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La iniciativa de ley que presentaría hace unos días el diputado local priísta, Javier Torres, busca introducir la posibilidad de reelección de legisladores “hasta por cuatro periodos”, y en el caso de las alcaldías, sólo por un trienio más. Esta propuesta legislativa que pretende colarse en el debate local con respecto a la forma de aterrizar la nueva Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ha levantado sospechas que polemizan por encima de la realidad de la “reelección”.
En términos concretos, la reforma política condiciona la reelección para ser puesta en práctica por los acuerdos al interior de los partidos políticos. Esto es, sólo si la institución política a la que pertenece el legislador que busque reelegirse, da visto bueno a una siguiente postulación para repetir en el cargo, dicho actor político estaría en condiciones de defender y difundir su función pública ante la ciudadanía en un proceso electoral.
Esta suerte de monopolio del control de espacios políticos, en manos de los partidos, sólo genera incentivos para los actores políticos que compartan su identidad. A quien deben de jurar lealtad y trabajo (los legisladores) no es a la ciudadanía a la que representan, sino a la estructura y militancia del partido al que pertenecen. Sólo en condiciones extraordinarias o de conflicto de intereses, la institución que lo respalda se vería obligada a desaprobar la continuidad del funcionario público en cuestión.
Es por ello importante no pervertir el debate sobre la reelección, a partir de prejuicios históricos que han marcado la historia de nuestro país. Hablar de reelección no necesariamente es rememorar los tiempos del Porfiriato, ni del partido hegemónico. En el presente, traer a la mesa de debate la posibilidad de reelección es una oportunidad para evaluar las condiciones políticas que permiten el fortalecimiento del gobierno de un solo partido, mediante el cuidado y nutrición de sus mayorías en las legislaturas.
No debe de confundirse “gobierno de partido único”, con “gobierno del partido que controla mayorías legislativas”. La diferencia es muy clara, y aunque pareciera que se dirigen a un mismo lugar, los resultados varían consistentemente.
A partir de la reforma político electoral de 1996, en donde desaparece la cláusula de gobernabilidad –misma que en su momento intentó ser restituida por la bancada priísta del ex gobernador Peña Nieto, en 2011- las cámaras han vivido dos grandes momentos: el estancamiento legislativo (desde el año 2000 a 2012), y el del consenso de las partes (con la creación del Pacto por México en 2012-2013).
Ninguna de las grandes reformas que pretendió el PAN durante sus sexenios pudo lograrse, debido a que quien mantenía la mayoría en los congresos era el PRI; cediendo una parte de sus curules a la oposición en 2006, con la desastrosa campaña de Roberto Madrazo, reflejo de la crisis en que se encontraba su institución.
No fue sino hasta la creación del Pacto por México, cuando las tres grandes fuerzas políticas ven la necesidad de caminar la ruta del gobierno del partido mayoritario, por un atajo que les trajera algunos beneficios tangibles. Nada tenían que perder el PAN y el PRD, y sí mucho que obtener frente a un PRI robustecido en las presidenciales de 2012.
Los resultados de esta forma de cogobierno los vemos en la actualidad (no me refiero con ello a la cualidad de las innovaciones legislativas, sino al simple hecho del marcado dinamismo en el Congreso de la Unión). Reformas ampliamente criticadas, y por algunos sectores también recibidas con plácemes, son una realidad gracias a que el modelo del gobierno del partido mayoritario fue limitado a partir de la inclusión de la oposición.
Insisto, si nos enfocamos en evaluar la calidad de los cambios legislativos no alcanzaremos a advertir un cambio en los engranajes políticos. Si sólo vemos en la clase política una “democracia autoritaria”, no aportaremos nada a una percepción que lleva años dando de qué hablar, y poco con qué trabajar.
Efectivamente, la sociedad mexicana mantiene atavismos autoritarios. Pero ello no significa que las cosas no cambien, y que todo parezca insalvable. Todo lo contrario. El modelo político ha ido adaptando su metabolismo a los cambios que la misma sociedad dicta.
La reelección es un ejemplo de los cambios que se viven. De quien depende su funcionamiento no es del político per se, sino del grupo al que pertenece y los intereses que representa. Evidentemente se verán más favorecidos aquellos que encuentren refugio en grupos de incuestionable poder.
El alcalde Carlos Peña es uno de ellos. La capital tiene más obra pública, y muchos otros servicios, gracias a la cercanía con el gobernador Alonso y su gabinete. Así es como se construirán las condiciones para la reelección legislativa y de alcaldes, y no, como se pretende, en el voto del ciudadano. ■
