Phoenix. Un juez federal prohibió que el condado más poblado de Arizona aplique una política que permitiría a las personas que pagaron para entrar ilegalmente en Estados Unidos ser acusadas como cómplices del contrabando de inmigrantes.
El fallo del juez Robert Broomfield adujo que la interpretación del condado de Maricopa de una ley estatal de 2005 no puede ser aplicada por el jefe de policía Joe Arpaio ni los fiscales del condado debido a que entra en conflicto con la ley federal.
Broomfield dijo que la política penaliza acciones que la ley federal trata como una cuestión civil.
«Es difícil imaginar un conflicto más flagrante que ese», dijo el viernes en su fallo de 60 páginas.
Los abogados de los activistas y otros que objetaron la ley no respondieron inmediatamente los pedidos de declaraciones. Pero Peter Schey, un abogado de los activistas, dijo en una declaración que «es de esperar que el fallo ponga fin a una política malintencionada y miope que ha perjudicado gravemente a un gran número de inmigrantes durante los últimos años de manera totalmente inconstitucional».
El abogado del condado estudiaba el fallo y no formuló ningún comentario por el momento, afirmó el vocero Jerry Cobb.
El fallo de Broomfield es el más reciente en una serie de restricciones impuestas por los tribunales y por el gobierno federal a los esfuerzos de Arpaio por combatir la inmigración ilegal.
75 por ciento de las aproximadamente mil 800 personas acusadas según la ley del condado de Maricopa hasta junio de 2011 enfrentaban cargos de complicidad para ingresar furtivamente en Estados Unidos.
Esa situación provocó quejas de los partidarios de los derechos de los inmigrantes de que el estatuto estaba dirigido a los «coyotes», a menudo violentos y no a sus clientes, y que a esa política se anteponía la ley federal inmigratoria.
Los abogados del condado de Maricopa y el jefe policial Arpaio argumentaron que no había conflicto con la ley federal. También destacaron que la ley de Arizona permite que las personas sean acusadas de complicidad, aun cuando no puedan ser condenadas por el delito en sí.
La ley estatal fue aprobada en 2005 cuando los legisladores reaccionaron ante la frustración de los votantes porque Arizona era el canal de inmigración ilegal más activo de la nación. Fue la segunda ley inmigratoria importante del estado y le sucedió un estatuto de 2010 que requirió a la policía aplicar controles inmigratorios en determinados casos e inspiró leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah.
Varias semanas después que la ley estatal entró en vigencia en agosto de 2005, el entonces procurador general del condado de Maricopa emitió una opinión legal según la cual los inmigrantes de quienes se sospechara habían empleado «coyotes» para entrar ilegalmente en el país podían ser acusados como cómplices. Maricopa es el único condado del estado que aplica esa interpretación. Los tribunales estatales ratificaron la interpretación legal de Andrew Thomas, pero los críticos continuaron su lucha ante la justicia federal.
La demanda que objetó la política fue rechazada, pero el caso revivió en julio del 2010 cuando un tribunal de apelaciones falló que un juez había errado al desestimar organizaciones y contribuyentes que objetaron la táctica de la fiscalía.
Los promotores de la demanda —el Foro Comunitario de Arizona, el grupo Somos América, el exsenador estatal demócrata David Luján de Phoenix y LaDawn Haglund, de la Universidad Estatal de Arizona— no reclamaron indemnización monetaria y solicitaron en cambio que el juez declarase inconstitucional la política y que impidiera que la fiscalía y la policía de Arpaio presentaran denuncias de complicidad con base en la ley estatal.
En otro caso ventilado ante la justicia federal, un juez falló en mayo que la policía de Arpaio individualizó sistemáticamente a los hispanos en sus patrullas inmigratorias.
