Tras 11 días de la renuncia de Guadalupe Taddei, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un plan para atender la crisis en este órgano, el cual incluye mecanismos de control institucional y candados para que esta situación no se repita.
Ayer, la pregunta constante en la herradura de la democracia, tanto de consejeros como de representantes partidistas, fue: ¿cómo restaurar la integridad del instituto y la confianza de la ciudadanía? Algunos advirtieron que la simple renuncia de la ex consejera presidenta es importante, pero no suficiente para resarcir el daño.
El consejero Arturo Castillo habló de la vigencia del precepto constitucional que prevé que los delitos de corrupción merecen prisión preventiva oficiosa para evitar que los presuntos responsables se fuguen mientras las investigaciones están en curso.
“Sin duda alguna es la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución. Jamás se había visto la renuncia de la presidenta del Consejo General por un escándalo de corrupción”, señaló.
A su vez, Ernesto Guerra, representante del partido PAZ, señaló: “es imperativo limpiar el mugrero que se dejó. La renuncia no significa que esto quede así”.
La consejera Carla Humphrey destacó la urgencia de robustecer los mecanismos de fiscalización y el control del gasto institucional. En esta revisión de los contratos, agregó, la premisa debe ser única: que no quede nada sin revisar.
Mencionó que es necesario fortalecer las licitaciones e incluso hacerlas internacionales, y bajar al mínimo las adjudicaciones directas.
“Esta limpieza de la casa debe corregir también las prácticas de favoritismo y cerrar todos los espacios a la discrecionalidad y conflictos de intereses, señaló.
Pese a la variedad de matices para abordar la crisis, la votación fue unánime para fortalecer la vigilancia y el control institucional.
Por lo pronto, como se difundió ayer, fue confirmada la solicitud que hará el INE a la Auditoría Superior de la Federación para que revise todas las compras, arrendamientos y servicios del INE, de 2016 a 2026, además de establecer un método de preservación de documentos, ahora evidencias de las investigaciones internas y externas.
