■ Uno de los problemas que recibe mayor atención por parte del oganismo es el de corrupción
■ Hasta agosto de 2014 se reportan 10 mil 535 denuncias en el MP; 9 mil 918 en 2013, señala
La corrupción y la violencia ejercida por los actores estatales, los delitos callejeros y los cometidos por y contra los jóvenes, así como las agresiones de género y la delincuencia organizada son las amenazas papables que en América Latina merman la posibilidad de hacer efectiva una seguridad ciudadana real.
Esta conclusión se plasma en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El organismo internacional asegura que precisamente la seguridad ciudadana “es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de América Latina”.
Asimismo, especifica que este tipo de seguridad se relaciona con diversos ámbitos como el de la salud, la educación y la alimentación, así como con el respecto a derechos básicos como la vida, y la integridad física y material.
Además, expone que, aparte de las amenazas ya mencionadas, también hay otros obstáculos “directos” para garantizar la seguridad ciudadana como la falta de empleo, la pobreza, la inequidad y la carencia de libertades.
La situación en Zacatecas, en cuanto a los problemas que impiden un desarrollo humano óptimo por no garantizarse la seguridad ciudadana, se ha dado a conocer tanto a través de estadísticas como de declaraciones de los funcionarios estatales.
En este sentido, en relación al incremento de la participación de los jóvenes en actos delictivos es notable. El procurador general de Justicia del estado, Arturo Nahle García, ha asegurado en diversas entrevistas que en 90 por ciento de los delitos que se denuncian ante la PGJEZ los responsables, es decir, quienes cometieron el acto ilícito, fueron jóvenes.
De igual forma, es reflejo de esta situación la necesidad de construir un nuevo Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ), debido a que las actuales instalaciones han quedado pequeñas para el número de menores que han ingresado para cumplir una sentencia o mientras se lleva a cabo su proceso.
En torno a esta misma amenaza que involucra al sector juvenil de la población, el PNUD menciona que también son cada vez más los jóvenes víctimas de delitos. Al respecto se publicaron las estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) para Zacatecas.
En este documento hecho público el año pasado se advertía que durante 2011 hubo un aumento de 93.3 por ciento en los daños a la salud provocados por actos violentos entre los niños y jóvenes de 10 a 19 años del estado.
Además, en el mismo apartado de daños a la salud por accidentes y violencia se señala en la Ensanut el tema de los intentos de suicidio entre los adolescentes. Al respecto, destaca que Zacatecas se encuentra ligeramente por encima de la media nacional con un porcentaje de 2.9, mientras que en México la media fue de 2.7 por ciento.
Otra de las amenazas que, según el PNUD, atentan contra la seguridad ciudadana es la de la violencia ejercida por los actores estatales. Un indicador sobre este ámbito en Zacatecas es el que puede encontrarse en las quejas interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y, en concreto, en el número de recomendaciones que este organismo ha realizado en contra de autoridades.
En este sentido, cabe subrayar el incremento que se dio de 2012 a 2013. En ese periodo se triplicó el número de recomendaciones emitidas, pues se pasó de 4 a 12. Mientras tanto, en lo que va de 2014, a falta todavía de más de tres meses para que concluya el año, ya se han registrado 7 advertencias de este tipo por parte de la CDHEZ a instancias gubernamentales.
Por otro lado, el PNUD también destaca que los delitos callejeros son una amenaza para la sociedad, sobre todo en relación a la protección del derecho a la vida, y a la integridad física y material.
Para evidenciar este peligro en Zacatecas existe la base de datos oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). En estas estadísticas se advierte que, por el momento, el total de delitos denunciados ante las agencias del Ministerio Público del estado es mayor que en 2013.
Al mes de agosto de 2014 se han registrado 10 mil 535 denuncias, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra fue de 9 mil 918. Entre los aumentos que destacan se encuentran el robo, pasando de 4 mil 966 a 5 mil 106, y en concreto los hurtos cometidos con violencia, que registran un incremento cercano a 40 por ciento.
En ese tenor, la violencia de género también es un factor de riesgo que atenta contra la seguridad humana. Entre las agresiones de las que son víctimas las mujeres se mencionan las violaciones. En este punto, también los datos del SNSP reflejan un aumento de 2013 al presente año de 25 por ciento, al pasar de 76 a 95 casos denunciados.
No obstante, una de las amenazas que recibe mayor atención por parte del PNUD es la de corrupción, definida en el informe como “la apropiación indebida de los bienes públicos” y calificada como “una amenaza grave y extendida para la seguridad ciudadana en América Latina”, junto con la impunidad.
El organismo internacional hace referencia al impacto económico de este fenómeno y, al respecto, sostiene que el Banco Mundial ha estimado que la corrupción en América Latina absorbe alrededor de 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional.
De esta forma, se expone que “un dato significativo que ilustra el grave problema de impunidad asociada a la corrupción de cuello blanco es que más de la mitad de los reclusos entrevistados en todos los países afirman que si hubiesen tenido el dinero suficiente, a través del pago de sobornos, hubiesen podido evitar la detención y el procesamiento”.
En México, el porcentaje de reos que hizo esta afirmación fue de 66 por ciento, además de que destaca que en 10 por ciento de los delitos cometidos en el país hubo participación de alguna autoridad como policías, militares, fiscales o jueces.
Al respecto, en Zacatecas ha habido denuncias en materia de corrupción. De las más recientes, destaca la demanda que la diputada local Soledad Luévano realizó en contra del secretario de Administración, Le Roy Barragán Ocampo, por los delitos de tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.
Sin embargo, también cabe mencionar que, aunque no se han concluido las investigaciones a 100 por ciento, el procurador de Justicia del estado, Arturo Nahle García, ya adelantó que “todo indica que no hay elementos para proceder” en contra del funcionario.
Asimismo, también resalta el escándalo que se produjo tras la publicación de un audio anónimo en redes sociales, en el que se evidenciaba con una grabación el supuesto pago de 100 mil pesos a varios ex diputados locales por parte de Gobierno del Estado, para la aprobación del presupuesto de 2013.
Este presunto delito motivó el inicio de una investigación de oficio en la PGJEZ, además de que se presentaron dos denuncias ciudadanos en su contra. No obstante, tras varios meses en los que la procuraduría estatal aseguró estar dando seguimiento al caso, éste se concluyó “por falta de pruebas”.
No obstante, en el mes de mayo de este año una juez de garantías, a raíz de una solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ordenó que se reabriera la investigación, por lo que aún está en proceso.
En cuanto a la corrupción a nivel nacional, el PNUD no aporta datos halagüeños. Según lo expuesto en el informe, entre los países seleccionados para la muestra, México registró la mayor frecuencia de petición de soborno por parte de un policía. En concreto fue 20.5 por ciento de los ciudadanos consultados los que aseguraron haber recibido una solicitud de este tipo en el último año. La frecuencia en cuanto a otros servidores públicos en este mismo ámbito fue de 9.8 por ciento.
También se destaca en el informe que los mexicanos, con 21.8 por ciento, son los que más justifican este tipo de prácticas de acuerdo a “como están las cosas” en el país actualmente.
El organismo internacional no sólo menciona las amenazas que actualmente existen en contra de la seguridad ciudadana, sino que también enumera una serie de recomendaciones para que el Estado pueda cumplir con su responsabilidad y garantizar este aspecto.
En el tema de la corrupción, se expone como medida necesaria la participación de la sociedad, es decir, se advierte que “el papel de la ciudadanía para la auditoría de estas instituciones y de su acción, así como de los organismos de derechos humanos y de los centros académicos que producen información respecto de la policía es también fundamental”.
El PNUD hace un listado de 10 recomendaciones generales para garantizar la seguridad humana. Sin embargo, dentro de cada categoría precisa acciones concretas como la de fortalecer el monitoreo, la evaluación y la contraloría social a través, por ejemplo, de introducir incentivos para que las universidades y centros de investigación realicen evaluaciones independientes y con pleno acceso a los datos de las acciones del estado.
El PNUD concluye que los Estados latinoamericanos, entre los que se incluye México y se concreta en los gobierno locales como el de Zacatecas, “no han estado a la altura del desafío de la inseguridad”, principalmente por los actos de corrupción, la elevada tasa de impunidad y la “falta de proporcionalidad en las sanciones”, ya que estos elementos han mermado la efectividad y legitimidad de las autoridades.
