Activistas y representantes de las víctimas del 8M en Zacatecas anunciaron la suspensión provisional de la audiencia inicial, obtenida por medio de un amparo. Esta prórroga tiene el objetivo de que, en el período de un mes, una organización internacional aplique el Protocolo de Estambul para determinar con base en una validación científica rigurosa, si las víctimas sufrieron tortura a manos de las fuerzas policiales.
La activista María Luisa Sosa de la Torre, explicó en una rueda de prensa convocada a las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), que este protocolo se implementará para perfeccionar la investigación judicial que ya suma una extensión de cuatro tomos ante los peritajes realizados en el mes de marzo, cuya imparcialidad se cuestiona.
Sosa de la Torre informó que la aplicación del Protocolo de Estambul, necesaria para determinar el delito de tortura, fue rechazada en repetidas ocasiones por las autoridades.
«Consta en la carpeta de investigación un acuerdo en donde se niega la realización de este protocolo (…) Nuestro agresor es el Estado”, refirió la activista al describir que las diez víctimas que se atrevieron a denunciar fueron en su mayoría jóvenes estudiantes quienes no confían en la atención psicológica proporcionada por el Estado.
Dicha desconfianza se agudizó tras los dictámenes psicológicos negativos emitidos por las autoridades, los cuales, según Sosa, contradicen los hechos ampliamente documentados.
La activista subrayó que las fuerzas policiales involucradas en los hechos incluyen al cuerpo élite de la Secretaría de Seguridad Pública, conocidas como las FRIZ (Fuerzas de Reacción Inmediata). Esta situación ha generado una desconfianza profunda hacia las instituciones, enfatizó.
La suspensión conseguida evitó que la audiencia inicial procediera para judicializar únicamente los delitos de lesiones y abuso de autoridad, excluyendo el delito de tortura, señalado por las víctimas como el principal agravante.
«No se va a judicializar solo por lesiones y abuso de autoridad, eso no refleja lo que las víctimas han estado denunciando», subrayó Sosa de la Torre quien además informó que la Fiscalía ofreció la aplicación del Protocolo de Estambul, pero lo hizo en una fecha muy reciente.
Puntualizó que el peritaje externo garantiza mayor seguridad y confianza para las víctimas.
«Queremos que la fiscalía en breve nos diga de quién provino la orden, porque si no se sanciona a quien dio la orden, no habrá justicia completa», sostuvo María Luisa Sosa, destacando la necesidad de que se vincule a todos los responsables del ataque, incluyendo a los autores intelectuales.
Finalmente, Elena Ortega Cortés remarcó la importancia de asegurar la no repetición de estos actos y garantizar el derecho a la libre manifestación. Enfatizó que la justicia debe abarcar a toda la cadena de mando que permitió la agresión del 8M.
Las activistas resaltaron la importancia de las movilizaciones feministas en puerta, tales como el 28S: el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, y el 25N. Señalaron que estas manifestaciones son esenciales para seguir visibilizando la lucha en contra de las diversas formas de violencia que sufren las zacatecanas de forma cotidiana.
