Michel Houellebecq, en su libro H. P. Lovecraft. Contra el mundo, contra la vida, afirma de H. P. Lovecraft en el prefacio: “La verdad es que pocos autores, incluidos los más asentados en la literatura de lo imaginario, han hecho tan pocas concesiones a lo real”.  No hacerle concesiones a lo real es algo que Lovecraft explicaba por carta a Frank Belknap Long en los siguientes términos: “En cuanto a las inhibiciones puritanas, las admiro un poco más todos los días. Son intentos de hacer de la vida una obra de arte –para dar forma a un modelo de belleza en esta pocilga que es la existencia animal- y de ahí surge un odio por la vida que marca el alma más profunda y más sensible”.

A grandes rasgos, los contratos colectivos de trabajo tienen por fin hacer de la vida laboral una mejor vida, casi se diría: “hacer de la vida laboral una obra de arte”, en la que los impulsos a la explotación intensiva que yacen en todo patrón se contengan y los trabajadores se desarrollen en buenas condiciones. Lograr esto es el objetivo del sindicato, y el ideal que se busca queda configurado en el contrato que se firma con el patrón. Por supuesto la relación bilateral es dinámica, sujeta a la correlación de fuerzas entre las partes que a su vez depende de muchos otros factores.

Los dirigentes sindicales, debido al ideal que persiguen, deberían mostrar cierto enconado recelo hacia la patronal; la que a su vez pretende nulificar el ideal sindicalista. Recientemente ha habido cambio de dirigencia en el Spauaz, lo que naturalmente invita a la reflexión sobre lo cerca que nos encontramos del ideal de que toda cláusula del contrato sea respetada. Las declaraciones del líder tránsfuga se centran –véase La Jornada Zacatecas del 24-05-2014-  en resaltar que durante su gestión se logró la basificación o promoción de más de  mil 200 académicos, a la vez que se incrementó el capital de la mutualista que administra el Spauaz en 30 millones de pesos.

Esto sería casi el total de sus resultados: se cumplió la cláusula acerca de las promociones –no por beneplácito de la Rectoría sino por una huelga- y se gestionó que el Rector contratase de manera definitiva a un número indeterminado de académicos. ¿Cuántas cláusulas cumplidas implica esto?, ¿cuántas quedaron sin cumplirse? Si echamos un vistazo a los convenios de levantamiento de huelga – o de desistimiento según el caso- notaremos de inmediato que la Rectoría mantiene siempre la directiva de modificar el clausulado del contrato en su beneficio, i.e. Reduciendo el costo de las cláusulas.

Por ejemplo, el capítulo 13 relativo a los años sabáticos se deroga y se le sustituye por otro, en el que se exige que quién quiera gozar de un año sabático no deberá requerir suplente. Si es un académico frente a grupo es claro que se le niega el derecho. ¿Y a cambio de qué? De la estabilidad financiera de la UAZ, por supuesto. Así como ese sigiloso cambio en las condiciones laborales se dan muchos otros aceptados por el secretario general sin que medie discusión alguna. Esto nos lleva a reflexionar sobre otro tema: la democratización del Spauaz. Formalmente, como los establecen sus estatutos, las decisiones que afectan a la mayoría se toman en Asamblea General, y no se da margen para se tomen de otra manera. Si embargo, se alega por parte de los dirigentes, el procedimiento preciso que delinea el estatuto es “inoperante”, lo que en los hechos se traduce en que las decisiones las toma el Comité Ejecutivo, y en el peor de los casos el secretario general. Últimamente se tomaron decisiones aparentemente de mayoría durante el proceso de huelga, pero previo a ello no las hubo, y posteriormente a ello la elección del nuevo secretario general.

Sería prolijo enumerar todas las cláusulas que no se cumplen, y a partir de ello argumentar sobre lo deterioradas que están las condiciones laborales de los académicos universitarios, sin embargo, cuando comparamos las cláusulas no cumplidas con las cumplidas notaremos que el objetivo del Spauaz de mantener las condiciones laborales pactadas bilateralmente se cumplió muy pobremente. Lovecraft no era nada optimista respecto al mundo y a la vida: los despreciaba porque hasta donde él podía observar las cosas estaban muy mal, y ese mal estaba anclado en el alma humana. Los resultados de las gestiones sindicales de las últimas dirigencias del Spauaz –los últimos 9 años como mínimo- son pobres y eso nos debería hacer recelosos de la que viene. ¿Seguirá con la práctica de firmar convenios sin discusión amplia con los agremiados?, ¿aceptara las condiciones que le imponga la patronal en beneficio de la UAZ pero no de los agremiados del Spauaz? ¿Cuántas cláusulas más agregará a las y derogadas? Creo que no podemos ser optimistas, pero si nos gana el pesimismo peor estaremos: debemos ser vigilantes de las acciones de nuestro secretario general, y exigentes. Lo que está en juego es nuestro modo de vida. ■

La “Guerra de Calderón” no sería según esto sino mera “maniobra de legitimación”, carecería de “verdadera estrategia” y  resultaría por lo tanto  “un rotundo fracaso”.

Conviene sin  embargo, ahora que el gobierno de Peña Nieto está  próximo a entrar a su tercer año de ejercicio sin variar un ápice el tratamiento del magno problema de la inseguridad, y el control por las bandas criminales de una porción cada vez mayor del territorio nacional; y con el sacrificio de un activo como Mondragón y Kalb mantiene en su sitio al equipo de Calderón, reconsiderar enteramente el asunto.

Si nos atenemos a los propósitos expuestos entonces por el señor Calderón: la recuperación de la tranquilidad por parte de la población; la recuperación del control territorial por parte del Estado; el restablecimiento del “estado de derecho”; etcétera; pues entonces sí la guerra iniciada por aquél hace casi una década, y continuada por el actual gobierno hasta nuestros días no ha sido, de principio a fin, sino un estrepitoso fracaso: prácticamente toda la franja fronteriza se encuentra en manos de los distintos cárteles, no es la fuerza del Estado la que disputa ese control sino otras organizaciones criminales; la abrumadora presencia de decenas de miles de efectivos, portadores de espantable armamento en las calles y carreteras del país, desplazándose en costosos equipos de transporte no se ha traducido en la disminución de los peores delitos que asuelan a la población, sino acaso al revés, etcétera, un infinito etcétera.

Quizás así pues resulte oportuno formularse algunas preguntas:

¿Sería una mera coincidencia que al tiempo que iniciaba y proseguía su guerra “contra el crimen” entregara  al capital extranjero, el gobierno de Calderón, con la devastación ecológica resultante, una enorme porción de la riqueza minera del país; sin que, denuncias de comunidades indígenas aparte, prácticamente nadie rechistara?

¿Será  una mera coincidencia que para festejar el décimo aniversario de la guerra Calderón-Peña “contra el crimen” se tenga programada la entrega formal del petróleo y la electricidad del país al capital foráneo?

¿Y si lo último que a los gobiernos de Calderón y  Peña ha importado es la seguridad de la población?

¿Y si en lugar del estrepitoso fracaso que prácticamente todo el mundo cree que ha sido, con sus cientos de miles de hombres,  mujeres y niños muertos, desaparecidos y desplazados,  ha sido en realidad la susodicha “guerra contra el crimen”, el  éxito más rotundo  que gobierno alguno haya conseguido jamás?

Son preguntas. ■

Por mayoría de votos, en el estado de Puebla, que encabeza el sumiso y corrupto gobernador priísta Rafael Moreno Valle, el Congreso local aprobó el pasado 19 del mes y año en curso una ley que regula el “uso legítimo de la fuerza”, que de acuerdo a sus impulsores es creada para: “proteger los Derechos Humanos y regular el uso legítimo de la fuerza de los elementos policiales“, con lo que pone en el ojo del huracán de la opinión pública la decisión del Congreso poblano en el sentido de facultar jurídicamente a los agentes de la Policía Estatal a utilizar armas de fuego en manifestaciones públicas.

Por sí mismo, este hecho es preocupante, ya que cuando se ponen a disposición de elementos policiacos estos recursos legales, seguramente serán utilizados, y seguramente con consecuencias graves en todos los sentidos para el grueso de la sociedad, ya que la manifestaciones no representan en sí mismas un problema, sino el síntoma de un hecho, un problema que está generando crisis, y que al reprimir esta expresión social, seguramente empeorara, así, se podría ya justificar una agresión contra los manifestantes con armas de fuego en mano, como así sucedió el 2 de octubre de aquel año del 68, cuando por órdenes del presidente priísta de ese entonces, y de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, abrieron fuego en contra de los estudiantes presentes en la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Y desde la asunción al poder presidencial de este conspicuo personaje del PRI, Enrique Peña Nieto, se han multiplicado las historias de abuso de poder especialmente por elementos policiales en contra de estudiantes, maestros, campesinos u otros grupos, no sólo desde el plano federal, sino en los estados, los medios consignan una gran cantidad de casos, destacando algunos como el del 22 de abril pasado donde un grupo de jóvenes que protestaron frente a las instalaciones de Televisa contra la iniciativa de Reforma de Telecomunicaciones que propuso el presidente de México, Enrique Peña Nieto, fueron agredidos por un grupo de granaderos que los interceptó.

Un joven de 24 años, Julián Luna, estaba al frente del grupo que luchaba contra los escudos de los elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) cuando fue detenido y golpeado hasta dislocarle la mandíbula y provocarle una hemorragia interna en la cadera. Otro caso que se convirtió en viral en las redes fue el de la grabación de una joven en la feria de Aguascalientes que fue golpeada brutalmente por varios policías, otro video impresionante que causó polémica e indignación fue el dado a conocer el 17 de abril pasado, donde se ve a un grupo de elementos de la Policía Ministerialde Tabasco, disparando contra trabajadores de Complejo Procesador de Gas de Nuevo Pemex que se manifestaban frente a la Secretaría de Gobierno para protestar por la presencia de otra organización sindical en Nuevo Pemex, entre muchos otros más.

Y en nuestro estado con el mal gobierno de Miguel Alonso Reyes, las cosas no están mejor, hace pocos días trabajadores de la Sección 62 del Sindicato de Trabajadores Mineros -Metalurgistas de la República Mexicana intentaron salir a la capital del estado para manifestarse en la presentación del libro Colapso de la Dignidad, de Napoleón Gómez Urrutia, pero su intento se vio frustrado en la carretera federal 45 por Elementos de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del estado y de la policía estatal, así como municipal, quienes les impidieron el paso, en otro capítulo más de una larga lista de atropellos que ha realizado este régimen Zacatecano en contra de la gente.

Especialmente grave es el caso de Fresnillo, donde nuevamente comerciantes ambulantes son levantados a la fuerza por la policía de las calles, en un caso de absoluta barbarie e insensibilidad, ante una actividad comercial donde la crisis económica en la que estamos viviendo está acabando con el ingreso, incluso de subsistenciaen lugar de buscar soluciones para resolver la grave problemática que se enfrenta en la economía local del mineral, donde ya habíamos propuesto un pacto, un gran acuerdo entre los diferentes sectores del comercio fresnillense, donde todos los involucrados encuentren cabida. En lugar de eso pareciera que los comerciantes que ofrecen sus productos en la calle para subsistir fueran criminales o delincuentes. El uso de la fuerza en estos casos es sólo síntoma de la insensibilidad e incapacidad de buscar soluciones, al gobierno local de El Mineral no le importa la gente ni les importan los fresnillenses, en nuestro caso nos solidarizamos este noble gremio y especialmente con quienes han resultado afectados por este remedo de dictadura.

La aprobación del uso de la fuerza en Puebla por los irresponsables legisladores locales, pareciera ser el programa piloto de un esfuerzo de Peña Nieto para acallar protestas de modo más violento, de reprimir la libre expresión ciudadana, y no nos extrañemos que eso se empiece a extender por otros estados, tal pareciera que se están sentando las bases de una dictadura formal, el PRI de hoy es el de siempre que vuelve a sus orígenes represores, expone los mismos argumentos que provocaron la matanza de estudiantes en el 68 al interior de la plaza de las tres culturas que se tiño de sangre, al del halconazo, unos pocos años después al inicio de los 70, y más recientemente al caso de las protestas en Atenco, Estado de México donde ya gobernaba Enrique Peña Nieto, dejando como resultado el fallecimiento de dos personas, la detención de 207 (entre ellas 10 menores de edad), 146 detenciones arbitrarias y presuntas vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres por policías. ¿Será necesario llegar a eso para abrir la conciencia de todos? La sociedad mexicana tiene en sus manos permitirlo o rechazarlo. ■

*Coordinador de la Comisión Operativa de

Movimiento Ciudadano en Zacatecas

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Código Político

La semana pasada proliferó en las redes sociales un video en el que se aprecia una agresión a una niña de aproximadamente trece años, lo que ha sido uno de los temas de mayor comentarios mediáticos y en el ciberespacio, situación que es investigada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/cndh-atiende-caso-de-bullying-en-zacatecas-1012850.html).

La agresión que sufrió la estudiante del Colegio de Bachilleres colocó nuevamente al estado de Zacatecas en el escenario nacional de los casos de mayor indignación y reprobación social, sin que las autoridades educativas o gubernamentales pongan en acción, no solo medidas de atención inmediata a la víctima y sus familias, sino políticas públicas en la defensa y protección de la niñez zacatecana.

Lejos de atender la problemática de la violencia infantil en el sistema estatal educativo, las autoridades del sector han optado por “lamentar” los acontecimientos y en el mejor de los casos, prometer el inicio de una “investigación”.

No se trata simplistamente de afirmar que Gobierno estatal tiene la culpa de los altos índices de violencia escolar, de consumo de drogas lícitas e ilícitas entre menores; de embarazos prematuros en adolescentes o de la participación de menores de edad en las bandas del crimen organizado, sino pedirle estructurar un plan de acción de políticas públicas tendentes a proteger el desarrollo integral de los niños zacatecanos.

Cuando escuchamos las estadísticas de la violencia infantil en nuestro país pasamos del asombro social a la preocupación, pero en muchas ocasiones la información solo se queda en los discursos anuales de determinados organismos autónomos o dependencias del sector salud o educativo, pero difícilmente surgen programas de acción inmediata que permitan controlar y erradicar este tipo de fenómenos.

Por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el año pasado lo siguiente:

“En México 60 por ciento de los niños entre uno a 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes vulneran la integridad física y emocional de los menores”. (http://www.jornada.unam.mx/2012/04/16/sociedad/037n2soc).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dio a conocer en su informe anual 2013 que “México ha logrado un avance significativo para asegurar que todas las niñas y los niños tengan acceso a la educación, pero de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2010, había más de 6 millones de niñas y niños entre 3 y 17 años que se encontraban fuera de la escuela. Es significativo que 48% de éstos estuvieran en edad preescolar y 36% en edad de cursar la educación media superior, ambos niveles obligatorios de acuerdo a la legislación mexicana. La tasa neta de escolarización para el ciclo escolar 2012-2013 era de 70.7% para preescolar, en educación primaria, 82.4 en educación secundaria y 52.9 en educación superior”. (http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFReporteAnual_2013_final.pdf).

En Zacatecas las autoridades educativas lejos de atender con atingencia la problemática de maltrato infantil que incluso se da en algunas aulas del sector educativo estatal, se oculta la información a la opinión pública y por tanto, se evita sancionar al docente responsable de la acción por distintas razones, pero prevalece en la mayoría de los casos, evitar el “escándalo” y lesionar la relación política con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Sin embargo cuando algunos casos trascienden a los medios de comunicación la Secretaría de Educación solo informa, en algunos casos, de la separación del grupo de los docentes inculpados para realizar una investigación, pero no se formaliza ante otra autoridad competente como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), alguna denuncia de hechos para deslindar responsabilidades por la vía jurídica.

Tampoco se da a conocer el tipo de tratamiento o asesoría sicológica que recibirá el menor y su familia, ante una agresión o maltrato infantil.

Otra información que trascendió a nivel nacional fue la de las niñas de la Telesecundaria 1 de la comunidad de El Saladillo, del municipio de Pánfilo Natera, y que por la naturaleza del caso, ameritó el año pasado una recomendación al gobierno del estado de Zacatecas (cifrada con el número 165) por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El portal Gala TV de Zacatecas informó el pasado 11 de febrero que “son seis las recomendaciones hechas con carácter de públicas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se pide reparar el daño de las víctimas con atención sicológica, se impartan cursos de capacitación obligatorias para prevención e identificación del abuso infantil en todos los planteles de educación básica del estado, instruir a quien imparta dichos cursos, establecer una unidad de atención al abuso y maltrato en centros de atención básica, se colabore con la CNDH para el seguimiento de la denuncia de hechos y se colabore para promover una queja ante la Contraloría interna del estado de Zacatecas en virtud de las consideraciones para la recomendación, no obstante esto no se ha cumplido a más de 100 días de los eventos señalados”. (http://www.televisaregional.com/zacatecas/noticias/Desconoce-Gobernador-de-Zacatecas-estatus-de-recomendacion-de-la-CNDH-246259171.html).

El pasado jueves 22 de mayo el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes a través de un boletín de prensa “hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a conformar una cruzada a favor de los valores para prevenir la violencia, delincuencia y, en general, situaciones negativas entre la niñez y juventud zacatecana”.

En el comunicado 1075 se establece que “Los invito a todos a que seamos parte de la gran cruzada a favor de los valores en Zacatecas, en México, y que eso nos distinga; es importante que hagamos un gran pacto, una gran alianza estudiantes, maestros, directivos, instituciones gubernamentales y padres de familia para trabajar en este esfuerzo”.

Es válido el exhorto que hace el mandatario a la cruzada a favor de los valores, pero la invitación corre el inminente riesgo de quedarse únicamente en una buena intención. Sería conveniente que se diera a conocer una serie de políticas públicas a favor de la niñez y de los jóvenes zacatecanos, así como las acciones para quien o quienes no respeten los derechos de los niños, sean o no funcionarios públicos, maestros o ciudadanos en general.

Al tiempo. ■