■ Fue autorizada la prórroga de un mes para allegarse de más asuntos legales: Luis Acosta Jaime

Las comisiones legislativas de Vigilancia, Presupuesto y Cuenta Pública solicitaron prórroga de un mes para emitir un dictamen respecto de la auditoría financiera que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó al ejercicio 2010-2013 de la pasada 60 Legislatura. Además diputados de oposición solicitaron la renuncia de los secretarios de Gobierno y el de Finanzas, Francisco Escobedo y Fernando Soto, respectivamente, por presuntos actos de corrupción.

Ayer en sesión ordinaria del Congreso, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Luis Acosta Jaime, pidió al pleno permiso para ampliar la dictaminación con el objetivo de allegarse de más asuntos legales para emitir un dictamen definitivo que califique el ejercicio de fiscalización realizado a los anteriores diputados.

Aunque no lo dijeron así los diputados, la determinación se da después de la polémica generada en los últimos días por la presunta malversación de recursos en la pasada administración, pues se les acusa de haberse auto asignado cada uno 200 mil pesos mensuales para gastos de gestión, además de que erogaron sin corresponderles el recurso de los últimos cuatro meses del año. Justo en ese tema, después de haber dado la prórroga por unanimidad y sin discusión, ya en asuntos generales la coordinadora del PAN, Guadalupe Medina Padilla pidió que el secretario general de gobierno, Francisco Escobedo y el de finanzas, Fernando Soto presenten su renuncia por presuntamente haber corrompido a algunos ex diputados con 100 mil pesos para que aprobaran el presupuesto de egresos 2013.

La panista dijo que si bien los diputados involucrados deberán explicar las presuntas irregularidades, la actual Legislatura no puede permanecer muda y por ende el Ejecutivo debe recuperar su credibilidad actuando en consecuencia.

“Al carecer de solvencia moral, Soto y Escobedo deben renunciar, incluso abstenerse de acudir a la glosa del informe, porque han dejado de ser merecedores de confianza para el pueblo y han traicionado los principios de la moral”.

El planteamiento de la panista fue avalado por petista, José Luis Figueroa Rangel y el perredista, Iván de Santiago Beltrán. Pidieron una investigación a fondo a fin de tomar determinaciones, en el entendido de que “el oficio político de Francisco Escobedo ha dejado mucho que desear”.

Los priístas y ecologistas por contrario respaldaron a los secretarios, aunque también se pronunciaron por realizar una investigación a fondo. La diputada Araceli Guerrero intentó hacer una analogía con la grabación del ex presidente, Vicente Fox, quien le dijo a Fidel Castro “comes y te vas”, comentó que aún con ello el ex panista siguió siendo presidente.

Cuauhtémoc Calderón invitó a sus compañeros a tomar decisiones con mesura porque no se sabe si los secretarios son culpables o inocentes, incluso les externó su voto de confianza y pidió investigar para no caer en la tentación de juzgar en un día.

El coordinador de la fracción del PRI, Rafael Gutiérrez aseguró que los funcionarios estatales en mención se han desempeñado con responsabilidad, por lo que el hecho de que en un audio se les menciona, no significa que violentaron la ley. “Se tiene que deslindar responsabilidades, no es justo ni conveniente hacer juicios anticipados”.
De igual manera el priísta José Haro creyó prematuro juzgar a los secretarios cuando ellos ni siquiera estuvieron presentes en el audio, dijo por contrario, que la glosa podrá ser buena tribuna para discutir el tema de frente. “Aunque reconozco de su credibilidad y honestidad”.

Ya en otro tema, en la misma sesión, algunos representantes populares debatieron el tema de la reforma hacendaria planteada a nivel nacional. Mientras que el petista, José Luis Figueroa Rangel y el perredista, Iván de Santiago la consideraron regresiva para el país, los priístas Ismael Solís, Araceli Guerrero y Claudia Anaya defendieron la propuesta.

El petista, Figueroa refirió en asuntos generales que la reforma hacendaria no toca a poderosos y los 400 grupos económicos más grandes del país conservarán sus beneficios al pagar sólo 1.7 por ciento de sus ingresos.

Además, dijo, el seguro de desempleo es un riesgo para los trabajadores porque se tratará de una ampliación a una prestación que ya tienen al disponer de su fondo de retiro por adelantado, por mencionar algunos apartados.

Declaraciones que refutó Claudia Anaya quien pidió al petista que cuando hable cite artículos para evitar que sólo se lea una nota periodística. Araceli Guerrero consideró que la ley sentará un régimen fiscal justo donde quien tiene más, pague más e Ismael Solís creyó que Figueroa no ha ubicado a Enrique Peña en su justa dimensión, “pues el presidente encabeza un gobierno progresista y transformador”.

Por otro lado, sin discusión y por unanimidad los legisladores aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que impulse la creación de un fondo económico zacatecano para desde el Presupuesto de Egresos 2014, atender los desastres naturales, a fin de que el recurso esté disponible en todo momento cuando se requiera atender problemas generados por contingencias climatológicas.

Fue aprobada otra iniciativa punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría General de Gobierno, agilice la entrega de las partidas presupuestales del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de manera urgente para resolver las afectaciones provocadas por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel.

Ayer se designaron algunas comisiones legislativas: Atención a Grupos Vulnerables que será presidida por la petista Guadalupe Hernández; Obras Públicas, con el priísta, Ismael Solís al frente; Fortalecimiento Municipal con el petista José Luis Figueroa como presidente; Educación encabezada por María Elena Nava del Panal y la de Atención a Migrantes para Rafael Bueno del PRI.

Se eligió finalmente al ecologista, Cuauhtémoc Calderón Galván como presidente de la mesa directiva de octubre.

Los modelos para candidaturas independientes de Zacatecas y Quintana Roo, primeros en el país implementados para estos casos, fueron definidos como exitosos -como ejemplo fue citado el triunfo del primer candidato independiente en el país, obtenido para el municipio de Enrique Estrada-; pero perfectibles, en una visión comparativa ofrecida en el seno del Foro Nacional Candidaturas Independientes. Evolución del Sistema Electoral Mexicano, en su jornada de ayer.

Sin embargo, se expuso como rasgo común la inequidad tanto en el financiamiento como en el acceso a tiempos de radio y televisión, en relación a estos mismos rubros a que tienen derecho los partidos políticos, además de una serie de filtros, controversias constitucionales y problemas logísticos que debieron y deben sortear tanto las autoridades electorales como los ciudadanos, para hacer valer este derecho actualmente “en construcción”.

Leticia Soto Acosta, consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), puntualizó al respecto y como una lectura de los resultados de este ejercicio en el estado, que la mayoría de los casos constituyeron la tercera fuerza política y que si hubieran tenido derecho a representación proporcional habrían accedido a espacios en regidurías.

En las elecciones donde participaron los candidatos independientes se logró 70 por ciento o más de participación ciudadana, lo que confirma “que sí vienen a refrescar y a motivar”, la misma, añadió.

Con la reforma al artículo 35 de la Constitución que amplió el derecho al sufragio a los ciudadanos a cargos de elección popular de manera independiente, la posterior incorporación en los artículos 17, 18 y 19 de la figura de candidaturas independientes en la nueva Ley Electoral del Estado de Zacatecas, empezó la construcción de este modelo para el estado, dijo Gilberto Padilla, moderador en esta sesión y actual consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

Las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por diferentes actores interesados en que se verificara en la realidad la posibilidad de las candidaturas independientes, fue construyendo el modelo zacatecano al obligar a instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a resolver estas controversias.
En este proceso, al determinar la SCJN la facultad de IEEZ para elaborar el reglamento respectivo fue posible completar el mismo a fin de dar certeza jurídica a los contendientes por esta vía, diría más tarde Leticia Soto Acosta, consejera presidente del Instituto Electoral del estado.

Una de las etapas comparadas que exhibe las dificultades para concretar una candidatura independiente, es el denominado “Respaldo o Apoyo ciudadano”.

Para el caso de Quintana Roo relató el consejero presidente del Instituto Electoral de aquella entidad, Jorge Manríquez Centeno, era necesario según su reglamento, después de recibir las solicitudes de aquellos interesados en competir mediante candidaturas independientes, que los ciudadanos expresaran su voluntad de apoyarlos apersonándose en las oficinas distritales de este organismo con credencial de elector en mano.

Como ejemplo citó el municipio de Benito Juárez, en que 2 por ciento del padrón, que también según se especificó como requisito tendría que manifestarse cuantitativamente en apoyo a un candidato ciudadano, significa 9 mil 500 solicitudes. Esto implicó que por lo menos este número de personas asistieran y fueran atendidas en menos de 13 días por los funcionarios del IEEQR.

En Zacatecas ofreció la experiencia sobre el mismo tema, Catalina Soto Acosta, consejera presidente del IEEZ, quien dijo que se revisaron 32 mil 732 registros de ciudadanos en apoyo a diversas candidaturas independientes a alcaldías, en una modalidad distinta, pues fueron recuperadas sin asistencia a las oficinas del IEEZ, sin embargo, sí fueron validadas con la información del padrón ofrecida por el IFE, a tan sólo 10 días del inicio del registro de las candidaturas.

Ambas experiencias en términos logísticos representan grandes esfuerzos, dijeron los funcionarios.

En relación al financiamiento y para el caso de Quintana Roo, durante el periodo de respaldo ciudadano los precandidatos a la alcaldías sólo pueden recibirlo de origen privado y se equipara en tope a la última precampaña a gobernador en aquella entidad, que en este caso fue de 2 millones de pesos. Esto lo observa el consejero presidente del IEEQR como una figura equivalente a la precampaña electoral.

Después de este filtro solamente quedaría un candidato por modalidad, mismo que hubiera rebasado el 2 por ciento en apoyos ciudadanos y a otros contendientes.
Una vez obtenido el registro, los candidatos ciudadanos a ayuntamientos pueden recibir financiamiento público que se obtiene de la cifra de “30 por ciento igualitario a partidos políticos”.

Si cada partido recibió un millón 400 mil pesos, ya definido como 30 por ciento del total destinado al proceso electoral, en este caso un millón 400 mil se dividieron en Quintana Roo entre las cuatro candidaturas independientes registradas para ayuntamientos. Esto es una diferencia de financiamiento “totalmente considerable”, dijo Manríquez Centeno.

En cuanto al acceso a la radio y televisión también se tomó ese 30 por ciento igualitario con una salvedad, expuso Jorge Manríquez, que a todos los candidatos independientes se tomó como uno más, en lugar de dividir los tiempos entre siete, número de candidatos partidistas, se les dividió entre ocho”, .

“Si cada partido político tenía acceso a 70 spots, al final del día cada candidato independiente en forma real accedió a cuatro espacios por estación de radio y televisión, entonces estamos hablando de una disparidad total”, puntualizó.

En el caso Zacatecas, comentó en su momento Catalina Soto Acosta, fue el IEEZ quien cedió parte de sus tiempos para la emisión de spots en radio y televisión para los candidatos independientes, mismo que se tradujo en 106 impactos de 30 segundos en cada emisora de radio y canal de televisión, aseveró.

El financiamiento para las campañas electorales independientes fue privado dijo, en ello se sentó un precedente nacional. El IEEZ se obligó a retribuir al ganador 50 por ciento de lo que haya gastado, mismo que deberá reintegrarse equitativamente entre sus aportantes, cosa que verifica este organismo mediante una lista que se le entrega de los mismos, señaló

Agregó que ya tienen los informes de los gastos de campaña de los candidatos independientes y que los mismos “casi alcanzan” el tope definido por ley.

■ Urgente, regular tema del financiamiento, para evitar intromisión de delincuencia organizada

El modelo de las candidaturas independientes en Zacatecas logró abrirse camino en el estado a pesar de las trabas que se impusieron tanto en el Congreso local para su aprobación, como en el reglamento elaborado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

Estas observaciones se fueron desglosando durante el segundo panel de expertos realizado en el Foro Nacional de Candidaturas Independientes, que inició este jueves en el auditorio del Palacio de Justicia de la capital zacatecana.

Se analizaron las experiencias vividas este año en dos estado de la República con la nueva figura política, y que fueron Zacatecas y Quintana Roo. Uno de los aspectos más polémicos en cuanto a la participación en los procesos electorales de los aspirantes sin partido, fue el número de firmas que tienen que presentar en su registro para ser aceptados como candidatos por el instituto electoral de cada entidad.

En este sentido, Santiago Nieto Castillo, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que “Quintana Roo establece 2 por ciento y Zacatecas tiene esta regla de 5 a 15 por ciento de conformidad con la densidad poblacional”.

Además, recordó que esta cifra establecida por el IEEZ en la entidad ya fue considerada como inconstitucional por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual “señala que esa disposición es desproporcionada y señala que se tiene que ajustar al número de personas que sean necesarias para constituir un partido político de nueva creación”.

Agregó que, cuanto más elevado sea el porcentaje de firmas exigido a los candidatos independientes, más difícil será su participación; “si subimos el umbral vamos a tener más dificultad de tener candidatos independientes, sobre todo en municipios o distritos importantes”, precisó.

Además, cuestionó el hecho de que se tome como base para aplicar este porcentaje el padrón electoral, que alberga a un mayor número de personas, antes que el listado nominal, que está conformado por las personas que ya se encuentran en el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales.

De igual forma otro de los panelistas, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, coincidió que “el caso de Zacatecas está fuera de la norma nacional e internacional” y comentó que convendría que este requisito fuera de entre 2 y 3 por ciento.

El tercer participante en el panel, César Iván Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, añadió que “ya la sala regional declaró que ese porcentaje es desmesurado, es extremadamente alto y por lo tanto es injustificado e inconstitucional”.

Explicó que, si bien no se puede comparar ni igualar a los candidatos independientes con los aspirantes que pertenecen a algún partido político, tampoco se puede “establecer una distancia donde le pidamos más cosas al candidato independiente de lo que le pedimos al partido político. Y yo creo que la lógica que está imperando en esto es esa, porque estos porcentajes están muy arriba de lo que pedimos para la constitución de un partido político”.

Aparte de los obstáculos que se crearon con el reglamento aplicado en Zacatecas, los tres panelistas hicieron referencia a la falta de trabajo legislativo, tanto en la entidad como en el resto del país e, incluso, en el Congreso de la Unión.

En este sentido, Santiago Nieto aseguró que en México “sí tenemos un problema de omisión legislativa grave” y esta ausencia de labores de legislación en materia de candidaturas independientes, puntualizó, se considera como una violación directa a la Constitución, por lo que debe hacerse el exhorto a los diputados para que legislen en esta materia a la brevedad.

Por su parte, César Iván Astudillo aseguró que “estamos en un momento en el que las candidaturas ya deberían estar reguladas y han regulado alrededor de seis o siete estados de la República, si me apuran; pero la gran mayoría, las dos terceras partes de los estados no ha regulado ni la Federación ha regulado”.

Otro de los aspectos que deben regularse con urgencia es el tema del financiamiento, según explicó Santiago Nieto, para evitar “algún tipo de efecto negativo como pudiera ser la financiación ilícita a través de la delincuencia organizada o de cualquier otro mecanismo de financiamiento ilícito”.

También trató la cuestión del transfuguismo y comentó que para que no se de este tipo de práctica sería necesario que tanto las precampañas al interior de los partidos políticos como el inicio de la recolección de apoyos ciudadanos por parte de los independientes, comenzaran al mismo tiempo para impedir los cambios de último momento.

No obstante, Iván Astudillo explicó que este transfuguismo va a ser inevitables al principio, hasta que esta nueva figura política no esté consolidada 100 por ciento.
“Probablemente sí vamos a tener unos años donde las candidaturas independientes sean el elemento de reciclaje de la clase política, pero después sí veamos que esto se abre a estos liderazgos sociales”, expuso y precisó que todo vendrá en función de que la ciudadanía vaya confiando cada vez más en la opción de las candidaturas independientes.

Pese a los cuestionamientos, los ponentes también resaltaron la labor que realizó el IEEZ, teniendo en cuenta la falta de experiencia en esta materia y la ausencia de legislación al respecto. Se destacó tanto el sistema de financiamiento elegido para los candidatos independientes como la cesión de parte de sus propios espacios en radio y televisión para que estos aspirantes sin partido pudieran gozar de este beneficio.

Sería un retroceso la creación del Instituto Nacional Electoral: magistrado del TEPJF

Las propuestas que existen en el país para eliminar los institutos y tribunales electorales locales y crear, a su vez, un Instituto Nacional Electoral supondrían un retroceso, es decir, significarían el regreso a un sistema centralista “que no ha dado resultados”, expuso Flavio Galván Rivera, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Explicó que “el sistema federal debe respetar la autonomía de los estados, deben prevalecer los institutos electorales locales y los tribunales locales. Quizá cuesten caros, pero cuesta más caro no tenerlos. La democracia nos cuesta. Lo que tenemos que hacer es trabajar con honestidad, con rectitud, con imparcialidad, conforme a la ley para que la ciudadanía confíe en los institutos y tribunales locales y sean los ciudadanos quienes defiendan sus instituciones locales”.

En ese tenor, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, también criticó este planteamiento y explicó que esta intención obedece a los problemas que pueda haber en las instancias locales, en cuanto a la cooptación o influencia indebida de algunos partidos políticos y gobernantes, así como a la creencia de que algunos institutos no tienen la capacidad ni la calidad para organizar elecciones.

Añadió que es cierto que cada vez hay un problema mayor relacionado con la influencia de actores políticos de los estados en las instituciones electorales, pero precisó que no sólo afecta a los estados, también en los organismos nacionales; “es un problema de los congresos locales, de los poderes judiciales locales, de los partidos políticos”, comentó.

Luis Carlos Ugalde dijo que esta propuesta tan sólo es un “parche” que puede provocar la nacionalización de estos conflictos.

“Estaba leyendo hoy (jueves) en la mañana el escándalo que hay aquí en Zacatecas por presuntos actos de corrupción en la Legislatura anterior; entonces la pregunta es por qué no nacionalizamos los congresos locales y que todo se vaya a San Lázaro; y por qué no hacemos lo mismo con los tribunales superiores de justicia”, comentó el director de Integralia Consultores.

Expuso que comparte el diagnóstico pero no la solución y, en este sentido, planteó otras alternativas como estandarizar el perfil de las autoridades electorales, así como los mecanismos de nombramiento de los consejeros electorales.

Al respecto, mencionó que “si es cierto que en algunos casos los gobernadores de todos los partidos meten mano, lo cual está ocurriendo, entonces quitémosle la atribución exclusiva a los congresos locales y hagamos una fórmula dual, donde los congresos locales proponen la lista de finalistas a consejeros electorales y es el Tribunal Federal Electoral o el Senado de la República quien designa”.

Carlos Ugalde concluyó que “la creación del Instituto Nacional de Elección me parece una muy mala idea de política pública”.