En estricto rigor, un primer informe estadístico anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas debería estar por darse a conocer con relativa prontitud.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), –desconcentrado de la Secretaría de Gobernación– para ser más específicos, deberá presentarlo al Consejo Nacional de Seguridad Pública porque así quedó establecido en la Ley de dicho registro que entró en vigor el 17 de abril de 2012: hace un año y prácticamente siete meses. Pero es muy posible que el estricto rigor no se pueda aplicar en este sensible tema por motivos como el hecho de que a) no se ha publicado el reglamento que hará posible instrumentar la legislación en cuestión y b) no hay indicios de que la depuración de la información que reveló la propia autoridad federal haya concluido o esté por concluir.

El reto informático que implica de esto último no es menor ya que se trata de un registro que, además de agregar los números de la totalidad de las entidades del país (lo que requiere necesariamente que de hecho, los estados lleven un registro oficial), debe contar con las vías para el flujo de información que garanticen su actualización constante para que sea lo más precisa posible. Por ejemplo si alguien fuera reportado como extraviado en Sonora y días después fuera localizado, debería salir del registro, para lo que sería necesario que primero, quienes generaron el reporte notificaran a las autoridades locales y éstas a su vez, al Registro.

Con este fin, se estableció en la legislación que el Secretariado debe acordar con los estados cómo se llevará a cabo “el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro”. Si se admiten sugerencias, convendría además que se considerara incorporar algún tipo de alerta que permitiera a quien consulte la plataforma del Registro conocer el motivo del cambio de estatus de algún caso o la salida de otro a causa de su localización. Esto podría ahorrarnos suspicacias como las que han llegado a generar las variaciones de un mes a otro de las cifras de denuncias publicadas por el propio SESNSP.

Por lo pronto, hasta el momento en el que se escribieron estas líneas la herramienta de migración diseñada para que las entidades federativas o dependencias federales transfieran al Registro sus bases de datos o registros oficiales de personas extraviadas o desaparecidas no estaba funcionando.

Parte de la importancia de contar con un registro oficial de personas extraviadas y desaparecidas consiste en el reconocimiento del Estado de la situación de cada una de las personas que integran el listado. Sin ese reconocimiento oficial, además en un contexto de numerosas desapariciones presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada, ¿cómo podremos empezarnos a responder si alguien, además de sus familiares, los busca?

Es cierto que tampoco el que aparezcan ahí garantiza que hay alguna autoridad responsable trabajando para localizarlo, pero el Registro es una forma de recordarle a nuestros gobiernos: “Tienes una deuda pendiente porque no has dado con ellos y la vida de cada una de sus familias no será la misma hasta que estén de regreso”.

Otro elemento de gran relevancia para los familiares de personas extraviadas o desaparecidas es la base única de datos genéticos que a finales de junio pasado anunció la subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez. Esta base deberá concentrar información resultado del análisis forense de restos humanos que permanecen sin identificar así como la de familiares de individuos que no han sido localizados.

Se dice acertadamente que las prioridades están donde el dinero y en este sentido será clave que se cuente con el presupuesto necesario para que pueda llevarse a cabo esta labor con el menor margen de error posible.

Hasta la noche del miércoles, si se compara el presupuesto que fue aprobado para 2013 para la Coordinación General de Servicios Periciales con el que se contempla en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se registra un aumento en términos reales de 15.9 por ciento que ojalá sea suficiente para realizar tal asignatura.

En contraste, la Dirección General de Especialidades Médico Forenses verá reducido su presupuesto en 7.8 por ciento también en términos reales, lo que podría afectar incluso a las actividades de la nueva Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas toda vez que ésta es competente para dirigir las investigaciones para la identificación forense de quienes se encuentran en esa situación. (En este tema, el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó una guía sobre buenas prácticas para el análisis forense de material genético en situaciones de violencia armada)

Los pendientes de la administración federal con esta agenda a días de cumplir su primer año de gobierno requieren de la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales de recopilación, intercambio y procesamiento de información (la relativa al Registro Nacional y de datos genéticos) a nivel federal y estatal para que puedan ser solventados. De otra forma, no quedará claro que alguna autoridad competente esté buscando en realidad a los desaparecidos en México.

La lentitud con la que se ha avanzado en este tema crucial refleja por un lado la complejidad de la recopilación de las estadísticas en esta materia pero por el otro, exhibe precisamente en dicho retraso la debilidad del Estado mexicano para procesar información clave para un fenómeno que ha azotado terriblemente a miles de familias en el país.

En la incapacidad como país para incluso generar un reglamento que precise cómo se integrará esta información al igual que en la persistente debilidad de cuerpos especializados de investigación en esta materia, queda al descubierto el poco aprecio que la autoridad tiene para los miles de familiares que viven jornadas de un dolor difícil de imaginar ante la pérdida de un familiar o un amigo sin siquiera tener el consuelo de su localización e identificación.

Esta omisión institucional además del costo humano cuestiona la solidez del argumento de la inteligencia e investigación como eje de una nueva política de combate contra la inseguridad. Si el Estado mexicano es incapaz de mantener un registro confiable de víctimas, es mucho menos probable que haya la intención de la autoridad por resolver los crímenes respectivos y llevar ante la justicia a quienes lo cometen.

Ojalá que el llamado reciente de Human Rights Watch a actuar en este rubro, de una vez por todas, sea atendido por las autoridades y no reciba el “compromiso” de la autoridad para tomar cartas en el asunto, para luego continuar en el olvido de los pendientes institucionales para construir un estado de derecho sólido en el país. Miles de familiares de los desaparecidos esperan alguna certidumbre sobre el paradero de sus seres queridos. Esta deuda ya es muy onerosa para la sociedad mexicana. Ya de tiempo atrás es necesario pagarla, no debemos seguir posponiendo su atención. ■

• Investigadora de México Evalúa (@cklilian)

En la UAZ se educa, se investiga y reflexiona en múltiples campos sin excluir la existencia, el presente y el futuro de la institución. Al respecto, Rafael Herrera, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, docente investigador de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en breve entrevista manifestó a La Jornada Zacatecas, la necesidad de crear una estrategia al interior de esa institución mediante la cual “se escape de este fenómeno tan terrible que ocurre a nivel nacional, estatal y municipal, donde todo se resuelve sobre las rodillas, de una forma muy improvisada”. De ahí se puede inferir, que resolver in promptus los problemas impide pensar cómo éstos se generan. Hasta que se presenta una situación crítica, ritual y actuación se van a repetir.

¿Cuándo ocurrirá esto? Si la nómina y la revisión salarial fluyen, será hasta la renovación sindical, cuando distintos contingentes abanderen en su propuesta problemas administrativos o educativos, con distinto énfasis político. Lo importante, no se aborda: impulsar cada vez más, el dejar de trabajar sobre las rodillas o el hacerlo por inercia.

Por fortuna, eso no es algo generalizado, tal vez sea una tendencia en que parece dominar la cotidianidad sobre la prospectiva. Cotidianidad atrapada por una institucionalidad nacional más proclive a la reproducción que al cambio, imposible de ser ya alternativa y posible de imponerse eventualmente como reproducción del neoliberalismo: forma de controlar el futuro desde el presente para evitar surja una novedad y rompa las trabas impuestas a las sociedades a través de mantener a raya sus aspiraciones mediante la austeridad y de hundirla en un eterno tan presente como imposible modo de evitar el disentir y el hacer emerger la novedad.

¿Cómo ocurre esa reproducción? Aunque parezca un relevo, del mismo neoliberalismo deriva su reproducción. En tanto “todo se resuelve sobre las rodillas, de una forma muy improvisada”, sin ir más allá de lo usual para mantener, disputar y hacerse de la gestión universitaria o reproducirla como forma de cultura interna y política universitaria. Al contrario de la máxima de Fidel Velázquez, quien se mueva en la foto del escenario de la UAZ aparecerá en ella y estará en ella, sin el riesgo de desaparecer del acto o de la obra en representación, según su nivel y el papel académico adscrito, en la organización o representación universitarias.

Con todo, lo importante y decisivo en la UAZ es, como bien señala Rafael Herrera, desplegar la imaginación, la fantasía, el descubrimiento, sin cuyas maravillas no se rompe la cotidianidad, ni se retroalimenta. Un problema, ¿cómo conciliar esa necesidad con la escasa posibilidad que se muestra para hacerlo, con potencia y efectividad?

Se agradece la ayuda para describir la paradoja UAZ, a la que con la calidad académica de su trabajo ayuda a disolver, ejemplo que desde lo académico puede y debe ser generalizado desde la singular la adscripción de cada uno, en pos de incrementar como resultado global, la armonía y la complejidad, universitaria y estatal, al concurrir en ello. Algo sencillo de hacer desde su propuesta, aún vigente y certera: ser humildes para aprender y formar equipos eficientes.

Rafael Herrera Esparza, acierta: “Nuestra universidad ha sido una institución muy abierta, crítica, formadora de estudiantes críticos que pueden tener la libertad de pensamiento y de expresión que son cosas muy importantes.”

1. Las noticias se agolpan y disipan en una sociedad movilizada en torno al “Buen Fin”. ¿Qué tan bueno fue el “Buen Fin” para Usted? El millonario monto movilizado por comercios y bancos, dejó una cifra de personas atadas por créditos y abonos que gravitarán sobre sus percepciones de fin de año y durante el siguiente. Coincidente con la quincena, ese viernes los diarios daban la noticia: la Rectoría de la UAZ inició el pago de salarios y prestaciones de fin de año. En otros ámbitos laborales, hubo cautela y con mentalidad estratégica prospectiva, empleados y trabajadores rechazaron los anticipos ofrecidos para tomar parte en el “Buen Fin”. Mujeres con acceso a medios recomendaron incluso, no gastar en el “Buen Fin”, sino ahorrar.

Como sea, a todos involucra el feriado del 20 de noviembre, cuyo desfile para recordar el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en 1910 fue suprimido por Peña Nieto. Motivos debe tener. ¿Será que él y los ricos managers del Pacto por México no quieran saber nada que les recuerde el inicio de una revolución? Tan bien les va en ésta, institucionalizada por el PRI y un “Buen Fin” que distrae mientras vuelve al revés los bolsillos o vacía las tarjetas de muchos mexicanos, hasta con irregularidades y trucos a confrontar por las autoridades correspondientes que montaron guardia con empleados, dedicados a esperar y atender a los quejosos, y procurar la conciliación o reparación como primer recurso, se les agradece su tiempo sustraído al descanso.

Durante años se ha reconocido la urgencia de elevar la calidad de la educación a través de una reforma del sistema educativo, en virtud de que estamos ante un verdadero cambio de época que ha puesto a todas las naciones en el predicamento de decidir si se permanece igual o se asume el reto de lanzarnos con todo en la construcción de un país moderno.

En este contexto la Reforma Educativa, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto señala claramente una cosa, “no existe amenaza alguna, ni de despidos, ni de desaparición del programa de carrera magisterial retirando lo ganado económicamente en este programa a la fecha”. Al mismo tiempo se reitera, “no desaparecerá la jugosa prestación privilegiada que tienen nuestros educadores de 90 días de aguinaldo, ni los bonos negociados con las autoridades educativas.

El acceso gratuito a la educación básica y media superior, derecho que está plenamente garantizado tal y como lo expresa el artículo tercero constitucional. Por ello las nuevas condiciones de ingreso al magisterio permitirán que quienes impartan clases a nuestros niños y jóvenes sean aquellos mexicanos mejor preparados y con la capacidad para responder a las exigencias de un aprendizaje efectivo.

En el contexto anterior algunos alcances de la Reforma Educativa y los cambios que trae consigo a las leyes secundarias son un paso fundamental para dar a México la educación de calidad que demanda su inaplazable desarrollo social y económico. Esta reforma es parte de la propuesta consensuada por las fuerzas políticas representadas en el Pacto por México que propone modernizar el marco jurídico para alcanzar una educación de mayor calidad y equidad, esencialmente consiste en:

Se crea el Servicio Profesional Docente, que reconocerá la formación y logros de los maestros. Los buenos maestros tendrán la oportunidad de ascender con base en sus verdaderos y sacrificados méritos profesionales.

Elevar a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dotándolo de autonomía para medir el desempeño e identificar sus áreas de mejora.

Fomentar la autonomía de gestión de los planteles educativos y promover el crecimiento del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Crear el Sistema de Operación y Gestión Educativas, con la obligación inmediata para el Inegi de realizar un registro nominal de escuelas, profesores y estudiantes.

Dentro de este marco, indispensable se vuelve mencionar, aclarar, enfatizar y repetir los beneficios que nos trae esta reforma.

Reglas claras y transparentes que premian el mérito. Las nuevas condiciones e ingreso al magisterio permitirán que quienes impartan clases a nuestros niños y jóvenes sean aquellos mexicanos que mejor se hayan preparado y tengan la capacidad para responder a las exigencias de un aprendizaje efectivo.

Nuevas oportunidades para el desarrollo profesional. La Ley General del Servicio profesional Docente reconoce la importancia de elevar el desempeño de los maestros a partir de estímulos y apoyos adecuados, así como de contar con mejores condiciones para impartir clases. Quien destaque en su desempeño será objeto de reconocimiento mediante movimientos laterales o estímulos económicos.

Establecimiento de obligaciones a las autoridades. Las nuevas leyes no solamente imponen obligaciones a los maestros o a quienes desean serlo, sino también quienes ejercen funciones de autoridad. La autoridad no podrá designar arbitrariamente a quien deba desempeñar funciones de dirección o supervisión.

Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las escuelas y aseguramiento de la gratuidad. Esta reforma está plenamente inspirada en la convicción de fortalecer la educación pública, laica y gratuita. Al dotar a la escuela de mayores capacidades de autonomía de gestión la autoridad deberá proporcionarle los recursos indispensables para la realización de sus funciones, profundizando particularmente en la gratuidad, por lo que los padres de familia deben de encontrar y gran aliento en esta reforma.

Pleno derecho a los derechos laborales de los maestros. La Ley General de Servicio Profesional Docente facilita la superación de quienes ya trabajan en el sistema educativo y reconoce el valor de sus aportaciones a la sociedad. Se mantendrán sus plazas y los niveles ya logrados por los maestros en Carrera Magisterial están plenamente protegidos.

La educación en nuestro país debe ser la base sobre la cual se construyan las condiciones que generarán la seguridad y el empleo que exigen los mexicanos, la educación es la mejorar arma de los pueblos para superar el atraso y la marginación.

Una cosa si está clara, con o sin reforma, los salones de clase no son la única instancia educadora ni los maestros los únicos responsables, para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos resulta decisiva la instancia que a mi personal punto de vista es la más importante de todas, donde se gestan los verdaderos hombres y mujeres que levantarán a este país en cualquiera de los factores que se nos ocurra; en lo político, económico, social, cultural, cualquiera, la familia, con la participación de cada uno de sus actores que ayuden al logro de objetivos sin duda nos darán mejores hijos, mejores alumnos, mejores profesionistas, mejores mexicanos. ■

El presupuesto es para darle vida a programas de gobierno que atiendan los problemas del desarrollo del estado, y existe una fuerte puja para ordenar los destinos del gasto público; sin embargo, lo fundamental del ejercicio del gasto es que tengamos efectos finales del mismo: los impactos de aquello para lo cual se destinó. Es decir, lo angular del tema presupuestal es cómo se va a garantizar que esta inversión tenga los resultados esperados.

Luego, si no se construyen los dispositivos efectivos para asegurar que el recurso esté usado en la consecución de las metas en empleo, salud o educación, entonces es un ejercicio inútil, vacío y depredador. Pero ‘asegurar que el gasto esté usado en la consecución de las metas’ no es un ejercicio de auditoria de los gastos, un acto de vigilancia de la caja del gobierno; eso es un mero insumo: lo importante es meter al gasto en un verdadero procedimiento de rendición de cuentas.

Pero insisto, la rendición de cuentas no es sólo la transparencia contable del uso del dinero, sino la justificación de las acciones emprendidas con dicho recurso, lo cual significa hacer de la evaluación de las políticas el insumo fundamental de la rendición de cuentas.

Ahora, por otro lado, el Poder Legislativo, es en teoría el contrapeso del Ejecutivo, y tiene la función de pedirle cuentas a este último, y para lo cual se organiza cada año el simulacro de rendición a través de los llamados ‘informes de gobierno’. Estos eventos son un simulacro porque no hay evaluaciones previas que soporten el acto de exigencia de cuentas por parte del Legislativo.

¿Sobre de qué bases los diputados hacen sus requerimientos de cuentas a los funcionarios del Ejecutivo si no cuentan con procesos de evaluación? Pues de alguna información estadística que publiquen de oficio el Inegi o alguna otra agencia de procesamiento de datos; o del último escándalo mediático.

Esta falta de evaluaciones serias y rigurosas previas a los informes provoca que estos eventos sean una pasarela de comparecencias sin efectos en los programas: ¿qué impacto tienen estos actos de informe en la mejoría de los programas de gobierno? Absolutamente ninguno.

Esto es, la rendición de cuentas tiene como objetivo corregir lo que esté mal y no sólo vigilar que se haya gastado conforme a la ley. Y justamente el objetivo de la evaluación de las políticas públicas es localizar dónde están fallando y hacer la retroalimentación que se sigue: las recomendaciones precisas de qué cosas y en qué medida hay que modificarlas, ya sea en el diseño de los programas o en los procesos de implementación de los mismos.

Por tanto, si queremos que el Poder Legislativo de Zacatecas realice una auténtica rendición de cuentas para que se mejoren los procesos del desarrollo en el estado, se debe contar con evaluaciones de las estrategias que pretenden modificar la realidad de la entidad y de las capacidades del Estado para hacerlo. Y esas evaluaciones (y el órgano encargado de hacerlas) no existe.

La evaluación mencionada no debe confundirse con la acción de las instancias fiscalizadoras como las auditorías o contralorías. Debe ser una evaluación con el rigor metodológico de las políticas, y no sólo el seguimiento de gastos. Además, deberá ser completamente autónomo de la estructura de Gobierno del Estado y estar constituido por expertos de perfiles variados, es decir, por equipos multidisciplinarios.

Para contar con el órgano que las realice, implica constituir un observatorio académico-social de evaluación de políticas en el estado, para revisar los diseños, la implementación y las capacidades estatales en torno a las políticas que pretenden resolver los problemas del desarrollo del estado; y a partir de esa evaluación, generar recomendaciones que mejoren los procesos intencionados de transformación de las condiciones precarias de la entidad; y con ello, contribuir de forma estratégica en la consecución del aumento de los indicadores de desarrollo humano en Zacatecas.

Este Observatorio puede ser constituido por académicos e investigadores de las distintas instituciones de educación superior (IES) del estado de Zacatecas.

Con ello, obligaríamos a las IES zacatecanas a involucrar su inteligencia y rigor en la solución de los problemas del desarrollo de la entidad; y dejarían de estar aisladas investigando sin criterios institucionales. Pero si las IES conforman un equipo multidisciplinario que se convierta en Observatorio, requerirá del apoyo del propio Poder Legislativo para realizar su labor con recursos para operar.

Finalmente el principal consumidor del trabajo de este observatorio es justamente este poder; aun cuando entre las audiencias del mismo esté la propia sociedad civil. Ahora que estamos en el periodo de reparto del gasto, es deseable que los diputados le den importancia al fortalecimiento en serio de la rendición de cuentas (que es una de sus funciones) y con ello, mejoremos los efectos de la acción de Estado en educación, reducción de la pobreza, productividad agropecuaria o promoción de la cultura. Vale. ■