Esta semana comenzaron los registros internos de Morena y de sus partidos aliados para definir las candidaturas a las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año. Más allá de los nombres, las encuestas y las inevitables especulaciones políticas, el proceso abre una reflexión mucho más profunda sobre el momento que vive el partido en el gobierno.
En prácticamente todas las entidades donde habrá renovación de gubernatura aparecen múltiples aspirantes con posibilidades reales de competir. En algunos estados son cinco, seis o incluso más figuras las que han levantado la mano. El dato no es menor. Habla de un partido que mantiene una enorme capacidad de convocatoria, una presencia territorial consolidada y una expectativa de poder que sigue siendo atractiva para amplios sectores de la sociedad.
Sin embargo, aquello que hoy representa una fortaleza puede convertirse también en su principal desafío.
La historia política mexicana ofrece numerosos ejemplos de movimientos que llegaron al poder impulsados por causas legítimas y respaldados por una amplia base social, pero que comenzaron a debilitarse cuando las disputas internas sustituyeron a los ideales que les dieron origen. El desafío de Morena no será únicamente ganar elecciones. El desafío consiste en administrar con inteligencia política las tensiones naturales que genera ser la principal fuerza política del país.
Por ello, la conducción de estos procesos exige altura de miras. La dirigencia nacional y los liderazgos del movimiento tienen ante sí una prueba de enorme trascendencia. Lo que está en juego no son solamente 17 candidaturas. Lo que está en juego es la capacidad de preservar la cohesión de un proyecto político que, al convertirse en partido gobernante, enfrenta las complejidades propias del ejercicio del poder.
Pero existe otro fenómeno que merece atención. Como ha ocurrido históricamente en prácticamente todas las fuerzas políticas mexicanas, algunos gobernadores salientes parecen sucumbir a la tentación de construir sucesiones a modo. La idea de impulsar perfiles cercanos o garantizar una continuidad personal de sus proyectos sigue apareciendo como una constante en nuestra cultura política.
La experiencia demuestra que pocas apuestas resultan más riesgosas. Cuando la sucesión deja de responder a la legitimidad política y comienza a responder a intereses de grupo, las fracturas suelen aparecer más temprano que tarde. Ningún liderazgo es permanente y ningún gobernante debería confundirse respecto a la naturaleza temporal del poder.
Paradójicamente, quienes menos problemas han generado en este escenario son aquellos que menos espacios ocupan en los reflectores nacionales: la militancia de base.
Miles de mujeres y hombres que participaron en los años fundacionales del movimiento continúan viendo en Morena una herramienta democrática para ser escuchados. Son ciudadanos que caminaron comunidades, tocaron puertas y defendieron un proyecto político cuando todavía no era gobierno. Muchos de ellos observan hoy estos procesos internos con esperanza, pero también con preocupación.
La preocupación de terminar convirtiéndose en aquello contra lo que lucharon durante décadas.
Porque Morena nació como movimiento antes de convertirse en partido. Su fortaleza original radicó en la idea de abrir espacios de participación para sectores históricamente excluidos de las decisiones públicas. Esa identidad fue la que le permitió crecer, conectar con amplias mayorías y construir una legitimidad que transformó el mapa político nacional.
Por ello, la discusión actual trasciende la definición de candidaturas. Lo que está en juego es la capacidad de conservar la confianza de quienes hicieron posible el crecimiento del movimiento y evitar que la lógica burocrática del poder termine desplazando el espíritu participativo que le dio origen.
La ciencia política ha mostrado que los movimientos triunfantes enfrentan un dilema recurrente: cómo institucionalizar el poder sin perder el impulso social que les permitió alcanzarlo. Gobernar exige organización, reglas y estructuras; pero cuando esas estructuras terminan sustituyendo a la participación que las hizo posibles, comienza un proceso de desgaste silencioso que tarde o temprano erosiona la legitimidad construida durante años.
Toda fuerza política que alcanza una posición predominante corre el riesgo de creer que su permanencia está garantizada. La historia demuestra exactamente lo contrario. Los partidos no se debilitan únicamente por la eficacia de sus adversarios; con frecuencia comienzan a deteriorarse cuando dejan de escuchar a su propia base social, cuando la lealtad es reemplazada por la disciplina burocrática y cuando la representación cede terreno frente a la administración de intereses internos.
Por eso, la discusión que hoy vive Morena trasciende las 17 gubernaturas en disputa. Lo que realmente se encuentra a prueba es la capacidad de un movimiento para demostrar que puede ejercer el poder sin reproducir las prácticas que durante décadas cuestionó.
Al final, la verdadera disputa no ocurre entre aspirantes ni entre corrientes internas. Ocurre entre dos formas de entender el poder: como un instrumento temporal para transformar la realidad o como un espacio permanente para administrarse a sí mismo. Los movimientos que olvidan esta diferencia terminan convirtiéndose en aquello que alguna vez prometieron cambiar.
