■ Los excesivos montos son legales, pero no morales, considera Soledad Luévano Cantú

■ Los datos fueron solicitados mediante la Ley de Transparencia, explicó la legisladora

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Soledad Luévano Cantú, con documentos solicitados vía acceso a la información, denunció el pago de 634 millones de pesos en bonos de productividad a funcionarios del Ejecutivo, incluidos los de primer nivel y el gobernador, en lo que va del sexenio.

Dijo que según el artículo 37 de los presupuestos de egresos se le da la facultad al secretario de Finanzas de entregar ese tipo de estímulos, de modo que los excesivos montos son legales, pero no morales.

Ayer en una conferencia de prensa, detalló que al jefe del Ejecutivo estatal se le da un bono mensual de 146 mil pesos, además de su salario formal que son 44 mil pesos, de modo que percibe al mes casi 191 mil pesos.

El secretario de Finanzas, Fernando Soto, aseguró, percibe 48 mil pesos en bono, y el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo, 68 mil pesos.

La legisladora, acompañada por el petista José Luis Figueroa Rangel, anunció que con ese motivo presentará este martes en sesión del Congreso un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo termine con esa partida “inmoral”, ya que de continuar con esos montos, en el sexenio del priísta se gastarán más de mil millones de pesos tan sólo en ese rubro, mientras que en programas como el de ampliación a la vivienda apenas y se destinan 15 millones de pesos, y el estado es de los más pobres del país.

Soledad Luévano detalló además que la “nómina oculta” no aparece en la página de transparencia del gobierno, si bien la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) recién calificó con casi un 10 al Ejecutivo en materia de transparencia, es porque el órgano autónomo no verifica la veracidad de la información, sólo que se tenga en el portal, además, al ser bonos sólo se registra el salario formal.

De modo que la información dada a conocer ayer la solicitó mediante la Ley de Transparencia. Entre los documentos que presentó está la póliza 12006543 de la oficina del gobernador, donde se detalla que por el concepto de estímulos de productividad y eficiencia se erogan 236 mil pesos mensuales. El monto mayor de una sola persona es de 73 mil 227 mil pesos y aunque en la hoja no se dan a conocer los nombres por resguardo de la información de datos personales, la diputada aseguró que se trata del gobernador.

En la póliza 12005673 de estímulos de productividad y eficiencia en la Secretaría de Finanzas, se erogan 408 mil pesos al mes en bonos; el monto mayor es de 48 mil 820 pesos, que presuntamente los recibe el titular de la dependencia.

En tanto en el apartado 1711 del Presupuesto de Egresos del Estado 2013, también de estímulos por productividad destaca que en la Oficina del Gobernador se erogaron al año 18 millones 157 mil pesos; en la Secretaría de Turismo, un millón 391 mil pesos; Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), 2 millones 168 mil pesos; Secretaría de la Mujer, 382 mil pesos; Secretaría de Seguridad Pública, 10 millones 78 mil pesos; Coordinación General Jurídica, un millón 985 mil pesos.

En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), 4 millones 181 mil pesos; Secretaría General de Gobierno, 8 millones 416 mil pesos; Secretaría de Finanzas, 98 millones 730 mil pesos; Secretaría de Administración, 10 millones 417 mil pesos; Secretaría del Campo, 3 millones 703 mil pesos; Secretaría de Infraestructura, 4 millones 13 mil pesos, por mencionar algunas dependencias.

Respecto de 2014, hay reporte hasta el mes de junio, de modo que los montos mensuales varían. De igual manera los montos de 2010, 2011 y 2012 son variables, según los documentos dados a conocer por la legisladora de Movimiento Ciudadano y cuyas copias entregó a los medios de comunicación.

Sin embargo, Luévano insistió en que la suma total de los cuatro años en rubro el 1711 del PEE de estímulos por productividad y eficiencia se han erogado los 634 millones de pesos.

Finalmente aludió a una iniciativa de austeridad presentada por ella ante el Congreso, pero que está atorada en comisión.

“Sueldos de los funcionarios del estado
deben de ser de los más bajos”: Escobedo

“Sin temor a equivocarme los sueldos de los funcionarios del estado de Zacatecas deben de ser de los más bajos, sino es que los más bajos de todo el país”, aseveró el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, en respuesta a la diputada de Movimiento Ciudadano, Soledad Luévano Cantú, quien acusó al Ejecutivo de erogar cantidades millonarias para pago de bonos a funcionarios y el gobernador, por un monto de  634 millones en lo que va del sexenio.

En entrevista, Escobedo dijo que no es un secreto el que los funcionarios tienen un pago y un bono; eso se ha tenido desde que “nuestra buena amiga diputada” (Soledad Luévano) era oficial mayor en gobierno. Los ingresos de los funcionarios están debidamente registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pagan impuestos y con toda legalidad, agregó.

A decir del encargado de la política interna del gobierno, la acusación de la legisladora no es del otro mundo ni extraordinaria, porque “son salarios modestos y apegados a la realidad del estado”.

Pareciera entonces que la intención de la diputada es hacerlo ver como un asunto extra y escondido, cuando comentó que no es así, los bonos son parte del salario de los trabajadores de gobierno, sostuvo.

No hay nada que esconder en el tema, tan es así que la diputada tienen la información. De modo que ante las recurrentes acusaciones de Luévano en contra de Gobierno del Estado, Escobedo dijo respetarlas, pero no compartirlas.

Aunque a partir de este momento parece que se obedeciera a algún “otro tipo de interés”, por los tiempos electorales que se avecinan en 2015 y 2016. Consideró que seguramente habrá interés político de ciertos actores y personajes del estado, que querrán acusar al gobierno y sus funcionarios de diferentes situaciones.

Sin embargo, tienen la instrucción del gobernador “de trabajar con escrupulosa transparencia”, y si alguno no lo llega a hacer, se le aplicaría el peso de la ley.

Sin reglamentación, salarios de los altos funcionarios y de representantes populares

Los salarios y prestaciones económicas que gozan los altos funcionarios y representantes populares de los tres poderes no tienen reglamentación alguna. El dinero público fluye a través de múltiples formas: bonos de productividad, pensiones privilegiadas, herramientas legislativas.

Apenas en julio se reveló que por haber trabajado un mínimo de tres años, algunos cuatro, seis y un máximo de 12 años, ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Zacatecas reciben de por vida una pensión anual de un millón 134 mil pesos, mientras que sus viudas, 567 mil pesos.

Asimismo, los magistrados en retiro aún vivos tienen una pensión mensual de 94 mil pesos y las esposas de los ya finados, 47 mil pesos cada cuatro semanas.

De igual forma, los diputados del Congreso del estado tienen a su disposición, mes con mes, una partida de aproximadamente 60 mil pesos, denominada herramientas legislativas o gasto para gestión social, la cual erogan discrecionalmente. La dieta mensual de los diputados zacatecanos es de 95 mil pesos.

Cabe recordar que, por ejemplo, en la revisión que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó al paquete de entrega-recepción de la 60 legislatura, se detectaron irregularidades por 26.9 millones de pesos de esta partida, los cuales no fueron justificados por los ex diputados.

En septiembre de 2013, el entonces presidente de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, Rafael Flores Mendoza, afirmó que los diputados de la 61 Legislatura no tenían las herramientas para atender las demandas de la ciudadanía durante los últimos cuatro meses de ese año, ya que los anteriores diputados ejercieron el presupuesto íntegro, es decir, tomaron recursos para gestión que ya no les correspondían.

Flores Mendoza agregó que los gastos de gestión de los diputados se tienen que comprobar, y que en la 60 Legislatura eran de 200 mil pesos mensuales.

En Zacatecas no existe una Ley de Salarios Máximos, sólo hay una reforma a la Constitución local, donde desde 2010 se plantea de manera genérica el tema de que nadie de la administración pública en el estado puede devengar un salario mayor al del titular del Poder Ejecutivo, es decir, falta la ley reglamentaria o mejor conocida como ley secundaria que entraría al detalle de dicho mandato constitucional.

El estado cuenta hasta el momento con la reforma que deriva de una federal, en la cual únicamente se establece el concepto de salarios máximos, aunque no existe ley reglamentaria alguna, lo que deja sin sustento al cambio legal, según algunos juristas.

Se ha trabajado con la mayor austeridad posible, asevera el mandatario estatal

Aunque el gobernador Miguel Alonso Reyes no quiso emitir una opinión ante las críticas recibidas por los bonos de productividad millonarios que reciben los funcionarios de primer nivel de su administración, hasta “conocer a detalle la información”, subrayó que “lo que sí puedo decir es que se ha trabajado con la mayor austeridad posible”.

Estas declaraciones se derivan de la denuncia realizada la mañana de este lunes por los diputados locales Soledad Luévano y José Luis Figueroa, en la que mostraron documentos del portal de acceso a la información pública de Gobierno estatal, en los que se evidenciaba el pago, en lo que va del sexenio, de 634 millones de pesos en “bonos de productividad” a los secretarios y al gobernador.

Al ser entrevistado unas horas después de la conferencia en el Congreso del estado, durante una gira en el municipio de Miguel Auza, Alonso Reyes comentó que “no podría emitir una opinión en este momento. (…) Evidentemente que se puede tener un ingreso de acuerdo con la ley, pero quisiera poder antes revisar exactamente la información”.

Aparte del tema del bono de productividad, el mandatario también hizo referencia al cumplimiento que hasta la fecha se ha tenido de las recomendaciones realizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al inicio de la administración estatal.

En este sentido, recordó que en el año 2010 se tuvo un acercamiento con este organismo internacional, principalmente para diseñar algunas acciones que se sugieren a los gobiernos y que se enfocan, por ejemplo, al ámbito de la seguridad, atendiendo las violencias de diferente índole como la de género, así como los delitos callejeros, y la corrupción, entre otros.

Precisó que “en un comienzo fue de manera muy cercana y después se quedó el modelo establecido para Zacatecas. Todavía incluso la agenda del gobernador, algunos otros aspectos en materia de organización interna de la administración, lo hacemos con base a las recomendaciones del PNUD”.

Sin embargo, informó que la instrucción que dio a los funcionarios de las diversas dependencias es que, una vez que hubiera concluido el cuarto año de gobierno, se llevara a cabo una revisión a fondo del cumplimiento de estas metas y criterios internacionales, así como para proyectar en esta área los dos últimos años del sexenio.

Al respecto, Alonso Reyes comentó que “ahora lo que corresponderá es hacer una evaluación de cómo vamos y volver a contactar a PNUD para que se pudiera, rumbo a este tercer tercio de la administración estatal, tener también el referente de cómo vamos respecto a las recomendaciones generales que recibimos por parte de ellos”.

El gobernador recalcó, por tanto, que su gabinete continuará trabajando con base en estos lineamientos del PNUD. “Sin tener necesariamente una certificación o una cuestión de esta naturaleza”, puntualizó, pero sí seguir dando continuidad a estas sugerencias.