En reunión de la Coordinadora de Delegados del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), se acordó emplazar a huelga a la institución a más tardar el martes, a la vez que se trabajará en un plan de acción para exigir a las autoridades el cumplimiento de todos los compromisos contractuales en este cierre de año.
Carlos Fernando Aréchiga Flores, secretario general, consideró que fue una reunión productiva porque se determinaron diversas medidas, entre ellas emplazar a huelga en los próximos días, además de planificar movilizaciones mediante las cuales se haga presión a las diversas instancias.
Al respecto, los docentes manejaron diversas opciones, entre ellas paros laborales escalonados en las diversas unidades académicas, marchas e incluso movilizarse en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Congreso de la Unión y la Legislatura del estado.
En ese sentido, el secretario general dijo que el sindicato va a proponer a la Rectoría de la BUAZ que sea la que encabece una amplia movilización de universitarios, lo cual sería respaldado por el sindicato.
Recordó que la BUAZ es una institución que ha alcanzado buenos indicadores académicos de calidad, de matrícula y de cobertura, pero el Gobierno federal no ha autorizado plazas nuevas durante muchos años.
Asimismo, Aréchiga Flores mencionó que la Rectoría organizará una reunión con los actuarios que revisarán la situación financiera de la universidad para valorar diversas alternativas que permitan atender la crisis financiera de la institución.
Sobre el fideicomiso que propone el rector Ángel Román Gutiérrez para que jubilados y activos aporten recursos y que éste coadyuve con el pago de pensiones, mencionó que muchas unidades académicas se han pronunciado en contra y se trata de una medida que pudiese representar una embestida en contra de los derechos adquiridos.
Al respecto, varios delegados mencionaron que en sus unidades académicas hay desacuerdo con la propuesta del fideicomiso que plantea el rector y están dispuestos a movilizarse en contra de esa medida.
También manifestaron la necesidad de hacer frente a la propaganda que está realizando el rector en las unidades académicas a las que acude y, para ello, se le debe exigir que presente documentos en donde esclarezca cuáles son las condiciones que establece el Gobierno federal para aportar recursos y en qué consiste la propuesta del fideicomiso.
Por otra parte, ante las declaraciones del gobernador del estado, David Monreal Ávila, en donde cuestiona sus costos y descarta otorgar recursos extraordinarios para enfrentar su crisis financiera, el Comité Ejecutivo presentó un pronunciamiento en el que manifiesta su rechazo a expresiones que desvalorizan la contribución histórica, educativa, científica, social y económica de la universidad.
“Estas declaraciones omiten reconocer que la crisis universitaria también es consecuencia del incumplimiento y descuido de las responsabilidades de los gobiernos federal y estatal en el financiamiento de la educación superior pública. Una insuficiencia presupuestal que hoy pone en riesgo los derechos laborales y la estabilidad económica de miles de familias universitarias”.
Además, señalaron que los salarios del personal académico nunca han sido de privilegio. E incluso la capacidad adquisitiva de los docentes se redujo durante los 36 años del periodo neoliberal, pues el salario mínimo acumuló una pérdida de entre el 75 y el 77 por ciento de su valor real.
También rechazaron que la universidad sea “un barril sin fondo”, sino que es una de las inversiones más importantes para el Estado, ya que la BUAZ no es, ni será nunca, un barril sin fondo; es una de las inversiones más importantes para Zacatecas, ya que ha formado generaciones de profesionistas que sostienen actividades esenciales en todos los municipios del estado y otras regiones del país.
“De acuerdo con cifras oficiales de la SEP, la BUAZ cuenta con 39 mil 732 estudiantes y constituye un importante motor económico. Los salarios de sus trabajadores, el consumo estudiantil y las actividades universitarias generan beneficios para el comercio, el transporte, la vivienda y diversos sectores productivos”.
En materia presupuestal, refirieron que, para 2026, la SEP registra un subsidio ordinario de 2 mil 600 millones de pesos: mil 960 millones aportados por la Federación (75.38 por ciento) y 640 millones atribuidos al Gobierno del Estado (24.62 por ciento).
Sin embargo, la Ley de Hacienda del Estado contempla un impuesto específico del 10 por ciento sobre determinadas contribuciones estatales, destinado a la BUAZ y pagado por la ciudadanía, pero, durante la discusión presupuestal de 2026, se señaló públicamente que aproximadamente 311 millones de pesos provenientes de este impuesto estaban incluidos en la aportación estatal.
“De confirmarse, prácticamente la mitad del subsidio atribuido al Gobierno del Estado provendría de recursos que las y los zacatecanos aportan específicamente para sostener su universidad. Por ello, no puede calificarse a la BUAZ como una carga excesiva sin reconocer primero el esfuerzo de la propia sociedad y los servicios que recibe a cambio”.
Por último, el SPAUAZ reconoció la necesidad de revisar las finanzas universitarias, fortalecer la transparencia, corregir irregularidades y establecer medidas responsables que garanticen su viabilidad. Sin embargo, “rechazamos que la crisis se atribuya exclusivamente a los salarios y prestaciones de las y los trabajadores, pues son derechos laborales contractuales, no privilegios”.
