• Inercia

«Y de repente me di cuenta de que al final tendría que matarlo…” pensaba el policía inglés orwelliano del cuento Matar a un elefante; “la gente esperaba que lo hiciera y debía hacerlo; sentí sus dos mil voluntades empujándome a actuar, de modo irresistible.” Y así lo hizo, mató al animal incitado por la sarna de un pueblo sometido, que en conjunto sometieron al represor a su macabra voluntad.

“A menudo me pregunté si alguno de ellos se dio cuenta  de que lo había hecho solo para evitar parecer un idiota”, relata el personaje, quien finalmente reconoce el poder de la multitud, un poder del que gozan, en la ignorancia de que lo tienen.

La ignorancia es la fuerza

A mediados del siglo pasado, el escritor inglés George Orwell visualizó con gran precisión nuestro presente y lo escribió con magnífica lucidez en su célebre novela 1984, donde narra que “tenía usted que vivir – y en esto el hábito se convertía en un instinto- con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados.”

Con la aprobación de la Ley Telecom, en México podemos ahora experimentar en carne propia la profecía orwelliana: usted puede ser bloqueado, grabado y vigilado a placer del gobierno, según eso para garantizarnos seguridad. Las consignas de este sistema, al igual que en el texto del británico son “la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza”.

Cierto es que, el uso del Internet permitió a la población una forma de subversión, en la que, desde la comodidad del anonimato casero, se pudo confrontar  y poner en evidencia la prepotencia y corrupción de mandatarios e incluso de los poderes fácticos más de una vez. Así, como medida de seguridad para  la clase política, no para el pueblo, se implementa esta Ley, que permite bloquear señales de Internet y telefonía durante manifestaciones sociales, en otras palabras, se quita la posibilidad de pedir ayuda o demandar irregularidades o peligros. De igual forma, ahora es legal que espíen correos electrónicos, conversaciones en redes sociales y móviles ¿y quién dice que no también de plantarnos evidencias? De esta forma todo aquel que reniegue del sistema queda expuesto y puede ser amagado.

Entonces ¿estamos seguros? Hablar de seguridad y particularmente de nuestra seguridad es una imposibilidad. Ya somos la presa fácil y el chivo expiatorio de los altos mandos de poder a disposición. Podemos ahora hablar de un estado de esclavitud disfrazada de legalidad, donde el que impreque se expone a la brutalidad.

La inseguridad del mexicano es una característica incluso de carácter; la demostramos en las votaciones, en las acciones y sobre todo en la defensa de nuestros derechos. La Ley Telecom es una de tantas y permanecer en silencio, contemplando sus consecuencias, es una forma de aceptarla. Por infortunio somos esclavos de nuestra propia ignorancia. Al igual que en el cuento de Orwell, no sabemos el gran poder que tenemos.

La libertad es la esclavitud

El filósofo esloveno Slavoj Žižek, quien ha hecho revolucionarias reflexiones sobre la violencia social, explica que cuando una víctima puede hablar en detalle de la situación traumática, hay que desconfiar de la veracidad de tal hecho. Si pensamos en México, como un lugar en el que sus habitantes no se defienden debido a un constante aturdimiento, podemos considerar que la violencia es verídica.

A este tipo de violencia Žižek la nombra sistémica, pues “son las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político.” Sin embargo, en esto, la responsabilidad no es unilateral, sino bipartita, pues tanto el sistema como sus sometidos mantienen esta relación atemporalmente, porque por muy absurdo que parezca, hay en ello una mediocre seguridad, la que genera el conformismo y la comodidad; pues mientras haya un verdugo, el agredido gana compasión.

Una de las principales causas de la deplorable condición socio-política de este país, es precisamente la culturización del victimismo, pues es este estado una absurda justificación que nos permite quedar como “los desvalidos” y fomenta culpar al gobierno de todos los problemas ¿Cuántas veces más hemos de utilizar las retóricas frases que se pueden resumir en  “el gobierno no hace nada”? Es evidente que el gobierno sí hace mucho, hace su parte, la del beneficio propio y por lo tanto, el pueblo debería actuar de la misma forma, en defensa y rescate de los derechos populares, la libertad y la justicia. Pero no.

Es esto una de las más grandes razones por las cuales se nos somete a leyes e iniciativas que lejos de beneficiarnos, nos perjudican. No existe un temor al verdugo, sino a tomar las riendas de una situación que nos pertenece. En esto estamos de acuerdo las dos partes; mientras el gobernado se hace el ignorante, el más iletrado dirigente resulta sabiondo. No existe esclavitud sin el arraigado pensamiento de valorar más a otros (como jefes, presidentes, dueños, etc.) que a uno mismo. La victimización es la verdadera y única esclavitud y es una violencia autoinfligida. ■

• Comentarios Libres

En el presidencialismo mexicano, un factor determinante es el principio de la división de poderes, porque permite contrapesos para lograr su equilibrio; los tres, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben ser autónomos e independientes. Haciendo abstracción de los dos primeros comentaré el último, porque es importante señalar que la autonomía e independencia en este caso, son supuestos necesarios para una justicia imparcial. La CPEUM señala expresamente que toda persona tendrá derecho a una justicia pronta completa e imparcial. Por ello, las resoluciones de los tribunales federales, en especial, las emitidas por el máximo tribunal del país, nos muestran hasta qué grado se ha alcanzado en México, una verdadera  independencia judicial, aunque nadie desconoce la inexistencia de esta característica.

José María Morelos y Pavón, promotor de los principios de tolerancia; del respeto al Derecho, y con su legado ideológico Los sentimientos de la Nación,  hace 199 años creó al máximo tribunal de la Federación: la SCJN en Ario de Rosales, Michoacán como una vía para erradicar la desigualdad preponderante. Estos logros son la prueba material de su férrea convicción, de que sólo en la tolerancia de las diferencias humanas accidentales, puede el hombre aspirar a la civilidad.

A partir de entonces ese órgano tiene la última palabra en materia de impartición de justicia; sus resoluciones constituyen la verdad legal y se convierten en cosa juzgada.  No procede en contra de ellas  recursos alguno.

Con el paso del tiempo, las reformas de que  ha sido objeto el Poder Judicial y que por cierto son numerosas, trascendieron necesariamente al máximo tribunal, lo que no obsta para que su función otorgada desde su origen: aplicación del derecho abstracto a los casos concretos, se mantenga en la actualidad. De allí que para cumplirla, el Poder Judicial no debe realizar otra tarea, sólo ceñirse estrictamente al mandato de la ley, pues no tiene a su cargo las Fuerzas Armadas, como le corresponde al Ejecutivo a través del Presidente de la República; tampoco, realiza funciones que corresponden al Legislativo convertido en Congreso de la Unión, como es la creación, reforma, adición y derogación de leyes.

Incluso, este poder es tan distinto a los otros dos, que no media la voluntad individual de los ciudadanos para elegir a sus integrantes a través del sufragio, sino que son designados; unos, como los ministros de la SCJN por el propio jefe del Ejecutivo. Los requisitos para formar parte del Poder Judicial son constitucionalmente más restringidos, por ejemplo en cuanto a la licenciatura; a contar con título profesional  expedido con diez años de antigüedad al día de la designación, la buena fama, la buena reputación, etc.

Sin embargo, la SCJN no se encuentra integrada por personas totalmente pulcras, y, aunque deberían encontrarse en ese tribunal  los mejores abogados y abogadas de México ocupando dichos cargos, no siempre se dan las cosas de esa manera. Existen ministros, magistrados y jueces que no son ajenos a la corrupción, al nepotismo y a otros tipos de conductas nocivas para la población, y que por supuesto, reditúan  negativamente en la confianza de las resoluciones que emite. No se encuentran excluidos de estas prácticas, empleados del máximo tribunal de la Federación ya sea que formen parte de las áreas administrativas o del área propiamente judicial, como secretarios de estudio y cuenta; secretarios de acuerdos; proyectistas, notificadores etc.

Mi colaboración, como ustedes ven se titula Los que llegan a la SCJN, pero no me refiero a quienes integran ese máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, que para eso encontramos que los once ministros son designados mediante terna propuesta por el Presidente de la República ante la consideración de la Cámara de Senadores. Si los senadores no resuelven en un plazo de 30 días, el presidente nombre de entre la terna propuesta a quien debe ocupar ese cargo. O bien, si la Cámara de Senadores rechaza totalmente la terna, el presidente debe presentar otra nueva, si también esta es rechazada, entonces será el presidente quien designe al ministro entre aquellos que forman la terna propuesta.

Hago referencia con el título de esta colaboración, a todas aquellas personas que ocupan una plaza laboral en la SCJN por recomendación de los propios ministros, magistrados o jueces. Generalmente esa plaza beneficia a parientes, amigos, allegados, a personas a quienes se deben favores, pero nunca se obtiene a través de un examen por oposición cuya elaboración, aplicación y evaluación, no deje lugar a dudas. Quienes bajo estas circunstancias laboran en la SCJN, difícilmente actuarán con imparcialidad y transparencia.

Ocurre, que ese personal beneficiado con una plaza laboral en las condiciones señaladas, no siempre se encuentra preparado y carece del perfil exigible en el Poder Judicial. No son pocos quienes están ahí porque no encontraron trabajo en otro lugar. Estos y otros motivos ajenos a la función del Poder Judicial, en particular de la SCJN, devienen en una precaria y dudosa impartición de justicia.

Para evitar el regalo de plazas, es importante que se regule el ingreso del personal para que ocupen esos cargos los profesionales mexicanos de  mayor  prestigio. ■