La impunidad en hechos de violencia atribuidos al sindicato minero El Frente ha envalentonado a sus integrantes para emprender acciones como la protesta realizada la semana pasada en el marco del Seminario Nacional “La voz de las comunidades, los trabajadores y la academia frente a la Reunión Internacional de Minería (RIM)”, afirmó Efraín Arteaga Domínguez, quien además no descartó que el Gobierno estatal hubiera alentado la movilización para obstaculizar la realización del encuentro.
El caso de Juventino Flores Salas, trabajador de la mina San Martín de Sombrerete, quien, según relató, murió en 2009 tras ser agredido a batazos durante un conflicto relacionado con la huelga de esa unidad minera, fue recordado por el académico para explicar por qué el sindicato de Carlos Pavón opera, a su juicio, sin temor a consecuencias legales.
Calificó además la obstrucción al libre tránsito de Napoleón Gómez Urrutia —a quien ese sindicato impidió, en 2021, presentar un libro en el Teatro Calderón— como una violación al artículo 11 constitucional, y subrayó que la organización de Pavón, desprendimiento del sindicato nacional que data de 1919, no llega a cinco secciones frente a las más de 80 del gremio que encabeza Gómez Urrutia.
Arteaga hizo estas declaraciones ayer en conferencia de prensa en el local de El Barzón Nacional, en el Centro Histórico de la capital, donde dio a conocer los resolutivos del seminario, realizado el 18 de junio en la Unidad Académica de Economía de la BUAZ como contrapropuesta a la RIM, que se celebra esta semana en Zacatecas con el respaldo del Gobierno estatal.
Los resolutivos se exponen en un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso de la Unión y a los gobiernos estatales, que plantea que la minería se ha vendido como un sector estratégico generador de riqueza y bienestar, cuando en los hechos esos beneficios sólo alcanzan a los empresarios e inversionistas dueños de las concesiones.
«Nos espantan diciendo que si les exigimos más a las empresas mineras extranjeras, capaz que se van; no pasa nada si las empresas se van», señaló Arteaga al mencionar que la minería aporta apenas alrededor del 1.5 por ciento del PIB nacional, en respuesta a declaraciones hechas un día antes por el gobernador David Monreal Ávila, quien recordó que las mineras han amenazado con abandonar el país ante mayores cargas regulatorias o fiscales.
Recordó el caso de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, cuando el mandatario revirtió el esquema de reparto de ingresos de las transnacionales petroleras y mineras, que pasaron de conservar 80 por ciento de los ingresos totales a quedarse con sólo 20 por ciento.
Entre los ocho puntos petitorios, el documento exige a la Suprema Corte resolver la acción de inconstitucionalidad pendiente contra la Ley de Minería de 2023, que el gobierno federal resuelva las huelgas de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y San Martín, Sombrerete, que el próximo 30 de julio cumplirán 19 años, a pesar de que la organización sindical ha ganado todos los laudos en los tribunales.
También demanda combatir la presencia de grupos criminales en regiones mineras y su uso por parte de empresas para intimidar a comunidades y trabajadores.
El documento recuerda los casos de desplazamiento forzado en Salaverna, Mazapil, y La Colorada, Chalchihuites. Como ejemplo de la desprotección de autoridades a las comunidades, Arteaga recordó que un exalcalde de Chalchihuites expidió una constancia en la que certificó que esa localidad nunca existió, documento que Plata Panamericana habría presentado ante el Tribunal Unitario Agrario de Guadalupe hacia 2016 o 2017, tras haber arrasado con las viviendas de la comunidad.
De los 24 principales municipios productores de oro, 14 superan el promedio nacional de pobreza, entre ellos Mazapil y Fresnillo; de los 30 municipios con mayor producción de plata, 23 presentan índices de pobreza por encima de la media nacional y concentran el 75 por ciento de la producción del metal, detalla el documento, que añade que la minería aporta apenas 0.62 por ciento del empleo nacional y que en Zacatecas el 70 por ciento de los puestos asociados al sector se cubre mediante outsourcing.
