La Secretaría de Hacienda autorizó el pasado viernes las reglas de operación para que la ampliación de 10 mil toneladas de frijol — establecida en mayo con un precio de 16 mil pesos por tonelada — se pague a los 27 mil pesos del precio de garantía, informó Fernando Galván Martínez, líder de productores de frijol, quien adelantó que a partir del lunes comenzarán a liberarse los pagos pendientes a productores que ya entregaron cosecha.
El pago al precio de garantía aplicará para todos los productores y no únicamente para quienes se manifestaron en la Plaza de Armas y el Congreso del Estado, precisó Galván, cuya organización tiene entre 40 y 50 productores sin cobrar, algunos pendientes de documentación y otros que ya tienen sus boletas. Las reglas, dijo, fueron enviadas a Hacienda por la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores. «Ahora sí ganó el campo zacatecano», celebró.
La autorización ocurre cuando el programa federal de acopio entra en su etapa final y después de meses de protestas, tomas de oficinas, acusaciones de coyotaje, señalamientos de uso político y exigencias para ampliar los volúmenes de compra.
Con las 10 mil toneladas adicionales, instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el acopio en Zacatecas alcanzará 106 mil toneladas — la meta inicial del ciclo era de 60 mil, se amplió a 80 mil y luego a 96 mil, según Alimentación para el Bienestar —, con lo que la entidad concentra más de la mitad de la compra nacional de frijol de la empresa del Estado.
El dirigente afirmó que el balance del programa no puede hacerse únicamente a partir de las críticas por las toneladas que quedaron fuera del acopio. Recordó que el año pasado se compraron alrededor de 60 mil toneladas y que este ciclo se superaron las 100 mil, cuando la obligación original de Alimentación para el Bienestar era adquirir cerca de 30 mil toneladas para abastecer las Tiendas del Bienestar.
«Se les pasó la mano por la exigencia, pero el conflicto es porque hubo mucho frijol, como nunca», dijo. Recordó que desde el gobierno de Amalia García el grano se pagó a 16 pesos y los coyotes lo compraban a 14, también en un año de gran cosecha.
Reconoció, sin embargo, distorsiones en el programa: «Se beneficiaron coyotes, se beneficiaron líderes, se beneficiaron pequeños productores, se beneficiaron funcionarios. Todos nos beneficiamos con ese programa». A él, relató, se le compró su frijol a 27 pesos en enero, cuando los centros de acopio operaban con normalidad, y llamó a denunciar a los coyotes que acopiaron.
Para el próximo ciclo planteó eliminar los contratos de arrendamiento utilizados para acceder al programa, verificar que los beneficiarios coincidan con el padrón de Producción para el Bienestar, fortalecer la vigilancia en los centros de acopio, desfogar las bodegas que permanecen llenas y remover a la mayoría de los jefes de centro: «Son los que tienen contacto con los coyotes». Advirtió que las correcciones deben hacerse desde ahora.
Galván también dirigió críticas a la gobernadora de Aguascalientes y al alcalde capitalino Miguel Varela, a quienes acusó de utilizar a productores zacatecanos con ofrecimientos de compra que no se concretaron. “No les compró ni un kilo de frijol y nomás los usaron a los campesinos”, dijo. En cambio, planteó abrir mercado con empresas compradoras nacionales como Verde Valle y El Alazán, señaladas por productores de aprovechar los bajos precios pagados en el campo.
«Por eso estamos exigiendo que saquen los granos básicos del T-MEC y de la bolsa de Chicago… por eso los coyotes lo compran a 8 pesos, porque en mi país el precio del frijol lo ponen Estados Unidos y Brasil», expresó.
Por separado, el titular de Secampo, Gerardo Cervantes Viramontes, dimensionó el esfuerzo presupuestal de la federación al señalar que al acopio de frijol en Zacatecas se destinó un monto similar al presupuesto anual de la UAZ.
El funcionario defendió el precio de garantía como un programa bien intencionado y dirigido a pequeños y medianos productores, pero admitió que en la práctica generó expectativas, ambición y conductas alejadas de su propósito original. Como ejemplo, señaló casos de familias donde padre, esposa e hijos buscaron ingresar frijol por separado, pese a que el tope inicial de 15 toneladas permitía a un solo productor obtener hasta 400 mil pesos.
Cervantes rechazó que el gobierno estuviera obligado a comprar toda la cosecha, estimada en más de 400 mil toneladas. “Eso es un error y eso es una aberración”, afirmó, al insistir en que ni la Federación ni el estado pueden acopiar el 100 por ciento de la producción.
Como productor, dijo que él mismo vendió parte de su frijol a 12 pesos antes de la apertura del programa, por falta de almacenamiento y anticipar el conflicto; aun así, consideró que los productores manifestantes han dejado fuera que los rendimientos de este ciclo fueron extraordinarios pues frente a los 300 o 500 kilos por hectárea de un ciclo normal, esta vez hubo parcelas de mil a mil 500 kilos.
El secretario recordó que el programa es federal y que la participación estatal se limitó a gestiones y a enviar personal para verificar que quienes ingresaban grano fueran productores, durante el acopio de las últimas toneladas. Aun así, reconoció que hubo fallas en los centros de acopio. “La gente del campo merece respeto”, dijo.
Para el siguiente ciclo propuso empadronar antes de la siembra, cruzar registros de Producción para el Bienestar, fertilizante y semilla de Sader, y crear una ley de equidad comercial que impida pagar cosechas por debajo del costo de producción, al considerar que ese costo “debe ser sagrado” porque representa el capital de trabajo.
