Si los planteles educativos como los que nos habla Martín Catalán Lerma en su reportaje del lunes pasado en este diario, conocidos como Escuelas de Tiempo Completo (ETC), funcionan tal y como los pinta el reportero, no son tales. Pueden llamárseles guarderías escolares,  escuelas con jornada u horario ampliado o con cualquier otro nombre, menos como se les ha bautizado. Si la mayoría de las escuelas inscritas en este programa operan en las condiciones como la del botón de muestra, con falta de infraestructura,  carencia de maestros con la preparación necesaria para enseñar educación artística, educación física, amén de la ausencia de un espacio para comedor apropiado e higiénico y además sin los recursos del presupuesto federal destinados para apoyar el programa en cuestión, porque no llegan o llegan a destiempo  cuando está por finalizar el ciclo escolar; entonces los resultados que de estas escuelas se esperan, no pueden ser muy buenos. Si a lo anterior se agrega que el pago o estímulo extraordinario que se venía pagando a los maestros se redujo en una cuarta parte, el éxito que podría esperarse será muy relativo y no se podrá constatar en tanto no sean evaluadas.

Se ha dado por llamar Escuelas de Tiempo Completo a aquellas a las que se agregaron a la jornada normal horas extras con el fin de dar una educación más integral y una mayor y mejor atención a los alumnos con bajo o insuficiente desempeño, reflejado en su rezago escolar y bajo aprovechamiento dentro del aula, para que adquieran las habilidades y competencias que los programas de estudio persiguen. El propósito no podía ser más plausible. Otra cosa son los resultados y que se cumpla el objetivo de lograr una educación de calidad.

El programa busca que las escuelas acogidas al programa trabajen con los ejes de lectura y escritura, arte y cultura, resolución de problemas matemáticos y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación: entiéndase computación incluido el uso del Internet e informática. Pero en los hechos, en muchos de los casos no pasa de ser un sueño guajiro. Sin las condiciones materiales y de los cuadros profesionales capacitados sobre todo en el arte y la cultura y la falta de equipos de cómputo, los buenos propósitos del programa se quedan en el papel. Lo que da por resultado que se siga en el proceloso mar de la autocomplacencia y la simulación como ocurre en muchos campos y aspectos de la educación en este mi país, diría el valedor Mojarro. Así lo evidencia el trabajo que Lerma lo realizó in situ, en el lugar o en el sitio mismo de una escuela en concreto inscrita en el programa de marras.

El programa ETC se hecho andar en los gobiernos panista cuando Elba Esther Gordillo era todavía la consentida y protegida mandamás indiscutible del SNTE. Surgió como una iniciativa para apoyar sobre todo a las madres trabajadoras del medio urbano, a fin de darles tiempo de pasar a recoger a sus hijos a las escuelas, después de haber concluido su jornada laboral. Mientras tanto, sus vástagos aprovecharían de la mejor manera el tiempo aprendiendo acompañados de sus maestros. De esta forma  comenzaron a funcionar varias escuelas primarias. La condición para estar en el programa y recibir los apoyos consiste en que los maestros y padres de común acuerdo amplíen la jornada de trabajo, los primeros cooperando con trabajo y recursos económicos entregados con una cuota extraordinaria para la compra de alimentos. Por su parte los profesores permaneciendo horas extras en las aulas a cambio del pago de un estímulo también extraordinario por encima de su salario, ampliando de esta forma su horario dos horas más. Con este horario ampliado además de atender las cuestiones académicas, las escuelas ofrecen desayunos a los niños al que se agrega en otras también la comida del medio día. Es decir los horarios normales de las 8 a las 13 horas se alargó hasta las 15:30.

Pero insistimos, estas escuelas no pueden llamarse de tiempo completo puesto que el aprendizaje de los alumnos que en teoría deberían adquirir está muy lejos de ser completo, son a lo más  escuelas de jornada ampliada. Escuelas de tiempo completo en estas tierras coloradas bajo el manto de un cielo cruel según el bardo jerezano, solo hay una. Se llama Cebare o Internado de Enseñanza Primaria J. Trinidad García de la Cadena y está en Guadalupe. Ahí los alumnos de 4º a 6º de Primaria y los de Secundaria toman las materias de los programas académicos por las mañanas y por las tardes reciben clases de educación física, danza, música, computación e inglés conformando clubes. En el mismo inmueble desayunan, comen y cenan; además de los refrigerios y colaciones entre las comidas. Como funciona con el régimen de internado, también se quedan a dormir. A esto es a lo que se llama escuelas de tiempo completo y hacía allá deberíamos dirigir la mira. Mientras no ocurra porque los recursos además de limitados llegan tarde, las deficiencias seguirán presentes, así sean vistas como normales por las autoridades del ramo. ■

Hay detractores de los partidos políticos para quienes, seguramente, no habrá razón que los pueda mover de la postura que han tomado. No obstante, sin mayor interés que aportar elementos de juicio para una adecuada valoración de su desempeño, es bueno revisar uno de los aspectos que más ha contribuido a dibujar esa aureola gris que se forma en torno de los partidos políticos. Nos referiremos a su financiamiento, ya  sea público o privado, de paso, a partir de las experiencias conocidas, deduzcamos las consecuencias que podrían derivarse de la apertura que ahora se ha dado al financiamiento privado, pues se trata de recursos que, posiblemente, no dejan estela en su origen ni huella del fin que se les haya dado, son difíciles de medir y fiscalizar, por lo que se convierten en verdaderos riesgos para el sistema electoral, más en una democracia que está en vías de su consolidación.

El tema del dinero en los partidos políticos es un asunto que merece permanente observación, regulación y sanciones efectivas. En el caso de los sistemas electorales y de partidos vigentes en México, deben destacarse los logros alcanzados en la regulación de los recursos que son ingresados a los partidos políticos, en sus límites, en su ejercicio y en la fiscalización de los mismos. La relevancia del tema no se funda solamente en la posibilidad de un ejercicio honorable del dinero, más bien, hay que destacar un mayor interés en la urgente necesidad de asegurar estándares básicos de equidad en la competencia político-electoral, evitando que el dinero sea el factor determinante para ganar elecciones.

Poco mérito se ha reconocido a los partidos políticos en la regulación de sus propios recursos y de los logros que en este tema se han alcanzado. Pero hay que decirlo, han sido los partidos a través de los legisladores que son emanados de sus cuadros o de sus filas militantes, quienes le han puesto límites al financiamiento público, reduciendo sustancialmente las cantidades asignadas e incrementando las exigencias de fiscalización de los ejercicios ordinarios y de los gastos de las campañas político-electorales. Por ejemplo, a partir de la reforma político-electoral de 2007-2008, ya no importa el número de partidos en el escenario electoral, la cantidad total de dinero que les será asignado es la misma, aun cuando puede aumentar el número de partidos el financiamiento público no será incrementado. Es decir, el hecho de que tengamos más partidos políticos de ninguna manera implica que tengamos más gasto. El monto del financiamiento público se determina para cada anualidad de manera cierta y objetiva a partir de dos variables totalmente verificables: se multiplica el número de electores en el padrón electoral por .65 por ciento del salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la cantidad resultante se distribuye entre todos los partidos políticos con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral. Es cantidad única y se incrementa solamente en los años de elecciones para cubrir los gastos de campaña; así, para las elecciones solamente de diputados, el monto de financiamiento público de cada partido político incrementará en un 30 por ciento más; para el caso de las elecciones de presidente, diputados y senadores, el incremento es de 50 por ciento más del gasto ordinario.

Antes de la reforma mencionada los gastos de campaña se cubrían duplicando el monto del gasto ordinario, es decir, el incremento era de 100 por ciento; ahora, la reducción del gasto es sustantiva, hasta de 70 por ciento; sólo como ejemplo, para las elecciones de 2015, con la legislación vigente, el financiamiento de las campañas se reducirá en una cantidad cercana a los 2 mil 500 millones de pesos. Es una decisión propia de los partidos políticos. Además de la reducción al gasto, la auditoría a los partidos políticos y candidatos será exhaustiva, exigente y se sancionará de manera efectiva cualquier exceso detectado. De esta manera, considero, deben reconocerse méritos por esos logros en la reducción y mayor regulación del financiamiento público de los partidos políticos, dinero que es cien por ciento auditable.

No obstante, si bien el dinero público para los partidos políticos se ha limitado, ahora deben generarse alertas por el incremento del financiamiento privado regulado por la nueva Ley General de Partidos Políticos. De la simple lectura del articulado correspondiente al título quinto del ordenamiento legal citado, pareciera que el financiamiento proveniente de los simpatizantes no tendrá más límite que el monto de financiamiento público del partido de que se trate. Me explico: la legislación electoral aplicable antes de la ley mencionada, sí señalaba claramente un tope al dinero privado que podría ingresar a los partidos políticos, equivalente a 10 por ciento del financiamiento público total. La ley vigente solamente le pone un límite a las aportaciones que en lo individual pueden hacer los simpatizantes a su partido, que puede ser hasta de un millón ochocientos mil pesos, pero no señala un límite para la totalidad de los simpatizantes; es decir, los partidos pueden recibir tanto financiamiento privado como simpatizantes puedan tener. El único límite que sería aplicable, en este caso, es el principio general que rige el financiamiento de los partidos políticos que es la preponderancia del dinero público sobre el privado.

Consecuencias. A mayor cantidad de dinero privado en los partidos políticos y sus candidatos, mayor dificultad para la auditoría y fiscalización. El dinero público invariablemente deja rastro, es fiscalizable en su totalidad. El dinero privado no siempre deja huella y sí genera compromisos, que necesariamente se pagan y que limitan la autonomía y legitimidad del poder político. ■

* Delegado del INE en el Estado de México