debajo del de la Universidad. De tal manera que en una adecuación los salarios se incrementarían, pero en el caso de las prestaciones sólo se conservarían las de prima de antigüedad, de vacaciones, ISSSTE, FOVISSSTE, aguinaldo y SAR. De proceder así, los trabajadores académicos tendrían que cubrir su porcentaje al ISSSTE y los incrementos en el impuesto sobre el producto del trabajo.

La Rectoría proponía al SPAUAZ que para ese momento u otro posterior inmediato, se realizara de manera conjunta, el estudio comparativo y se tomara en su caso, la decisión para romper esa dualidad que dificultaba las negociaciones y cálculos cuando de incrementos salariales se trataba. Sobre la petición específica realizada por el SPAUAZ, la propuesta de la SEP consideraba una reordenación tabular por categoría y nivel.

En junio del mismo año, el entonces Secretario General del SPAUAZ presenta su renuncia al cargo con carácter irrevocable. Los siguientes son algunos de los motivos que lo llevaron a tomar tal decisión.

• En su opinión los tiempos políticos de legitimidad del liderazgo sindical empezaban a agotarse.
• Consideró, que había triunfado en la UAZ una política antisindical por parte de la mayoría de los directores y coordinadores de escuelas, facultades y centros, quienes habían convertido los espacios académicos en “feudos” personales, contratando al personal académico más por el amiguismo y el compadrazgo que, por los procedimientos establecidos en el CCT.
• La existencia de una cultura de la “personalización” de la gestión sindical, atribuyendo al Secretario General, el estado de pérdida o ganancia en los movimientos de huelga, sin considerar que en los mismos están presentes toda una madeja de interés políticos de los diferentes grupos y el desinterés de otros.
• Por el boicot al trabajo sindical patrocinado por los directores y coordinadores de escuelas, facultades y centros y por los funcionarios de la administración central, obstaculizando la gestión sindical.
• Por la prevalencia en buena parte de los integrantes del Sindicato de la apatía, desinterés y desencanto y por haber logrado solo una participación espontanea de la gente en momentos de coyuntura.
• Al tener una identidad plena con el SPAUAZ se sentía frustrado por las resistencias que venían del pasado y por trato desigual de los funcionarios de la Universidad y del Gobierno del Estado.
• Por no haber logrado edificar un perfil de dirigencia sindical (ni de avanzada, de principios, pragmático, consecuente, ni siquiera burocrático), debido al nulo compromiso de los integrantes de la dirigencia sindical.
• …

Ante la renuncia del Secretario General en consenso el Comité Ejecutivo acuerda nombrar como Secretario General Interino al Coordinador de Asuntos Laborales y Educación Sindical; tomando como base:

• Los artículos 18, 30 y 32 del Estatuto del SPAUAZ, así como los antecedentes que existían al respecto.
• La situación que prevalecía en la universidad: la exigencia de afrontar en lo inmediato los compromisos derivados del proceso de huelga (promociones de categoría, basificaciones, regularizaciones, etc.); culminación del ciclo escolar, periodo de exámenes, periodo vacacional, etc.
• La inestabilidad política que se generaría al convocar en lo inmediato a elecciones extraordinarias (para designar nuevo Secretario General), lo que obstaculizaría los procesos de basificación, promoción y regularización entre otros. 

El SPAUAZ es el resultado de una lucha permanente por parte de sus fundadores, los que con un espíritu de solidaridad, consistencia y tenacidad lograron su reconocimiento por parte de la Autoridades Universitarias, lo que las viejas generaciones no deben olvidar y las nuevas tomarlo en cuenta antes de atentar en su contra.

Se parte de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia (LUMAT). Informes:

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¹Docente Investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. LUMAT