“Nos va a venir a afectar de tal manera y al rato en lugar de propietarios ejidales que éramos vamos a resultar pura servidumbre para los grandes capitalistas. Quiere decir esto que a la mejor vamos a tener que regresar al pasado de nuestro país. Todo lo que marca la historia vamos a tener que repetirlo”, opinó Juan Calixto Gutiérrez Estrada, comisario ejidal de San Tiburcio, territorio del municipio Mazapil en el estado de Zacatecas, el cual es actualmente disputado para su explotación por las mineras Peñoles y Goldcorp.
La expresión de la autoridad de la comunidad que se encuentra a 200 kilómetros de la capital del estado y se relaciona mayormente con localidades de las entidades vecinas de San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, refiere la manera en que senadores y diputados del PRI, el PAN, Nueva Alianza y Verde Ecologista concretaron las leyes secundarias de la Reforma Energética, donde se acuñan y definen nuevos conceptos para formas de despojo de tierras comunales, ejidales e indígenas, según han denunciado organismos de la sociedad civil y legisladores de oposición: ocupación temporal de predios y servidumbre legal.
Gutiérrez Estrada señaló las modificaciones a los artículos 26, 27 y 28 constitucionales y sus implicaciones, como parte de la sabiduría histórica contada de padres a hijos: “pues vamos siendo realistas ante la situación. Porque aun siendo lo que era anteriormente, pues nunca la opinión de nosotros como ejidatarios ha sido respetada, siempre había algún argumento para hacer y deshacer a juicio de las gentes que estaban arriba”.
Tampoco antes ni ahora, han tenido quien desde el ámbito gubernamental intervenga para vigilar y asesorar los acuerdos que establecen con las empresas trasnacionales. Las nuevas leyes, sus conceptos y sus implicaciones para estos ejidatarios, cuyas tierras podrían contener el mineral para sustentar la producción, según algunos especialistas, de la que será la mina a cielo abierto más grande de América Latina en extracción de oro: Camino Rojo, siguen siendo desconocidas.
Lo que se dice “de todos lados”, acerca de la reforma en materia energética, comenta Gutiérrez Estrada, “es una decisión que viene de nuestras máximas autoridades del país y como ya está una decisión del señor Presidente de la República, pues nosotros como estamos acá en niveles muy bajos, pues no nos queda otra más que acatar; tendremos que ajustarnos como alguien dijo anteriormente que él: ‘hay que apretarnos más el cinturón”.
Luego de la cita a la expresión de Vicente Fox, considera que todavía quedan recursos legales que pudieran interponer “los amparos y todo eso. Pero en el caso de nosotros como ejidatarios ¿quién nos va a dar la asesoría legal que se requiere?”
En el articulado de la legislación secundaria a la Reforma Energética se modificó el término “expropiación” por “ocupación temporal de predios”. Según argumentaron los defensores de la iniciativa para evitar que los propietarios de las mismas “no pierdan sus tierras”, mismas que podrán ser compradas o rentadas por las empresas.
“Se establece la obligación de ejidatarios, comuneros y productores privados de entregar sus tierras y bosques a trasnacionales a través de la figura denominada servidumbre legal, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tramitará ante el Ejecutivo, en caso de que en un plazo de 10 días luego de la contraprestación sugerida por la dependencia, los afectados no acepten”, según se registra en nota de Andrea Becerril publicada en La Jornada el pasado 16 de julio.
El ejido San Tiburcio “negoció” mil 700 hectáreas con la empresa Peñoles, y ahora la minera pretende alrededor de mil 800. Con la canadiense Golcorp mil 750 hectáreas, “pero al final se convino otorgarles 500 hectáreas más “por las necesidades de trabajo de ellos”.
Respecto a estos acuerdos Calixto agregó, “es precisamente la que decíamos ahorita que empezamos con la llamada. Se habla de un término y vienen ellos a usar terminologías muy de enciclopedias, muchos rollos que a lo mejor muchos de los ejidatarios no alcanzamos a entender. Así son las cosas por acá”.
Ante sus solicitudes de intervención al Gobierno del Estado para que les aclare términos y les explique las implicaciones que tienen los acuerdos que celebran con las mineras expresa: “originalmente estuvimos tocando muchas puertas en muchos lados, nada más que resulta que nunca nos fueron abiertas”. La manera que encontraron para “entrar a Palacio de Gobierno”, fue recurrir al Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), dice.
Antes, “a pesar de mucha insistencia nunca fue posible que nos atendieran”. Acerca de la asesoría que requieren todavía expresa, “no la hemos honestamente tenido como debe de ser”.
Sobre sus fuentes de información agrega, “en cuanto a eso que me está preguntando nosotros nada más estamos enterados de lo que se publica en medios electrónicos y en la televisión. No nos llegan aquí medios impresos de ninguna naturaleza, inclusive me dijeron de que en días pasados estuvieron saliendo notas en uno de los periódicos en la capital del estado, pero no estamos enterados porque no tenemos acceso”.
Existe un ciber en la localidad, pero el acceso a Internet lo tienen las empresas que están trabajando, afirma. Juan Calixto Gutiérrez Estrada hizo un llamado “a que se vea la manera de interceder por nosotros porque no tenemos ningún tipo de asesoramiento; porque el despojo de tierras nadie lo quisiéramos”.
“Nos va a venir a afectar de tal manera y al rato en lugar de propietarios ejidales que éramos vamos a resultar pura servidumbre para los grandes capitalistas. Quiere decir esto que a la mejor vamos a tener que regresar al pasado de nuestro país todo lo que marca la historia vamos a tener que repetirlo….”
El viernes 18 de julio ejidatarios de San Tiburcio, acompañados de líderes del FPLZ, tuvieron otro encuentro con Francisco Escobedo Villegas, secretario general de Gobierno de Zacatecas. Su solicitud fue que las autoridades intervengan en las negociaciones con la minera Goldcorp para obtener a cambio del uso de sus tierras una negociación justa. El funcionario se habría comprometido a fungir como interlocutor entre las partes.
A favor de la Reforma Energética, el presidente de la Canacintra
El que se abran las puertas a los grandes corporativos extranjeros del mercado energético no deja en la indefensión a los nacionales ni tampoco les afecta, por el contrario la Reforma Energética les permitirá a los locales tener beneficios directos e incluso ya hay proyectos potenciales, aseveró Joshua Mendoza Jasso, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
A propósito de que están listas las leyes secundarias de la reforma, el líder empresarial dijo que la Energética es de las pocas reformas estructurales en las que su sector está a favor, porque si bien fueron muy “duros” en la Hacendaria y se contrapuntearon con Gobierno Federal, con la de hidrocarburos hay buenas expectativas.
Esto debido a que, consideró, propiciará mayor disponibilidad de gas natural, combustibles y los mismos productos técnicos para hacer posible una reindustrialización de las empresas nacionales. Nosotros vemos con buenos ojos que hay oportunidades en diversas áreas e inversiones del país.
Eso se traducirá en una mejor actividad económica y de generación de empleos, así como en un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1 por ciento en 2018, tan sólo por la mera aprobación de la reforma.
La expectativa es que el contenido nacional y local se deba incrementar en los proyectos presentados con la reforma en más de 40 por ciento, de modo que si se detona un proyecto regional de extracción y generación de energía o algún producto químico se llegará a ese porcentaje.
Canacintra ve un efecto multiplicador que puede fortalecer a la industria nacional, una generadora de empleos que dará impuestos y derechos. Además de que a los empresarios nacionales también les interesa la exploración, extracción, la parte de logística, generación eléctrica, procesamiento en cuestión de refinación y petroquímica. En términos generales se busca que los proyectos que detonan de esas áreas traigan crecimiento nacional, finalizó.
“Apucha” el gobierno a los campesinos para que malbaraten sus tierras: ejidatario
“Lo poco que entiende uno es que lo están apuchando a que malbarate sus tierras”, indicó el ejidatario Francisco Escalante Paredes respecto a las implicaciones para el campo de las recientes reformas votadas y aprobadas por el Congreso de la Unión.
El campesino de Tacoaleche participó en ese entendido en el contingente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y junto con poco más de 40 campesinos más, procedentes de la misma localidad del municipio Guadalupe en el estado de Zacatecas, a la megamarcha convocada para efectuarse en el Distrito Federal ayer por diferentes organizaciones agrarias, ambientalistas y de consumidores, que propusieron ésta como la primera gran expresión colectiva de rechazo a la Reforma Energética.
Entre las implicaciones de la misma que alertan y alientan a la acción a los inconformes, se han señalado la posibilidad del despojo de propiedades ejidales, tierras comunales e indígenas; la contaminación de suelos y aguas y depredación de flora y fauna; el retiro de subsidios a la energía eléctrica y el incremento al combustible diesel.
En la lectura de este hombre que en su parcela siembra maíz, frijol y chile, actividad de la que depende para vivir, las modificaciones legales y las ya padecidas como la apertura de las fronteras a la importación de productos agrarios “es un desastre para nosotros. No sé si vayamos a aguantar la marcha a seguir produciendo”.
El ejido Tacoaleche, integrado por 678 campesinos, actualmente se encuentra dividido en reacción a recientes medidas implementadas desde el gobierno para el campo, concretamente la certificación de tierras que implicó la posibilidad de su venta, en este caso para fraccionamientos urbanos que ya avanzan sobre la antes propiedad social inafectable, inembargable e inajenable.
“Nomás un puro certificado. El certificado ¿para qué sirve? para nada. De pronto le ofrecen 100 mil pesos por su parcela, que no es nada. Sin embargo, se manifiesta y dice ¡ah caray! siento que di barato. Quien está por construir los fraccionamientos es quien hace negocio. Es un robo se puede decir”.
El grupo al que pertenece Escalante Paredes cuestiona la autoridad de Manuel Luévano, actual comisariado ejidal, debido a que la misma fue producto –señala- de una elección ilegal, misma en que presuntamente habrían intervenido según denuncia, el gobierno, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario.
De esta manera, agregó, a quienes disienten se les han negado apoyos como el Procampo y otros que implican la entrega de semilla y la renovación de refacciones para los tractores. Luévano –señala- no se manifiesta en esta coyuntura en contra de la Reforma Energética y sus efectos para los ejidatarios en este caso de Tacoaleche.
Él y el grupo que concentra en torno “están ahorita ciegos por el actual gobierno. Hacen y deshacen con el ejido, lo tienen secuestrado. Ya esto es más allá de colores”. Francisco Escalante observa por su parte que “las cosas vienen feas para su comunidad”, y cuestiona a quienes obedecen una “autoridad” aún cuando ésta se coloca “por encima de la ley”.
En este sentido se duele de la ignorancia en que vive la gente campesina, misma que “todavía está creyendo que quien toma las determinaciones en el ejido es la máxima autoridad”.
“Sin embargo la gente se cierra y dice: es que lo está ordenando el gobierno”. Las determinaciones del mismo, advierte, traerán consecuencias graves que luego cuando ya no haya remedio, “van a volver con lo mismo: y que el gobierno dijo”.
